En una sesión parlamentaria los Barrancos de Güímar fueron objeto de debate, pendiente de cumplimiento la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife, condenando a cuatro areneros sin escrúpulos, a la restauración de 22 millones de metros cúbicos en el caso Áridos.

El municipio de Güímar posee los áridos de mejor calidad en el Archipiélago. Durante treinta años esta zona ha sido expoliada de manera negligente, y como agravante, sin permisos ni licencias de explotación minera en miles de metros cúbicos de áridos extraídos. Por ello, las cientos de toneladas fruto de la extracción a diario, contabilizando hasta 1.000 camiones por jornada según habitantes de esta localidad, esquilmaron el área de los Barrancos, sin control concreto alguno por las administraciones, aunque en algunos momentos de este proceso firmaran “decálogo” de intenciones para proteger la zona a solicitud de los vecinos afectados que pedían suspender estas extracciones. Era la época de la burbuja inmobiliaria, en Tenerife no se cuestionaba a los empresarios del ladrillo. Durante tres décadas desangraron a la Tierra a conciencia.

Uno de los areneros condenados cumple prisión, los otros tres areneros se declararon culpables, evitando cumplir un año y tres meses de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, pero sentenciados a inhabilitación para ejercer actividades mineras durante más de un año, y condenados a la restauración del equilibrio ecológico, estimado en 220 millones de euros, sin perjuicio de otros 200 millones de euros que solicita el Ayuntamiento de Güímar por responsabilidad civil. Las administraciones deben realizar un plan de restauración. Esta es la madre del cordero. Las instituciones que de manera tácita no se opusieron a semejante atentado contra la naturaleza, ahora han de diseñar la ejecución del cumplimiento de la sentencia. Han de cooperar activamente en la restauración.

El Cabildo de Tenerife a iniciativa conjunta del Grupo de Gobierno CC-PSOE elaboraron una Proposición de Ley, aprobada por unanimidad en esta corporación insular por un una moción de Podemos para resolver este desastre medioambiental, que instó a todos los grupos políticos al principio de la legislatura 2015 para llevar esta Ley al Parlamento de Canarias, que había decaído desde el mandato insular anterior. Podemos rescató este proyecto legal y el Grupo de Gobierno insular (CC-PSOE) se subió al carro político en un pleno.

El texto legislativo como objeto resolver esta debacle ecológica propuesto por el Cabildo, se debatió en el Parlamento de Canarias en el último pleno. Es un contra-reloj al faltar unos meses para finiquitar el plazo de ejecución de la sentencia el 31 de enero de 2018, fijado en dos años para los areneros para restaurar el desequilibrio ecológico. Antonio Plasencia (empresario encartado en el Caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia han de pagar los crímenes contra la Madre-Tierra, son los condenados por la sentencia.

El Parlamento denegó por mayoría la Ley propuesta por el Cabildo de Tenerife. La oposición política se unió, creando un frente común el PP-PSOE-NC-PODEMOS con la abstención de ASG (Agrupación Socialista Gomera) contra CC en el Gobierno. 37 votos en contra de la Ley, 17 a favor, 2 abstenciones. No hubo acuerdo. Perdió el Gobierno canario en minoría con el liderazgo del Presidente Fernando Clavijo (CC), que a la hora del debate se encontraba firmando los Presupuestos con Rajoy. El Presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), estaba visiblemente contrariado por esta derrota política, junto al Consejero socialista Miguel Ángel Pérez, responsable de Política Territorial que declaró “un sabor agridulce al conocer que el Parlamento no respalda esta Ley”. El Cabildo se quedó descompuesto y sin salida legal de momento en el drama de la restauración, al no estar aún prohibida la extracción en los terrenos afectados.

La diputada de Podemos esgrimió el peso de la sentencia contra los areneros, recordando “la conducta de los condenados con índices de criminalidad”, argumentando para votar en contra de esta Proposición de Ley del Cabildo, el tener visos de inconstitucionalidad. La propuesta de restauración de la zona del caso Áridos según el Cabildo, podría ascender a un presupuesto 360 millones de euros, que tendría que sufragar el Gobierno de Canarias, explicó Podemos, recordando que esta Ley ya fracasó en la anterior legislatura resultando bloqueada. Podemos en el Parlamento votó en contra de la postura de Podemos en el Cabildo de Tenerife.

En este punto, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, se negó en rotundo a respaldar esta Ley llamando ambiciosos a los areneros, impidiendo que sea el Gobierno el que pague 360 millones de euros por la restauración de los terrenos, apuntando a “detrás de esta Ley podría haber una maniobra para apoyar a los que deben pagar la sentencia, sería como poner el Estado de Derecho al servicio de la ambición de los condenados”.

