La ley catalana por el derecho a la vivienda está en vigor desde el año 2007, durante la presidencia del socialista José Montilla. Casi una década ha pasado desde entonces y el problema de la vivienda tras la crisis no ha hecho sino aumentar año tras año. No ha sido hasta ahora cuando el Ayuntamiento de Barcelona finalmente ha comenzado a ponerse manos a la obra para reducir el ingente número de viviendas vacías que existen en la capital catalana después de las numerosas ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Para ello, lo primero que ha hecho es imponer cuatro sanciones por valor de 315.000 euros a otras tantas viviendas vacías, propiedad dos de ellas de la Sareb, otra del BBVA y otra del Santander.

Los datos oficiales del Gobierno catalán elevan a más de 45.000 las viviendas que actualmente están vacías en toda la comunidad autónoma catalana después de haber sufrido un proceso de ejecución hipotecaria, pero realmente son muchas más las vacías porque aquí no se contabilizan las que escapan a los registros oficiales facilitados por los bancos, es decir, las viviendas de propiedad privada que siguen sin ser habitados por diversos motivos, entre ellos el de la especulación inmobiliaria.

Barcelona y las localidades limítrofes son las que cuentan evidentemente con mayor población y parque de viviendas, aunque el problema no es exclusivo de la zona más poblada de la comunidad. En Barcelona hay actualmente 2.445 viviendas vacías tras una ejecución hipotecaria, Hospitalet del Llobregat  suma 1.605 y Badalona 1.237.

Solo en Barcelona hay 2.445 viviendas vacías procedentes de desahucios

El problema de la vivienda en Barcelona o en el resto de Cataluña no es muy diferente al resto del país. Las dificultades para acceder a una vivienda siguen siendo muy altas, pese a los datos que auguran una salida progresiva de la crisis. La especulación inmobiliaria no ha cesado durante todo este tiempo y ahora está viviendo un fuerte repunte favorecido por las ingentes cantidades de ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por los bancos. A esto se suma que muchos inquilinos están saliendo a tropel de la capital hacia otros destinos menos caros tras la subida disparatada de los alquileres en la capital. La especulación ha provocado que sólo en este último año alquilar un piso en Barcelona sea un 18% más caro y comprar un piso en este 2016 es un 9% más costoso que hace solo un año.

Con las multas iniciadas por el Ayuntamiento que dirige Colau se busca poner en circulación de la población viviendas que llevan más de dos años con la llave echada.

Este proceso sancionador solo acaba de comenzar, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha explicado que su intención es acelerarlo porque, hasta este momento, antes de aplicar la sanción final el Ayuntamiento barcelonés daba varios avisos, consistentes en imponer tres multas coercitivas a los propietarios que tenían pisos desocupados. Estos avisos disuasorios no han dado los resultados esperados y por ello el Ayuntamiento ha comenzado a aplicar las sanciones más duras.

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Hasta este momento primero se aplicaba una multa de 5.000 euros, después una segunda de 10.000 y una tercera de 15.000. Si en todo este tiempo no se resolvía la situación de desocupación de la vivienda, se aplicaban finalmente las sanciones de 315.000. El equipo de Gobierno de Colau pretende que la multa de 5.000 euros, hasta ahora la primera, sea la sanción definitiva y no llegar hasta los extremos que han sufrido estos bancos citados.

Este proceso sancionador se viene prolongando hasta 18 meses. Con el cambio que quiere implantar el consistorio, después de la primera multa de 5.000 euros se pasará directamente a la sanción definitiva. Al ahorrarse los otros dos pasos intermedios, el consistorio estima que el proceso no se prolongaría más allá de un año.

Desde 2015, el consistorio barcelonés ha iniciado 207 expedientes, de los que 27 están en proceso de algún tipo de multa. Además de los cuatro que han llegado a esta sanción máxima de 315.000 euros, hay otros dos que han llegado a la tercera multa.

EL precio de los alquileres en la capital catalana se ha incrementado un 18%

Otros ocho expedientes van por la segunda multa (de los que cinco han presentado recurso) y 13 están en la primera (de los cuales diez han presentado recurso). El Ayuntamiento no ha cobrado todas las multa impuestas, pero pretende utilizar la vía ejecutiva para hacerlas efectivas.

El concejal de Vivienda de Barcelona asegura que el objetivo del consistorio con esta ofensiva contra las viviendas vacías “no es recaptar dinero, sino que se le dé a la vivienda su uso social”, ha asegurado Montaner. Para ello reivindica tanto la aplicación de la ley de 2007 como los seis meses en que se pudo llevar a efecto la ley 24/2015, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional. “La 24/2015 nos daba un mecanismo de presión que era poder forzar la cesión de los pisos, pero seguimos teniendo los recursos de la ley de 2007”, asegura el edil barcelonés de Vivienda. Durante el tiempo en que se prolonga el proceso sancionador, algunos pisos se han puesto en circulación o se han cedido al Ayuntamiento para incorporarlos a su parque de vivienda.

Esta sanción contra las entidades bancarias todavía puede ser recurrida por las entidades, y de hecho el BBVA ha aclarado este mismo lunes que la vivienda a la cual se hace referencia ya no es propiedad de la entidad, sino que el BBVA la cedió a la Generalitat dentro del convenio de cesión de viviendas para alquiler social de familias vulnerables.

Por otro lado, el consistorio dirigido por Colau pretede llevar a la fiscalía el intento de desahucio de siete familias residentes en la calle Hospital de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella. Solo la presión vecinal ha podido impedir este lunes los desalojos. Del mismo modo, la Sareb, propietaria del inmueble donde se han intentado ejecutar estos desalojos, ha hecho oídos sordos a la orden del Ayuntamiento para que conserve en buenas condiciones el edificio.

En relación con los pisos vacíos en Cataluña, el pasado septiembre el Constitucional levantó, después de cinco meses, la suspensión cautelar que pesaba desde mayo sobre la ley aprobada por el Parlament catalán imponiendo un impuesto a las viviendas desocupadas.

Con esta iniciativa, el Govern independentista catalán prevé recaudar al menos 14,3 millones este año, según explicó la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs. El ejecutivo de Carles Puigdemont prepara una nueva normativa que sustituya a la que el Gobierno de Mariano Rajoy frenó en el TC por la que se ampliará hasta 234, de los 72 actuales, el número de municipios con demanda de vivienda acreditada. De este modo, la recaudación por este motivo se incrementaría notablemente.

En 2015, la Generalitat había recaudado gracias a este impuesto un total de 11,3 millones de euros, que dedicó a ampliar en 260 viviendas más el parque público de la Generalitat. El impuesto del ejecutivo de Puigdemont se aplica sobre los pisos de bancos y empresas que lleven más de dos años sin habitarse. Cuentan con bonificación si los propietarios lo dedicaran a alquiler social. “Estamos satisfechos de que la ley vuelva a estar viva para dar apoyo a las personas más vulnerables”, dijo la titular autonómica de Vivienda tras el levantamiento del TC.

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