Mañana quizás sea tarde

Desde tiempo atrás la oposición al gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro viene denunciando como el Ejecutivo, con la ayuda de otros poderes del Estado, avanza en su proceso político en detrimento de la democracia.

El anteúltimo paso fue dado por el Tribunal Supremo de Justicia, quien tras los reiterados fallos que dejaban sin efecto lo resuelto por la Asamblea Nacional en manos de la oposición decidió jugar a fondo y entregarle, en la práctica, la suma del poder político a Nicolás Maduro, puesto que frente a la dificultad práctica de silenciar a los parlamentarios venezolanos, el tribunal dictaminó la pérdida de inmunidad de los diputados, con base en el ‘estado de desacato’ en el que se encuentran.

Esta realidad tiene su antecedente en el fallo del máximo Tribunal de Justicia venezolano de fecha 11 de enero de 2016, cuando había declarado en desacato a la Asamblea Nacional en su totalidad, revocando desde entonces todas las decisiones emitidas por el órgano legislativo. Inicialmente el Tribunal iba fallando en contrario a varias resoluciones de la Asamblea pero a principio de año dio un paso fundamental que culminó días atrás con la retirada de la inmunidad parlamentaria.

El tribunal ahora va a fondo y ordena a Maduro el tomar ‘las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción’. Desde la Oposición advierten el riesgo inminente en el que se encuentran los Parlamentarios que podrían terminar como presos políticos del gobierno.

‘La inmunidad parlamentaria solo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)’, indica la sentencia del máximo Tribunal.

En la última Sesión Ordinaria en Montevideo del Parlamento del Mercosur se decidió manifestar al Consejo del Mercado Común la posición al respecto de la situación del país órgano legislativo teniendo en cuenta la suspensión del bloque en diciembre pasado. El Parlamento regional aprobó ‘la continuidad de la participación de los Parlamentarios Venezolanos en el seno de este órgano legislativo regional. Al mismo tiempo, se exhortó al gobierno venezolano a que garantice a los Parlamentarios de este país, todas las condiciones necesarias para el ejercicio de su mandato en el Parlamento del MERCOSUR.’, lo cual es contradictorio, puesto que se suspende a un Estado pero no a los legisladores de dicho Estado, que sólo pueden ser Parlamentarios del MERCOSUR en tanto representan a su Estado. Esto, que parece un trabalenguas, es una de las tantas contradicciones en las que incurre el proceso de integración al no realizar nunca una acción a fondo y pretender navegar siempre a medias aguas.

La preocupación en el Parlamento Regional llegó a su punto máximo cuando en febrero pasado el diputado nacional Williams Dávila y presidente de la comisión de relaciones internacionales del Parlamento tuvo denegada su salida del país ante la anulación de su pasaporte. La misma situación acosó a los parlamentarios Eudoro González y Luis Florido presidente de la comisión de relaciones exteriores del parlamento nacional. Este atropello se suma a la falta de pago de las dietas correspondientes como legisladores ante la Asamblea desde hace varios meses.

Mientras tanto, y siguiendo con la actuación de los organismos internacionales, días atrás y con la contra ofensiva de la canciller Venezolana Delcy Rodríguez, se desarrolló un debate abierto en la Organización de Estados Americanos -OEA- sobre la situación del país caribeño y, si se reúnen los apoyos, se aprobaría una declaración que pide que la OEA siga ‘examinando distintas opciones para lograr el restablecimiento de la normalidad democrática dentro del marco constitucional venezolano’.

Estos eufemismos dejan traslucir el camino que debe seguir la comunidad regional frente a lo que ocurre en Venezuela. Ya no basta con la aplicación del Protocolo de Olivos que hizo el MERCOSUR, ya no bastan las declaraciones de ocasión en la que se marcan las preocupaciones respecto a lo que pasa en Venezuela… es momento de preocuparse por lo que le pasa a los venezolanos y actuar en consecuencia.

Las organizaciones regionales deben actuar y hacerlo de manera urgente. El propio gobierno venezolano por ejemplo reconoció, aunque por otras causas, que la situación en el país es mucho más compleja de lo que se asume. Su pedido de medicinas a las Naciones Unidas así lo manifiesta. Es momento entonces que los Estados nucleados en las organizaciones regionales cumplan con su deber y con los documentos que han firmado.

Venezuela ha demostrado que no es una democracia, no al menos en los términos en los que la entienden sus compañeros de ruta en la Organización de Estados Americanos, y por ello la semana pasada 14 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su ‘preocupación’ por la crisis que atraviesa Venezuela. En esta carta los países manifestaron el ‘compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática Interamericana’.

Pero sin embargo el canciller uruguayo Rodolfo Nin adelantó que ha dado ‘instrucciones a nuestro embajador ante la OEA para que en el caso de que se llegara a plantear la aplicación de la Cláusula Democrática a Venezuela, el Uruguay vote negativamente’.

Como se ve, hay una mayoría de Estados dispuestos a levantar la voz por lo que ocurre en Venezuela pero no son tantos los que están dispuestos a accionar en consecuencia, mientras tanto los índices de calidad de vida en el país se derrumban día tras día.

Y mientras los Estados debaten, los legisladores venezolanos denuncian un golpe de Estado, puesto que tras la descripción que hemos hecho del accionar del Tribunal Supremo de Justicia y cuando se creía que no se podía estar peor, en la noche del miércoles este Tribunal asumió las funciones del Parlamento ‘debido a la persistencia del desacato’. Textualmente señala el Tribunal en su Sentencia 156 (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML) que ‘Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho’.

Frente a esto, el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció un golpe de estado en el país caribeño y sostuvo que ‘esta sentencia muestra lo débil que es el gobierno. Está tan decadente que lo único que le queda es violar la Constitución’. En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara, quien afirmó que ‘esta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura (…) ya no sólo se trata de anular todo lo que hace la Asamblea Nacional, si no de usurpar todas sus competencias, permitiendo que puedan aprobar nuevas sentencias-leyes que le den más poder al dictador para seguir dañando al pueblo’.

Mientras los Estados de la región debaten, el oficialismo avanza sobre el Estado de Derecho y la oposición denuncia un ‘Madurazo’, los venezolanos sufren… mucho… cada vez más. El momento de actuar es hoy, mañana quizás sea tarde.