La Policía sospecha que miles de conductores de todo el país han estado pagando multas de tráfico para que algunos aprovechados de la empresa privada, y algún que otro servidor público, se embolsaran la correspondiente comisión y mordida a costa de su cartera. Eso es al menos lo que sospechan las fuerzas de seguridad del Estado que investigan la ‘Operación Enredadera’, una trama que consistía en la instalación de semáforos con foto y radares en ayuntamientos de toda España. En los últimos años la Justicia ha anulado varias multas impuestas mediante este tipo de procedimientos debido a la “inseguridad jurídica” que ocasionaban al conductor. Ahora además se sabe que el mecanismo no solo era irregular sino que alguien podría haber estado haciendo negocio en las administraciones públicas mediante el amaño de contratos con empresas encargadas de la instalación de los radares de tráfico.
Más de 60 personas detenidas en la ‘Operación Enredadera’, entre ellas varios jefes de Policía Local
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, asegura que este nuevo escándalo que podría salpicar a alcaldes, concejales y policías de consistorios de todo el país consistía en que determinadas empresas privadas ofrecían a los ayuntamientos una especie de pack para la regulación del tráfico en su ciudad compuesto por un sistema denominado foto-rojo (semáforo que obtiene fotografías de los coches infractores que se saltan la señal de prohibido) y radares de última generación. En el pack iban incluidos otros servicios, como la digitalización de las denuncias y los gastos judiciales ocasionados por los recursos de los automovilistas. “Lo mejor de la oferta es que no le costaba ni un duro al ayuntamiento porque lo pagaba todo el conductor infractor”, asegura Arnaldo, que lleva diez años denunciando el sistema fraudulento sin que nadie tome cartas en el asunto. Hasta cien sentencias declaran la irregularidad de ceder la potestad sancionadora de la seguridad vial en manos de empresas privadas. “Estos contratos con el barniz de legalidad apestaban, es un auténtico escándalo que oculta negocietes entre la administración y los amigos”, asegura.
La ‘Operación Enredadera’, que lleva la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), está recabando contratos y licitaciones de los ayuntamientos que han contratado con estas empresas desde el año 2010, en especial los relacionados con el departamento de Tráfico. Al menos ocho jefes de Policía Local han sido detenidos en el transcurso de la operación, en la que han participado más de 580 agentes.
Esta nueva operación contra la corrupción se lleva a cabo en ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Asturias y Castilla León y se prevén más de 60 detenciones. Además, varios consistorios municipales están siendo registrados en busca de contratos irregulares en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos. Detrás habría delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según Mario Arnaldo, las empresas firmaban con los alcaldes “contratos de gestión en los que se establecía una comisión por multa”. Para recaudar más se recurría al truco de acortar los tiempos de duración de los semáforos y así cazar a más conductores. Ello ha provocado que en algunas ciudades el número de multas se haya disparado, aumentando los beneficios de las supuestas comisiones. De modo que detrás de la instalación de estos sistemas no solo estaba el mejor funcionamiento del tráfico en la ciudad, sino el afán recaudatorio para que el beneficio empresarial fuera mayor. El portavoz de Automovilistas Europeos confía en que la UDEF pueda demostrar que se tejió una inmensa red de corruptelas alrededor de la seguridad vial, porque “debajo de la apariencia de legalidad de un contrato de gestión por servicio público algunos cobraban una comisión que oscilaba entre el 20 y el 60 por ciento de la multa”.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya ha revocado varias multas obtenidas mediante estos sistemas, una de ellas en el municipio de Catarroja (Valencia). La sentencia no admitió el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento valenciano que impuso una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos contra un conductor que en teoría se saltó un semáforo en rojo y fue cazado mediante este procedimiento. Miles de usuarios de toda España podrían haberse visto afectados por esta nueva trama de supuesta corrupción.
