Hace diez años Felipe Calderón llegó amplia y fuertemente cuestionado a la Presidencia de la República, y la primera acción importante de su gobierno consistió -imaginando, tal vez, que con ello se granjería legitimidad- en sacar, sin plazo de retorno, al ejército mexicano de los cuarteles y llevarlos a combatir al crimen organizado a las calles; contrariando con ello, la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

El resultado de la guerra contra el narco, como Calderón denominó a su embestida, ha sido terrible para el país: 121 mil 163 personas fueron asesinadas en México entre el 2007 y el 2012. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2015 (aún no hay cifras sobre el año que concluye), la estimación de muertes es de 64 mil 614 (https://goo.gl/bRT66b). La misma fuente proyecta un alza en el número de muertos para este año; lo cual, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sucedió (https://goo.gl/cYYTHb).

A este paso, el siguiente Presidente de México recibirá el país con una saldo de más de 300 mil muertos en 12 años. Si comparamos esta cifra con otros países en abierto conflicto armado podemos entender la magnitud del nuestro; para muestra, un botón: en Colombia en 52 años de guerra murieron 220 mil personas.

Ante la incapacidad del Estado para encontrar una solución constitucional y socialmente armónica, la salida lejos de cambiar, se orienta hacia el mismo sitio. Tomando aires más preocupantes.

Se trata de la capitulación civil ante el fuero militar; en un proceso que, en particular desde el año que termina y con miras a ser ejecutadas el año que está por comenzar, implica la aprobación de diversas disposiciones legales que tienen como finalidad dotar de un marco jurídico que regule la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La primera parte es la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, que regula el Estado de excepción o lo que es igual, la suspensión de los derechos humanos y sus garantías; lo cual puede ocurrir ante situaciones “que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones” (https://goo.gl/6X0YCo). Como puede observarse, en la frase existe suficiente margen de interpretación.

Contraviniendo la división de poderes y anunciando restricciones, ahora legales, a los derechos humanos -ya que éstos representan para las “fuerzas del orden” un obstáculo para la paz y seguridad de la nación-, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en México, hicieron amplias y fundadas observaciones al dictamen que está pendiente de ser aprobado por el pleno camaral cuando se reanuden los trabajos legislativos en febrero próximo (https://goo.gl/PVDHci).

Acompañando a la anterior, está el Mando Mixto Policial, que dejaría a los municipios del país sin control de sus policías para que éstas sean suplantadas por los gobiernos estatales, o, eventualmente, por el gobierno federal. Consiguiendo así una concentración de poder que rompe el pacto federal así como el principio de autonomía municipal. En resumen, la centralización del ejercicio de la violencia legítima del Estado en un país con 32 entidades federativas y 2 mil 440 municipios más 16 delegaciones políticas, en manos de un solo gobierno que lleva diez largos años demostrando, por decir lo menos, una gran ineficacia.

Sin hacer mucho ruido pero igualmente preocupante y poniendo su granito de arena en un entorno de inminente militarización, el Senado mexicano aprobó el dictamen que entrega el control de las capitanías y puertos marítimos a la Secretaría de Marina, con lo que mandó a la cancha de la Cámara de Diputados una parte más del engranaje que nos llevará, como ha mencionado el Senador Manuel Bartlett, “a vivir en un régimen militar”.

Pero ninguna de las anteriores iniciativas alcanzará plena eficacia sin la Ley de Seguridad Interior. A la que podría denominarse la madre de estas reformas. Con ella, el ejército cerraría el marco jurídico para permanecer en las calles ejerciendo labores de seguridad. Lo que en la practica lleva diez años sucediendo de manera ilegal, pretenden ahora legalizarlo.

Algo sumamente peligroso si se hace un simple barrido de la peligrosidad del ejército mexicano durante este periodo:

Apenas comenzaban las labores policiales del ejército, el 26 de febrero del 2007, cuando la anciana Ernestina Ascencio Rosario murió después de una violación producida por militares, según denunciaron sus familiares. Al hecho se le dio un manejo que terminó por enterrar “legalmente” las investigaciones con una declaración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) diciendo que murió por una gastritis no atendida.

Desde entonces existe una larga lista de muertes civiles inocentes en retenes militares, en refriegas entre narcotraficantes y militares, desapariciones o ejecuciones sumarias a manos de las fuerzas armadas. Muchas, documentadas por organismos de la sociedad civil o por medios de comunicación en distintos momentos y lugares del país; particularmente, en aquéllos estados en donde la presencia militar es más activa.

El Informe Mundial 2016 de Human Rights Watch comienza con este párrafo en su apartado sobre México:

“Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aun en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México”.

Para ejemplificar con el caso más atroz, tenemos la desaparición, aún sin resolver, de 43 estudiantes –hijos de campesinos- en la ciudad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Las versiones oficiales parecen estar encaminadas a desorientar sobre la contundente participación militar en los actos ocurridos hace ya más de dos años; en los cuales, las autoridades mexicanas han impedido revisiones al 27 Batallón de Infantería; interrogatorios a los elementos que participaron ése día en los diversos momentos que condujeron a la desaparición de los estudiantes; expulsión del país después de una campaña de difamación mediática del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes refutaron y denunciaron las inverosímiles versiones del gobierno mexicano; así como un largo etcétera muy bien documentado por la periodista Anabel Hernández en “La verdadera noche de Iguala” (Grijalbo, 2016).

La reciente prisa, tanto del ejército como del supuesto mando civil que éste tiene en el Presidente para que el poder legislativo vote las iniciativas presentadas, aún conociendo los tristes antecedentes que marcan una pincelada de la crisis humanitaria que en México se profundizaría, eleva las sospechas sobre la capitulación que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho ante el ejército mexicano.

Lo anterior es tremendamente alarmante, sobre todo si se considera que estamos a un año del inicio del proceso electoral de 2018, en donde el candidato puntero en todas las encuestas ha mencionado que de ganar implementará acciones distintas para el combate al crimen.

Y, siendo México, uno de los pocos países de occidente sin civiles dirigiendo al ejército; en donde el mando está fraccionado en dos secretarías, de marina y de las fuerzas armadas; las cuales han exigido la regularización de su actuar, con lo cual, asumen la irregularidad del mismo.

Sumado a que el único representante del poder civil por encima de los secretarios, el presidente Enrique Peña Nieto, atraviesa la peor crisis de gobernabilidad y legitimidad entre la sociedad que haya tenido un mandatario en la historia contemporánea, podemos afirmar que México está rindiéndose en su carácter democrático ante un poder armado interno, cuyas pretensiones y durabilidad en sus quehaceres, desconocemos.

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Conferencista, participante y delegado en múltiples eventos internacionales en Azerbaiyán, Francia, Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Perú y Brasil. Escribo en Milenio Diario y asesoré a los secretarios de gobierno de Puebla y de la Ciudad de México. Soy el único mexicano que ha presidido la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, en su apartado juvenil (COPPPAL-Juvenil). Egresé de la Facultad de Derecho de la UNAM y me he especializado en derecho electoral. A los 27 años competí por una diputación local en Puebla. Actualmente estoy convencido de la regeneración nacional en MORENA, y trabajo para ello, en Huauchinango, Puebla, donde nací.

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