En un momento donde la confianza en los gobiernos está bajo mínimos, para amplias capas de la población, es preciso reafirmar que desde la política se puede y se deben tomar decisiones para mejorar la vida de las personas. Se puede y se deben hacer políticas para ganar en igualdad, entre tanta codicia, derrotismo y desesperanza.

Un ejemplo lo hemos vivido estos días, con el anuncio de la Junta de Andalucía de aplicar, desde el próximo mes de septiembre, bonificaciones de hasta el 99 por ciento en el coste de la matrícula de la universidad a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del curso.

La medida, que será de aplicación tanto a los grados universitarios como a los masters, pretende en palabras de la Presidenta de Andalucía, Susana Díaz, “ir a un modelo universitario que premie el esfuerzo y brinde la igualdad con matrícula gratis para quien apruebe, y con un potente sistema de becas”. 

Que una presidenta de un gobierno autonómico diga que “en Andalucía apostamos por una universidad pública gratuita. Premiamos el esfuerzo de los que aprueban bonificando el 99 por ciento de su matrícula”, es una acción política que sirve para diferenciar el ruido de los hechos, en un escenario donde la política tiene poca credibilidad. Es una apuesta por la igualdad, que debe servir a los ciudadanos a la hora de decidir a quién dar su apoyo con su voto.

Para los que siempre plantean excusas economicistas a la igualdad, decirles que la estimación del coste económico de la decisión, por parte de la Junta de Andalucía, será de 29.000.000 €, un 2 por ciento del presupuesto total de las universidades andaluzas. Pero lo decisivo, es que puede favorecer a más de 30.000 alumnos andaluces. Y lo que es seguro, es que beneficiará a toda la sociedad, tanto andaluza como española.

Pero, llegados a este punto, surgen las preguntas. ¿Y los madrileños? ¿Y los vascos? ¿Y los catalanes? ¿Y los valencianos? En definitiva, ¿Y el resto de españoles? Se podría responder que libremente eligieron sus gobiernos autonómicos y que les pidan cuentas. Pero esa no es la cuestión hoy.

Con esta medida, se abre el camino hacia una mayor equidad educativa, tras los años de subidas de tasas universitarias impuestas por el Gobierno del PP. Además, durante la crisis. Pero va más allá, al plantear en el debate público y en la calle la gratuidad en el ciclo universitario. Algo que empieza en Andalucía, y que debe de extenderse a toda España.

¿Es razonable que a un estudiante que vaya a Cataluña le cueste estudiar un año de Medicina 2.372 euros, mientras en Madrid el mismo curso cuesta 1.693 euros, y en Castilla y León 1.815 euros, en Galicia 836 euros y en Andalucía 757 euros?

¿Es razonable que a un estudiante en Cataluña le cueste estudiar un año de Derecho 1.516 euros, mientras en Madrid cuesta 1.385 euros, en Asturias 1036 euros, en Andalucía 757 euros, y en Galicia 591 euros?

¿Es razonable que durante la crisis se hayan producido subidas de matrículas en la universidad, con ejemplos de incrementos de 1.084 euros en Ingeniería eléctrica en Cataluña, o 748 euros en Madrid?

¿Es razonable esta desigualdad territorial educativa entre españoles, que lleva a algunos estudiantes a no poder ir a la Universidad por motivos económicos?

La respuesta sensata, es que no es razonable y es preciso corregirlo. Por eso, es tan decisiva esta decisión en Andalucía, porque cambia la dirección de la política educativa llevada a cabo, en España, los últimos años. Y además, inicia un camino que, más pronto que tarde, seguirán otros gobiernos autonómicos y también el gobierno de la nación.

La UE tiene claro que “la educación y la formación han de desempeñar un papel crucial al abordar los numerosas desafíos socioeconómicos, demográficos, medioambientales y tecnológicos a los que han de enfrentarse Europa y sus ciudadanos ahora y en los próximos años”. Andalucía también. Ahora solo falta el resto de España.

 

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