Mientras el PSOE con Gustavo Matos, le recordó a CC que el Gobierno está solo, votando el PSOE en el Parlamento contra el PSOE del Cabildo. “Parece que han convertido los Barrancos de Güímar en una finca particular de cuatro personas, con 270.000 metros cuadrados afectados en el mayor desastre ambiental de la historia de Canarias”, apostilló Matos.

 

El PP entre dos aguas, al tener a su alcaldesa Luisa Castro (PP) en Güímar, pero votando en contra de CC en la Cámara. La bicefalia política del PP bloqueando esta Ley en el Parlamento, contra la solicitud de Castro para poder construir espacios turísticos para “regenerar” este espacio destrozado.

La sensatez de José Miguel Ruano (CC-PNC) propuso un estudio en profundidad de la sentencia del Caso Áridos, y el compromiso del Ejecutivo para cumplir este precepto jurídico. Ruano castigó la ambigüedad del PP en la Cámara, y subrayó “si se lee la sentencia destaca la conducta reprobable como la más grosera para los extractores de áridos que se burlaron de todos nosotros, y debe procederse a la restauración”.

Fue un auténtico despropósito político este pleno en el Parlamento. El Cabildo llevó un texto legislativo de rango inconstitucional según un informe jurídico del Gobierno de Canarias. Motivo “motivado”para votar en contra de esta Ley por parte de la oposición y aislar al Ejecutivo canario que sufrió una pérdida de poder muy importante. Los diputados de la oposición no quieren poner un céntimo de dinero público para restaurar el área perjudicada por la extracción ilegal. Todos coinciden en que paguen los condenados de su bolsillo este atentado ambiental. Por ello, al Presidente del Gobierno de Canarias, no le ha quedado más remedio que dirigirse nuevamente a la Audiencia Provincial con la pregunta de 360 millones de euros…”¿Y cómo ejecutamos la sentencia desde el Ejecutivo?”, decía Fernando Clavijo (CC).

El cambio de denominación del suelo dañado por la extracción, de uso minero a rústico, con carácter paisajístico, para cortar con la extracción como propone el Cabildo, podría desembolsar sendas indemnizaciones para los areneros, que “causalmente” son dueños y extractores de los terrenos…Aquí reside la cuadratura del círculo. Auto-lesión a unos terrenos que además de desgastar durante años, con unos agujeros en la tierra, que vistos desde el aire, permiten ver las consecuencias nefastas de tal acción, para acceder a indemnizaciones -pendientes aún de cuantificar- por extinguir el uso minero, que podrían compensar en parte la sentencia económica. Con la indemnización podrían pagar parte de la pena, o al menos este es el temor político que se defendió de fondo en el Parlamento. Con las extracciones ilegales se hicieron millonarios en la construcción. Negocio redondo.

Antonio Plasencia es un histórico de la construcción en Canarias. Se compró la playa de Las Teresitas junto a Ignacio González (ex-presidente del PP en Tenerife e imputado por presunta falsedad electoral con el partido CCN en las elecciones 2007). Plasencia y González revendieron la playa de Las Teresitas por el triple del precio que pagaron en 2001 al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esta compraventa tiene a estos dos empresarios a la espera de sentencia del mayor juicio por presunta corrupción en Canarias sobre este denominado pelotazo de libro. Plasencia manejó durante años los Áridos de Güímar con total impunidad, hasta que fue condenado por la Audiencia Provincial, la misma Audiencia que le juzga por Las Teresitas.

Las claves del proceso de la extracción de áridos las contiene la “Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar Saturnino García”. Esta Asociación constituída en 2007 a partir de la denuncia que inicia el Caso Áridos en 2005 con varios vecinos de Güímar junto al abogado Carlos Álvarez, ha denunciado durante años esta tropelía medioambiental, hasta que las canteras se fueron cerrando a través de estas denuncias por mandato judicial.

Saturnino García fue uno de los precursores de las quejas por las extracciones en los años 70-80, al que rinde memoria esta asociación tras su fallecimiento. Mientras algunos agricultores vendieron terrenos a bajo coste a los areneros, otros vecinos llegaron a encadenarse en las canteras para paralizar la extracción, y comenzaron a convocar ciudadanos, barrios e instituciones públicas dada la progresiva afectación de esta zona para alertar a la sociedad. La construcción en Tenerife con base a los áridos de Güímar representa 3/5 de lo edificado y ejecutado en obras públicas. Se han consumido el 80% de áridos de esta zona, abriendo unos hoyos en la tierra de 90 metros de profundidad, cuando lo normal son 20-30 metros de profundidad. Existen otras zonas en Tenerife para explotación de áridos, siendo una preocupación actual ante la recuperación del sector de la construcción, en el sentido de la continuidad con la extracciones en Güímar.

