Foto Agustín Millán

El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado un real decreto con medidas urgentes contra la pobreza energética, que aliviará los efectos que está de la subida desbocada de la factura de la en el mercado mayorista. Entre estas medidas está la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, que se carga en la factura de la luz, y que pasará de un 7% a prácticamente cero.

Se prohíbe el corte del suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

Además, se amplían un 15% los límites de consumo a los que se puede aplicar los descuentos del 25% al 40% del bono social, que se va a ver incrementado con un bono de calefacción, una ayuda directa que se abonará a los beneficiarios del bono social eléctrico, en función de su grado de vulnerabilidad y las temperaturas de la zona en que vive para pagar gastos de calefacción, agua caliente y cocina.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno “mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética”.

También se incluye a las familias monoparentales entre las que tienen circunstancias especiales para que se les pueda aplicar el bono social pese a que tengan una mayor renta que la establecida en los diferentes tramos generales que hay, algo que hasta ahora sólo afectaba a víctimas de violencia doméstica, del terrorismo y personas con discapacidad.

El real decreto-ley de Medidas Urgentes hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.

Con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

En el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación.

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