Fernando Martínez-Maíllo, en la práctica el número tres del Partido Popular en su calidad de vicesecretario general de Organización, seguirá siendo investigado judicialmente en el Caso Caja España- Duero en el cual a los ex consejeros de la Entidad en 2009 se les imputa un delito de administración desleal. La Audiencia de León ha desestimado el recurso presentado por él y el resto de sus compañeros contra las diligencias previas abiertas en el juzgado nº 5 de León en las cuales se investigan las actuaciones de estos consejeros, y, más concretamente, la concesión de 76 millones de euros en créditos al empresario Santos Llamas de manera irregular.

En pleno desplome del sector inmobiliario español, empresas de Santos Llamas, presidente de Caja España, recibieron créditos millonarios de la misma entidad. Llamas era presidente de Construcciones Carriegos, administrador único de Construcciones Llamas Gil, y vocal del consejo de administración de Sotaban. Las tres sociedades se dedican al negocio inmobiliario. Y, según las cuentas de esas empresas, no sólo recibieron créditos de Caja España, sino que también los obtuvieron de Caja Duero. Ambas entidades acabaron fusionándose dando lugar al Banco Ceiss.

Santos Llamas estuvo presidiendo Caja España de 2006 a 2010. Durante su mandato, el Banco de España abrió una investigación en la cual se detectaron serias irregularidades. Ante la situación generada, Llamas tuvo que renunciar al cargo. Entre estas irregularidades destacan los créditos concedidos a sus empresas que al final fueron calificados como “dudosos”.

Pero la cosa no termina ahí. Tras las inspecciones llevadas a cabo, el Banco de España remitió un oficio a la entidad señalando que Santos Llamas “no podía pertenecer a los órganos de gobierno por ser un moroso con la entidad”. El Consejo de Administración compuesto por 17 miembros de los que quince están imputados en esta causa, –sólo se excluyó a Isabel Carrasco, presidenta de la diputación leonesa, asesinada, y al propio Llamas–, no hizo caso de las advertencias de la máxima autoridad monetaria. Es por ese motivo por el que se les acusa de un delito de administración fraudulenta.

Los imputados, ahora llamados oficialmente investigados, presentaron un recurso contra la apertura de las diligencias argumentando “falta de legitimación” por parte de la Fiscalía, “prescripción del delito” y nulidad de la diligencia de ordenación en la que se admite la personación de Izquierda Unida, que denunció junto a Ecologistas en Acción los hechos ante el juzgado, en el sumario.

La Audiencia de León ha sido contundente a la hora de rechazar el recurso. Reconoce la legitimación del fiscal para presentar la denuncia inicial, y en consecuencia, la pretensión de los apelantes para que se deje fuera a dicho órgano en la investigación del delito de que se trata “debe merecer un rechazo absoluto”, se señala en el auto. La Audiencia también advierte de la inexistencia de la prescripción del delito ya que “no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción alguna”.

La Audiencia critica seriamente las maniobras dilatorias de los imputados y ordena al juzgado nº 5 de León que prosiga con las diligencias y “llame a declarar a los investigados”. A Martínez- Maíllo no le quedará más remedio que declarar como tal.

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