Mientras un nuevo trasvase de agua de 38 hm3 circulaba por el canal, desde el Tajo hasta el Segura, el municipio de Chillarón del Rey, situado a pocos kilómetros de Entrepeñas y Buendía, ponía cisternas (a 500 euros cada una) a disposición de sus vecinos para el abastecimiento. El 80% de ese agua se dedica a regadío en el levante, y esa es una de las denuncias principales de los colectivos que rechazan el trasvase y sus reglas de explotación, introducidas de rondón en varias leyes para dejar inaplicable el plan hidrológico del Tajo: se salta la prioridad de usos que se marca en la Ley de Aguas de 2001 (art 60.3).

Además, mientras el agua circula desde un río al otro, los gobiernos de Murcia y Castilla-La Mancha han hecho su aparición veraniega enarbolando sendos pactos regionales negociados con sus respectivos tejidos sociales (en ambos casos predominantemente regantes) donde cada uno dice defender los intereses de su región, cual guerra que debiera tener ganadores y perdedores.

Esta escena estival, repetida durante años desde que el trasvase se puso en funcionamiento allá por 1979, refleja uno de los grandes retos que deparan a cualquier gobierno español en relación con el agua y en un escenario de cambio climático donde ya no solo vale pensar en la sensibilización de la población en cuanto a la restricción a un uso sostenible: hay que pensar en la adaptación a un futuro que, hoy por hoy, se manifiesta incierto dado que la producción global de gases de efecto invernadero que lo provocan sigue en aumento.

Así, mientras que por una parte la ONU ya indicó que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano incluido en los ODS que hay que garantizar a la población mundial (y a la local); por otro, en esta España cañí, desde los años de Carlos I se viene diseñando una política hídrica productivista que contabiliza cada uno de los metros cúbicos de agua y los reparte para la mayor producción económica posible (riego; navegación y transporte, energía eléctrica; industrias pesadas; etc.) sin estimar el uso ecosistémico y ambiental como parte de las ganancias. Y en ese mercadeo del agua, el suministro a la población no da beneficios… ¿O tal vez sí?

Entre los nuevos beneficiarios de la mercantilización creciente del agua han aparecido en las últimas décadas las antiguas corporaciones de la construcción, que se fueron reorientando al sector servicios. La caída del ladrillo sólo cambió el objeto de venta en unos ayuntamientos infrafinanciados desde el principio de la democracia: del suelo se pasó a los servicios, y con un premio especial al del agua a través del canon concesional. Así, los grandes grupos empresariales vieron un filón en un sector con clientes cautivos y se dispusieron a explotarlo convirtiéndose en un lobby más, que puja por su parte alícuota del pastel. Y en este verano en que sigue trasegando agua del Tajo al Segura, también se mueve el “mercado” del abastecimiento urbano.

A pesar de que la ciudadanía europea logró una victoria en 2013 alcanzando casi 2 millones de firmas para una iniciativa legislativa europea que regulara el derecho humano al agua con la propuesta Right to water (https://www.right2water.eu/), a la Comisión Europea le tembló el pulso y la revisión de la Directiva sobre agua potable no incluyó el concepto de derecho humano que la ONU definió en 2010. Es posible que en ello tenga que ver el creciente lobby de los operadores privados del agua en Europa (del que apenas se tiene información). Lo que es seguro es que el aún nuevo Gobierno español tampoco ha sido excesivamente exigente con la inclusión del concepto en el texto durante el debate en el último Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrado el pasado 25 de junio, a pesar de los requerimientos de la Federación Europea de Servicios Públicos (https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Luis%20Planas%20-%20Spain.pdf).

Aunque estamos cerca de una victoria en Andalucía, donde el consejero de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio anunció el pasado 20 de julio la futura introducción en la Ley autonómica de Agua del derecho humano y que en el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua Urbana se fijará un suministro mínimo vital de 100 litros por persona y día, no hay que perder de vista el gran esfuerzo que ha supuesto lograrlo. Desde el primer borrador que salió a la luz pública a principios de junio, que consideraba sólo 50 litros por persona y día, y no hablaba del derecho humano, colectivos sociales y ambientales, en trabajo conjunto con FACUA o AEOPAS, y concejales y alcaldes de Izquierda Unida en toda Andalucía que ya han regulado cosas similares en sus respectivos ayuntamientos y mancomunidades en las que intervienen, no han parado de moverse hasta conseguir un logro que finalmente se ha apuntado el PSOE andaluz. Y aunque quedar por debajo de lo que de facto ya está regulado en muchas empresas públicas del agua significaba quedar muy mal, es importante resaltar que el borrador inicial, trabajado desde la Consejería junto a operadores privados, trató de soslayar esa realidad que la ciudadanía andaluza ya había conquistado.

Así las cosas, con avances muy peleados, privatizaciones aquí y allá, o dificultades en las lícitas remunicipalizaciones abordadas, mientras nos preocupamos por dónde se va el agua para regar, el verano se llena de anuncios que nos indican por dónde va la película. Es curioso encender la tele y ver al tipo de Acuaservice, muy guapo él, llevándote el agua a casa como si no tuviéramos grifo y como si el plástico de las garrafas no estuviera ya en el punto de mira de la política de economía circular europea. Mientras los operadores públicos se dejan los sesos y los pocos recursos en creativas campañas progrifo, la comunicación institucional de algunos operadores privados como Aqualia se esfuerza en demostrar que ellos no forman parte de la privatización del agua, sino que son gestores indirectos para los ayuntamientos, que son los responsables reales.

Como concejal responsable del abastecimiento y saneamiento de un Ayuntamiento con el agua privatizada desde 1995, les podría dar muchas contra argumentaciones a sus falacias, como también lo podría hacer María Sánchez tras la recuperación de la gestión directa del servicio en el Ayuntamiento de Valladolid, después de varios recursos ganados a la anterior concesionaria que no quería permitir que el consistorio decidiera, en posesión de sus competencias, cómo gestionar el agua.

En resumidas cuentas, un reto integral y estratégico que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez debe abordar de manera decidida y certera para establecer buenas líneas de futuro, en el que las alianzas con la izquierda social y ecologista debería ser el camino y no el obstáculo.

No, está claro que en las siguientes elecciones no nos vale cualquier cosa. Eso se debería ir trabajando, también en el agua.

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