Cuando Santiago Pedraz, titular del juzgado central penal nº 1 de la Audiencia Nacional, empezó a recibir la documentación que estaba recabando la UDEF sobre las actividades de Ausbanc, le llamaron la atención unos dípticos que anunciaban jornadas y foros judiciales organizados con dinero que luego se supo que procedían de la extorsión. Y se quedó boquiabierto cuando, al examinar la relación de participantes, vio los nombres de jueces que no trabajaban precisamente en pequeñas localidades. Todo lo contrario: jugaban en primera división y algunos en la Champions. De magistrados de Audiencia Provincial hasta vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Ese mismo día, Cristina Onega, periodista que había empezado haciendo información en la Audiencia Nacional para los telediarios, palideció cuando vio la cara de su jefe, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Como directora de comunicación, la había llamado a su despacho. Había que difundir un comunicado muy importante. A la prensa había que transmitir que “la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible”, según dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo empezaban a circular actas de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, como una del 16 de marzo firmada entre otros por Carlos Dívar, Margarita Robles y Manuel Almenar, cuyo acuerdo 60 decía textualmente: “conceder, con efectos retroactivos, a doña María José Rivas Velasco, magistrada con destino actual en el juzgado nº 4 de Primera Instancia de Granada, licencia por razón de estudios relacionados con la función judicial a disfrutar los días 11 y 12 de marzo de 2010 para asistir al Foro de la Justicia organizado por Ausbanc Consumo en Marbella”.

Fue entonces cuando Margarita Robles decidió huir de la judicatura por el escándalo que se avecinaba, presentándose con el PSOE a las elecciones generales, lo que fue aprovechado por Lesmes para expulsarla de la carrera judicial sin tan siquiera publicar su cese en el «Boletín Oficial del Estado».

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3 Comentarios

  1. Urge levantar la inamovilidad judicial y mandar el escalafón “in totum” a casa. Levantar un nuevo sistema judicial “zero based”. Durante la “Transición” no hubo depuración, y ahora, 80 años después, la infección ha devenido gangrena, ergo…

  2. Así es como se sube en el escalafón de jueces aquellos que se dejan untar van para arriba y los que se lo merecen de verdad se quedan abajo hay que empezar de cero todo otra vez.
    los jueces honrados que son la mayoría tienen que ponerse a trabajar para crear un sistema de justicia realmente justo dónde se premia a los jueces que de verdad se lo merezcan, ellos son los deben tener el poder para elegir a los Jueces de Primera División de esta misión deben de estar excluidos totalmente los partidos políticos y cualquier tipo de empresa multinacional que intente untar con cursitos con regalitos con cenitas.etc
    el conjunto de jueces son los que deben decidir quién va para arriba de verdad quién de sus compañeros es el más adecuado el más limpio el más justo y el más honrado para subir.

  3. El mayor fondo inmobiliario del mundo, Blackstone, ya opera en Vigo tras comprar carteras de hipotecas basura del banco BBVA, La Caixa y la gestora Quasar (Banco Popular). Este grupo inversor con sede en Nueva York realiza operaciones en España a través de dos servicers (gestoras) llamados Anticipa y Aliseda. A medida que las hipotecas tóxicas (impagadas) cambian de manos y pasan de los bancos a los grandes fondos de inversión, los propietarios desahuciados se encuentran con un nuevo dueño del ladrillo y nuevas condiciones.Uno de los primeros conflictos en el área de Vigo ha estallado en Tui, donde una abuela con invalidez, su hija y dos nietos luchan por conservar su contrato de alquiler social que Blackstone pretende romper o no renovar, según informa la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Tui-Vigo. La familia adeudada cuida en la misma vivienda a la abuela, que es una persona dependiente para todas las actividades de la vida diaria (DAVD). Una portavoz de la PAH de Vigo, Carlota Pérez, advierte: «Este problema pronto se extenderá a Vigo porque todos los bancos están vendiendo sus carteras hipotecarias a los fondos buitre». Un procurador de Vigo tiene constancia de litigios de Blackstone en la ciudad pero en los tribunales apenas conocen a este fondo.El conflicto entre la familia de Tui y el gigante inmobiliario comenzó hace unos meses. El matrimonio pidió un préstamo para un negocio y puso como aval su vivienda, que hipotecó con el Banco Popular. Al no poder pagar las cuotas, la entidad financiera ejecutó el desahucio pero la familia logró que le dejase seguir viviendo en su propia casa pagando un alquiler social. Sin embargo, todo el escenario cambió porque el Popular vendió dicho activo o propiedad al fondo Blackstone a precio de saldo. Este inversor norteamericano ya es la mayor inmobiliaria de Galicia. Según la PAH, ahora los neoyorquinos presionan para que la familia abandone la vivienda y amenaza con romper y no renovarle el contrato de alquiler social. «El banco vendió esta vivienda con alquiler social a un fondo buitre que ahora es el dueño de la deuda. Denunciamos el mobbing (acoso) que hacía día y noche a la familia. Lo denunciamos y paramos la presión pero sigue en sus trece de querer romper el contrato», afirma Adolfo Telmo, de la PAH. Carlota Pérez señala que «durante meses el fondo hizo mobbing inmobiliario llamando sin Frenamos esto pero el fondo insiste y amenaza con no renovar el alquiler social». La PAH está en negociaciones pero lo ve «difícil» y «no sabemos si les van a renovar» a la familia tudense.Hace solo unas semanas, la PAH logró frenar la ejecución del desahucio de una inquilina de Vigo con tres hijos menores cuyo piso alquilado pasó a manos de la gestora Divarian, ligada al fondo de inversión Cerberus, otro gigante inmobiliario. Al final, la Xunta pidió paralizar el desalojo y la moradora tiene un mes de plazo para buscar nuevo alojamiento.

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