Se embarca con otros hombres en una patera. La brisa es cálida pero todo está húmedo porque el agua los rodea y su vida, a tan corta edad, es un tambaleo constante, como el de las olas que mecen la barqueta desarraigada. Desde que cerró la puerta de su casa en Camerún, ya ha recorrido casi 4000 kilómetros en busca de la felicidad.

Lo tomaron como menor, pero se arrepintieron. Y de un día para otro decidieron que ya era mayor de edad. Su destino, igual que el de otros menores indocumentados, es los Centros de Internamiento de Extranjeros (CEI), eufemismo de cárcel para inmigrantes pobres. Porque créanme, esta no es una cuestión de racismo, es una cuestión de pobreza. La historia cambiaría mucho si los que arribaran las costas españolas fueran gente de dinero.

El menor camerunés, A.B., de 15 años de edad entró en España en abril de 2016, tras pasar 5 meses en el CEI de Ceuta. Ingresó en el sistema de protección de menores y se le diagnosticó tuberculosis y otras enfermedades. A pesar de tener acreditada su minoría de edad, la Fiscalía le declaró mayor por negarse a hacerse una radiografía de la muñeca.

El Gobierno de España ha sido denunciado por no respetar los derechos de los menores inmigrantes, por parte de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). El mes pasado la Fundación Raíces, Amnistía Internacional, el Consejo General de la Abogacía Española, Noves Vies, la Plataforma de Infancia, Save the Children y el Servicio Jesuita a Migrantes pidieron al Gobierno de Rajoy que cumpliera inmediatamente con las medidas solicitadas por Naciones Unidas, de proteger al menos a siete menores, cuyo casos fueron denunciados.

No solo hay menores en centros de detención esperando ser repatriados, los hay también viviendo en la calle, sufriendo diversas enfermedades sin protección por cuestiones de la Administración, por ser considerados por esta, mayores de edad. El CIJ recuerda al Gobierno que con esta actitud está violando las obligaciones internacionales a las que voluntariamente se comprometió mediante los tratados.

El derecho de los menores implica que han de recibir protección en caso de que no hayan alcanzado la mayoría de edad y aunque existe la más mínima duda, se les tiene que tratar como niños. Según la Convención de los derechos del niño, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Hablamos de los casos de siete posibles menores inmigrantes que ha tenido tanto eco en los medios. Cuatro de ellos fueron a parar a un CIE, a dos de ellos se les exigió la prueba de identificación de menores y al último se le impidió solicitar asilo por carecer de tutor. Lourdes Reyzábal, la presidenta de la Fundación Raíces afirma que “el Gobierno no cree la documentación de los menores que van solos, de los acompañados sí”.

A.B representa a todos los niños perdidos en mares de documentos inservibles. De trabas en países que ni los propios ciudadanos conocen, de un intento de sortear trabas administrativas que reflejan una sociedad enferma que no sabe enfrentar sus propios problemas y cumplir con lo que prometió con una apretón de manos entre gobiernos de países con voluntad de respeto por la vida.

A.B fue declarado por la Fiscalía como mayor edad por negarse a hacerse una radiografía de la muñeca, y con esa resolución su tutor legal le abandonó en la calle, cesando su tutela.

Muchos otros llegarán. Es hora de que el Gobierno y nosotros como sociedad, nos atengamos a lo que hemos firmado en relación a la protección de los menores y este tipo de historias nunca más se vuelvan a contar. 

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