Imaginen una situación en la cual el director de un periódico, de tirada nacional y con muy buenas relaciones con el poder, se presenta ante la presidenta de una Comunidad Autónoma para insinuarle que si no para de dar documentación a la Justicia emprenderán una campaña de acoso y derribo contra su gobierno. ¿Kafkiano? No. Es lo que supuestamente ha llevado a cabo el director de La Razón Francisco Marhuenda. Al menos así lo entiende el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que ha calificado de investigado (anteriormente imputado) al popular periodista y al presidente del medio Mauricio Casals. Serán investigados por los delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal. Mamporrero político. De dar mamporros, no de la profesión.

Todo ello se deriva de la pertenencia de un alto directivo del rotativo (poseedor de más del 26% de las acciones) y de Atresmedia al Canal de Isabel II durante los años de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El directivo ha sido detenido durante la Operación Lezo que se lleva desde la Audiencia Nacional y la UCO. Edmundo Rodríguez Sabino fue director de Inassa, una de las compañías que utilizó la empresa pública para expandirse y llevar a cabo operaciones empresariales en Latinoamérica. En defensa de uno de sus jefes, Marhuenda habría llevado a cabo una campaña de intimidación contra Cifuentes y Ángel Garrido mediante numerosas llamadas telefónicas y alguna que otra entrevista personal. Todos estos hechos se pusieron en conocimiento del juez Velasco que, en base a las pruebas que le constan, ha decidido empurar al periodista.

Del Partido Popular, televisivo y otras imputaciones

Marhuenda es mucho más conocido por sus presencias televisivas que por su pertenencia al Partido Popular, al cual se afilió en 1995. El mismo año en que obtuvo su acta de diputado en el Parlament de Cataluña. Poco tiempo duraría allí pues, tras la victoria del PP en las elecciones generales de 1996, Marhuenda fue nombrado jefe de gabinete del Ministerio de Administraciones Públicas que dirigía Mariano Rajoy. Posteriormente pasaría al Ministerio de Educación con Rajoy de la mano en 1999. Y también le acompañaría en 2000 cuando fue nombrado Ministro de la Presidencia. Pero en este caso sería nombrado director general de Relaciones con las Cortes. Parece ser que el excesivo trabajo que conllevaba ese cargo le llevó a abandonarlo en 2001 y volver a Cataluña.

Una vez abandonadas sus labores políticas directas, porque las indirectas nunca las ha abandonado, fue nombrado delegado de La Razón en Cataluña para pasar a ser su director en 2006. Sólo dos años después, en 2008, sería nombrado director del rotativo a nivel nacional. De ser defensor de Alejo Vidal Cuadras pasó a defender a Esperanza Aguirre en Madrid. Se hizo aguirrista hasta la médula como se puede comprobar con todas las defensas que ha hecho de su persona a pesar de estar rodeada de ranas corruptas. Y bien que se lo pagarían porque el Canal abonó 1,87 millones de euros de publicidad institucional.

Como bien le habían pagado, durante su época de jefe de gabinete de Rajoy, una venta que realizó de un fondo documental a la Universidad rey Juan Carlos, en cuyo consejo directivo estaba Gustavo Villapalos (anterior rector de la UCM y ex-consejero de Educación con Gallardón), por 111.000 euros (de 1999). Pero no fue lo único que obtuvo de la universidad pública madrileña, donde en la actualidad imparte clases, por cierto. Tal y como denunció el PSOE en su momento también le abonaron otras cantidades dando como suma total 192.000 euros (32 millones de pesetas de la época). De aquí, seguramente, le vendrá el odio que tiene a los socialistas y que transmite día a día en las televisiones patrias. Miembro del TDT Party parece que se ha extralimitado en sus funciones.

No es, tampoco la primera vez que es imputado Marhuenda. En 2011 y tras años de denuncias de los accionistas perjudicados lo fue por el juez Ruz en el caso Eurobank. Pascual Arxé, presidente del banco, habría expoliado los fondos del banco antes de que fuese intervenido por el banco de España. Para este expolio habría utilizado la colaboración de tres empresas Real Estate Acquisitions, Prevenrisk y Vitalia. En la primera de ellas era miembro del consejo de Administración Francisco Marhuenda y el hermano de Vicente Martínez Pujalte, el ex-diputado popular investigado por otras casusas, Jesús Roque Martínez Pujalte. Marhuenda declaró que sólo poseía cuatro o cinco acciones y que las vendió por cinco o seis euros a su salida de la misma.

Esta vez ha pinchado en hueso porque, al desconocer que estaban siendo escuchados por el juez Velasco, se ha descubierto la actitud mafiosa que han ejecutado. Algo que ha sido confirmado por los testigos de la Comunidad de Madrid a los que ha preguntado el propio juez según fuentes internas de la investigación. Ha querido defender a los suyos y atacar a los que están ahora, quienes por cierto han igualado los costes publicitarios, por una cuestión política y personal. Ya era patente en su mente que todo lo que hacía el PP con los casos de corrupción no eran más que casos individuales, pero siempre se ha plegado al poder. Como cuando echó a Esther Palomera por indicación de vicepresidencia, o ahora cuando ha atacado a Cristina Cifuentes.

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