Como se recogió en la grabación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, los conservadores se alegraban del posible nombramiento de Manuel Moix por su proximidad al Partido Popular. Aquellos que creen el Estado es suyo, o como se escucha en otra de las frases de las grabaciones González-Zaplana “si no controlas el aparato del Estado estás muerto”, son los vivos representantes de las fuerzas del mal que persisten en España. Son esas fuerzas que no permiten avanzar a España si no es al ritmo que marcan como se demuestra en la Operación Lezo. Moix ha sido uno de sus brazos armados siempre bordeando los límites de lo que marca la Ley para salvaguardar las espaldas de estas personas como se verá.

En declaraciones a Pepa Bueno en la Cadena SER, el fiscal Moix ha negado las filtraciones desde su departamento a los investigados de la Operación Lezo y su posible amistad y vinculación con Ignacio González: “Esa persona que consideraba que mi nombramiento le iba a favorecer, resulta que yo he ordenado su prisión”. Sin embargo, ha cometido el lapsus mental de sus intentos de que no se registrase, como ordenaba el juez, la casa de González y alguna que otra empresa vinculada a INASSA. Sólo recuerda una conversación en la que se decía que él era un tipo serio y bueno. En sus 12 años como fiscal del TSJM seguramente haya tenido tiempo de tener una relación algo más que “institucional”, como ha declarado, con los investigados y detenidos. Porque son muchas las paralizaciones de juicios que ha intentado siempre que estaban en juego intereses del PP.

Desde que obtuvo su oposición como secretario técnico de la fiscalía de Ciudad Real su carrera ha sido gris allí por donde pasó. Hasta que, gracias a sus amistades con dirigentes aznaristas y por, según cuentan a Diario 16, pertenecer al Opus Dei, Ángel Acebes le nombró en 2001 fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía del Estado con otro opusdeísta como Jesús Cardenal. En 2003, José María Michavila, que aparece muy vinculado por sus negocios personales a la Operación Lezo como se ha informado en Diario 16, le nombra Fiscal Jefe de Madrid. Permanece hasta 2015 en ese puesto haciendo y deshaciendo en favor del PP hasta junio de 2015 cuando Rafael Catalá le nombra Fiscal de la fiscalía del Tribunal Supremo. Siempre promovido por las fuerzas del mal del PP.

Su nombramiento como Fiscal Anticorrupción estuvo envuelto en un gran escándalo porque, de los aspirantes, era el único que carecía de una mínima experiencia en Anticorrupción. Como se recordará Consuelo Madrigal fue cesada como Fiscal General al oponerse a nombramientos como el de Moix que le solicitaba el gobierno. Catalá, Rajoy y Cospedal intentaban copar la cúpula judicial para que los numerosos casos de corrupción no les salpicasen. La fiscal general fue cesada y se puso a alguien más afín y más condescendiente con los deseos del Gobierno, José Manuel Maza. Rápidamente, como ya se contó en estas páginas, Maza se puso manos a la obra destituyendo a todos aquellos fiscales que estaban siendo molestos al Gobierno y sus satélites regionales. Así Maza destituyó a las fiscales de Murcia que querían acusar a Pedro Antonio Sánchez o al fiscal del caso Auditorio.

El caso es que Manuel Moix fue elegido frente a Alejandro Luzón (que llevó los casos Bankia, tarjetas black o fondos reservados); Belén Sánchez (fiscal del saqueo de Marbella); Antonio Romeral (papeles de Bárcenas); José Miguel Alonso (caso SGAE) o María Teresa Gálvez (caso Púnica). Como se puede observar fiscales con mucha mayor experiencia en la materia, pero menos “amigos” de las fuerzas del mal del PP.

Las ayudas al PP desde su cargo de Fiscal

Los intentos de dificultar la investigación de la Operación Lezo no son las primeras ayudas que Moix ha prestado al PP madrileño. En el caso “aparco donde me da la gana y atropello a un guardia” de Esperanza Aguirre fue él quien defendió, frente a la postura de la acusación y el juez, que no se considerase delito de desobediencia sino falta lo que había hecho la duquesa consorte. Curioso este planteamiento porque durante el 15-M pensaba Moix que no retirar la acampada de Sol suponía un claro delito de desobediencia a la autoridad. Pero no parar y atropellar a un agente municipal era sólo una falta. Claro que en aquellas épocas pensaba que las personas del 15-M exteriorizaban “su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática”.

Durante el proceso de Bankia fue su fiscalía, por orden suya, la que denunció al juez Elpidio Silva por mandar a la cárcel a Miguel Blesa, proceso que costó al juez su inhabilitación. Es más estuvo a punto de denunciar a los periodistas y los medios de comunicación que habían publicado los correos entre el ejecutivo del banco madrileño y sus colaboradores afirmando que “podían ser constitutivos de delito”. Todo por ayudar a los amigos y frenar la Justicia. En este caso tomó la decisión a instancias de Manos Limpias, quienes le tenían también como un fiscal amigo, los mismos que ahora están en prisión por coacciones y pertenencia a organización criminal.

Tampoco sería la primera vez que ayudase o se implicase en un caso en el que apareciese Ignacio González. Pese a la insistencia de Manuel Cobo, otrora vicealcalde con Gallardón, el fiscal Moix se aseguró de que el caso espionaje de la Comunidad de Madrid fuese sobreseído. De este caso son las grabaciones de González en Cartagena de Indias sobornando supuestamente a funcionarios colombianos como se investiga a ambos lados del Atlántico. Que desde distintas consejerías se pagasen servicios de espionaje contra cargos públicos parece que no era demasiado delito para Moix.

Lo último que se ha conocido es que desoyó a los vecinos de Chamberí, barrio madrileño donde se encontraba el campo de golf del Canal, cuando denunciaron que entre los concesionarios había familiares de González (a la sazón vicepresidente de Madrid y Presidente del Canal). Para Moix no había delito alguno en esas concesiones que, además, eran mayores que las de otros contratistas que participaban en la adjudicación. A través de la empresa Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, cuyos accionistas eran José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero (estos dos últimos hermano y cuñado de González), se pagaron más de 600.000 euros por diversos servicios.

Sin embargo, ha sido el juzgado madrileño el que ha ordenado el derribo del campo de golf por haber sido construido sin la debida autorización. En su época Ignacio González estableció que fuese un bien de interés público para poder construirlo y beneficiar a sus familiares y amigos con la construcción y dotación de servicios. Ahora el consejero de presidencia, Ángel Garrido, tiene que salvar los muebles y ha solicitado al juzgado que, al menos, permitan salvar las canchas deportivas de la infraestructura ya que el juzgado ha manifestado que debe volver a su origen. Esto es derribarlo todo. En este sentido el dirigente madrileño, que se está comiendo todos los marrones de Aguirre, González y Cía., ha conseguido el apoyo de los vecinos (los mismos que denunciaron ante Moix) para salvar algo de la infraestructuras que costaron muchos millones de euros a las arcas madrileñas.

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