Ni los 25 millones iniciales ni los 38 a que se han elevado últimamente. El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de 2014 advierte que en las obras de las desalinizadoras que gestionaba, Acuamed, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, se elevaron a 330 millones. El fraude empieza a ser de dimensiones descomunales.

El Tribunal de Cuentas ya alertó en 2014 que Acuamed había pagado hasta 330 millones de euros en sobrecostes. Los motivos de estos incrementos son idénticos a los que investigan en la Audiencia Nacional: contratos otorgados por encima de la licitación original, revisión de precios y pagos por liquidaciones. El informe del fiscalizador no sólo abarca mandatos del PP sino etapas en las que el presidente del Gobierno fue José Luis Rodríguez Zapatero, y las ministras responsables de la empresa pública, Cristina Narbona, Elena Salgado y Rosa Aguilar.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas deja claro que las desalinizadoras de Acuamed ya estaban bajo sospecha en épocas anteriores a la de Rajoy al frente del gobierno.

El Tribunal de Cuentas analiza las obras realizadas por la firma pública desde 2005. Tras efectuar dicho análisis recomendó poner en marcha medidas para minimizar las “desviaciones” de los presupuestos motivadas por los “errores y defectos” en los que se incurrían a la hora de planificar las inversiones.

El documento establece un sobrecoste de 30,8 millones de euros en la obra de la desaladora de Carboneras, en Almería. Su precio inicial pasó de 116 millones de euros a 147,3 millones por “modificaciones”, “revisión de precios”, “liquidaciones” y “defectos de planificación”.

El proyecto en la planta de El Atabal, en Málaga, también se incrementó otros 15 millones de euros por un “defecto de planificación”, mientras que la remodelación de la desaladora de Marbella costó 2,05 millones de euros más de lo previsto por otro “defecto” en la estimación de los costes de expropiación.

El contrato para la desaladora de Valdelentisco, en Cartagena, se adjudicó por 79,5 millones de euros, 7,2 millones por encima del precio inicial de licitación, a lo que se le sumó un modificado de otros 34,6 millones de euros y 10,1 millones más por la liquidación final.

Y así sigue describiendo sobrecostes el Tribunal de Cuentas. Las obras en la planta de Campello, en Alicante, contaban con un presupuesto de 53,6 millones de euros. El coste final se elevó a los 77,7 millones, es decir, 24,1 millones más.

La inversión en las obras de la desalinizadora para riego en Águilas. Murcia, aumentó un 41,2 por ciento después de realizar un modificado de 58,7 millones y una revisión de precios de 10,8 millones.

La desaladora del Campo de Dalías (Almería) sufrió un incremento del 44 por ciento respecto al coste de la inversión prevista, y el proyecto pasó de costar 166,7 millones de euros a 240,1 millones.

En algunos de estos sobrecostes sobre los presupuestos iniciales no se advierten irregularidades delictivas. De ahí que no fuesen incluidos en la cifra de fraude que maneja el juez instructor nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. No obstante, y tras descubrir las relaciones que mantenían los directivos de la empresa pública con las empresas adjudicatarias de las obras, en especial FCC y Acciona, todas las operaciones que aparecen en el informe del Tribunal de Cuentas están volviendo a ser examinadas. De ahí que se presuponga un fuerte incremento de las cantidades defraudadas

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