Un estudio epidemiológico de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias advierte del riesgo del elevado número de enfermedades respiratorias en Güímar, respecto al resto del Archipiélago. La polvareda en el terreno al realizarse la actividad arenera necesaria de paliar con tratamientos de riego, el remover la tierra perjudicando especies, el cauce del agua, el barranco, el entrono en general, hoy supone un lugar poco apto para ser habitado, según opinan algunos miembros de la asociación Saturnino García. Uno de sus fundadores, Fernando Sabaté, señala que “hubo un punto de inflexión en el año 2.000 cuando el Cabildo de Tenerife asume un compromiso de regulación de las extracciones, al no contar los areneros con todos los permisos pertinentes, controles que nunca se ejecutaron plenamente, y finalmente entre 2005 a 2008 se van cerrando canteras”.

En la actualidad, Fernando Sabaté, después de 10 años de reivindicación social para proteger los Barrancos de Güímar, desempeña el cargo de Consejero en la oposición política por Podemos en el Cabildo de Tenerife desde 2015, incorporando a esta institución el trabajo de la asociación Saturnino García y el respaldo político a los vecinos, en el pleno en el que se aprobó llevar la Proposición de Ley del Cabildo al Parlamento. Sabaté explica que “se realizó un estudio por el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Villar, a solicitud del Cabildo de Tenerife años atrás, dada la dificultad de modificar la calificación extractiva minera de los terrenos de los áridos, por la denominación de rústicos. Ni el Ayuntamiento de Güímar, ni el Cabildo de Tenerife, resolvían la modificación de la calificación minera, por miedo a tener que indemnizar a los areneros. La Ley de Minas es de las pocos textos antiguos en España en vigor al velar por el aprovechamiento de la riqueza minera del país. La explotación de los Barrancos de Güímar está amparada en esta Ley bajo el epígrafe de mineral estratégico”, aclara el Consejero.

“El Catedrático Francisco Villar propuso la modificación del terreno minero a suelo rústico de protección ambiental, para elevar su rango al amparo de la Constitución, con actividad agrícola, y un plan de restauración con todas las Administraciones, para proponer esta Ley al Parlamento, pero al bloquear esta propuesta en la Cámara, se ha perdido una gran oportunidad de resolver la restauración. Resulta curioso que sea la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, la que realice el informe jurídico “con advertencias de inconstitucionalidad” de esta Ley, cuando no impusieron sanciones a los areneros en su día”, apunta Fernando Sabaté (Podemos).

Otras claves técnicas-políticas en opinión de Fernando Sabaté influyen en el proceso de la restauración: “Los areneros tienen que ir a la cárcel si no restauran, la sentencia obliga a los condenados a una aportación económica y de conformidad con la restauración. La Propuesta de Ley del Cabildo data del año 2014, pero la Sentencia es de 2016, por tanto no se puede achacar que esta Ley es para exonerar a los empresarios. Las indemnizaciones mineras en todo caso serían en torno a un 15-30% de la explotación con 20-30 metros de profundidad. Los areneros condenados podrían pagar entregando sus propias canteras si no tuvieran liquidez económica”.

“La Audiencia Provincial estaba pendiente de la solución del Parlamento para ejecutar la sentencia, al tener la competencia las Administraciones para diseñar el plan de restauración por mandato judicial. Al no llegar a un acuerdo político en la Cámara, sigue en el aire la solución, y la asociación Saturnino García contempla con una gran desolación lo que sucede en la política, después de años de lucha social”, argumenta Sabaté.

En cuanto a algunas claves políticas señala el Consejero que “esta Proposición de Ley coincide con la crisis de la ruptura del Pacto de Gobierno CC-PSOE, sumándose guerras mediáticas con las informaciones sobre los áridos, contaminación política de la alcaldesa Luisa Castro (PP) en Güímar vendiendo proyectos inviables como campos de golf, hoteles, central geotérmica, reciclaje de neumáticos…La ambigüedad política de Carlos Alonso (CC), o el PP desmarcado en el Cabildo del Acuerdo Plenario para resolver la restauración. El remate es el uso político de esta Proposición de Ley sobre los áridos con su vinculación con la polémica Ley del Suelo por ser el Catedrático Villar, el padre de ambas leyes. Me preocupan los siguientes años cuando se acaben los áridos en Tenerife, ¿qué haremos después?”, apostilla Fernando Sábate con profunda tristeza.

 

Conclusión

Canarias es recurrente en empresarios que esquilman la tierra con la mirada “ciega” de algunos políticos en el poder y otros en la oposición. Ahora no vayan a lamentarse ni a llorar por los Barrancos de Güímar, cuando en treinta años ni un solo partido político detuvo este atentado medioambiental. El peor desastre ecológico de Canarias, que necesitará varias generaciones para recuperar el equilibrio robado en connivencia con la sociedad. Ni se lamenten los empresarios que actuaron a sabiendas sin licencia completa para estas salvajes extracciones. Por ello, lo construido por estos areneros-empresarios con estos áridos, debería ser sancionado y devaluado. No solo considero punible la extracción ilegal, sino el enriquecimiento indebido e ilícito a consecuencia de este delito ecológico.

 

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