En su nombramiento intervienen los tres poderes del Estado: es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por parte de la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Su cargo suele tener una duración máxima de cuatro años (salvo cuando haya estado menos de dos años y se le proponga de nuevo), y cesa con el Gobierno que le ha propuesto ante el Rey.
Se le presupone independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, que fundamentalmente consisten en promover ante los Tribunales aquellas cuestiones que el Gobierno le solicite cuando esté en riesgo el interés público. Para resolver sobre la viabilidad de tal petición el Fiscal General del Estado deberá consultar previamente a la Junta de Fiscales de Sala.
José Manuel Maza nació en Madrid hace 65 años, licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense, comenzó su carrera judicial en 1975, siendo número uno de la promoción en 1978. Ejerció el Derecho como abogado hasta el año 1984, momento en el que comenzó su carrera como juez en Madrid hasta que fue nombrado Presidente de la Audiencia Provincial cuatro años después. Se incorporó al Tribunal Supremo como magistrado de la Sala de lo Penal en 2002 –ocupando la plaza del magistrado Prego– y en 2011 ganó su plaza como titular. Ex portavoz de la Unión Judicial Independiente (asociación de jueces de talante liberal, minoritaria en la judicatura) acaba de ser nombrado Fiscal General del Estado para sorpresa de quienes daban por hecho que continuaría siéndolo Consuelo Madrigal, la primera mujer –y única hasta la fecha– que ha ostentado tal responsabilidad.
se opuso a que el Supremo aprobase la denominada “Doctrina Botín”
En 2007 se opuso a que el Supremo aprobase la denominada “Doctrina Botín” gracias a la cual, el banquero consiguió no ser procesado.
Y en esta línea, se ha hecho conocido por posturas que fueron sonadas, como su voto particular contra la sentencia absolutoria de Baltasar Garzón en el juicio contra los crímenes del franquismo, donde además de manifestar no estar de acuerdo con esta postura, añadía que Garzón debería ser condenado por prevaricación. También fue su único voto el que se manifestó a favor de abrir el proceso contra Carlos Dívar, quien fuera Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, querellado por malversación.
Iglesias, Errejón y los macroprostíbulos
Entre sus últimas actuaciones, igualmente destacada en los medios, fue su ponencia sobre el archivo de la querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, mediante la cual se les acusaba de haber sido beneficiarios de subvenciones procedentes de los gobiernos de Irán y Venezuela (rechazada su admisión a trámite por el Supremo en dos ocasiones).
Hasta ahora ha sido el ponente de la admisión a trámite de la querella contra el ya ex ministro Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso en el conocido escándalo de las escuchas que presuntamente mostraban sus maquinaciones contra líderes soberanistas catalanes.
fue denunciado por la incompatibilidad ética que suponían sus trabajos extrajudiciales
Pero sin duda, una de las sentencias que más malestar ha causado fue dictada en 2015, relativa a los macroprostíbulos de Castelldefels, Barcelona, Riviera y Saratoga, donde fueron absueltos 15 de los 20 condenados por la Audiencia Provincial, policías que estaban acusados de avisar a los dueños de los locales de las inspecciones que les iban a ser realizadas, así como de aceptar sobornos y dejar de cumplir con su función de vigilancia y denuncia.
Entre los años 2012 y 2014 fue denunciado por juristas de reconocido prestigio ante el Consejo General del Poder Judicial (Presidido entonces por Carlos Dívar) por la incompatibilidad ética que suponían sus trabajos extrajudiciales: conferencias y docencia para distintas fundaciones y empresas (Caja7, Centro de Formación Datadiar, Schola Iuris o Ingefor Consultores). A fecha de hoy no se ha respondido a esta reclamación, contraviniendo las obligaciones que la Ley Orgánica 4/2001 establece para el CGPJ.
Pero su nombramiento no ha sido polémico solamente por su trayectoria. Rafael Catalá, ministro de Justicia, manifestó recientemente que su intención era la de apoyar a Madrigal, la anterior Fiscal General. En este sentido, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado ayer al Gobierno del Partido Popular la falta de respeto hacia la anterior Fiscal General del Estado después de que el ejecutivo hubiera hecho pública la intención de revalidarla.
Es curioso como una figura jurídica que defiende los intereses del estado encuentra vinculado su puesto a la duración del gobierno que lo nombra. De verdad una persona puede ser independiente de quién lo nombra? En mi humilde opinión, lo veo complicado.
Luego nos espantamos cuando escuchamos al Fiscal del Estado afirmando que «Hacienda no somos todos, sólo es un eslogan». Señoras y señores, que intereses son los que defienden?