Cuando falta algo más de cuarenta y ocho horas para que se celebre la reunión del comité ejecutivo del Partido Popular, cada vez son más las voces en su seno que exigen que las seis condiciones impuestas por Ciudadanos para negociar el sí a la investidura de Rajoy sean matizadas. Si tal exigencia es la que triunfa en el seno del máximo órgano de dirección del Partido Popular, se corre el riesgo de que Rivera no lo acepte. Y, en tal caso, o se busca una alternativa o irremediablemente se va a otras nuevas elecciones.

En Moncloa y en el seno del núcleo duro que asesora a Rajoy se ponen reparos a varias de esas condiciones. La reforma de la Ley Electoral hay que profundizarla, y habrá que ver el asunto de los aforamientos. En otros temas, como la limitación a dos los mandatos como Presidente del Gobierno, se recuerda que habría que modificar la Constitución, y entonces sería necesario acudir al consenso con los otros grupos parlamentarios.

Pero donde, sin duda, han surgido mayores voces de protesta es en la condición sexta, la que contempla “la creación de una comisión parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular y el Caso Bárcenas”. A los dirigentes populares no les gusta nada ese término de “financiación irregular” porque da la impresión que la corrupción exclusivamente afecta al Partido Popular. Se recuerda que en la pasada legislatura se formó una comisión “permanente” de investigación para afrontar no sólo la corrupción en el PP, sino también los casos de los ERE en Andalucía, y los cursos de formación. Y, por supuesto, la posible financiación por parte del Gobierno venezolano a Podemos. Esta comisión estaría vigente. Pero este fin de semana ha surgido un inconveniente para la puesta en marcha de la misma. El PSOE ha presentado en el registro del Congreso de los Diputados, una iniciativa para constituir una comisión de investigación pero sólo para el PP con la exigencia de comparecencia de personalidades concretas de dicho partido: Rajoy, Aznar y Bárcenas, entre otros.

La dirección del Partido Popular no quiere entrar en debates que desvíen la atención de lo que verdaderamente es la clave, en estos momentos, del asunto. Si el comité ejecutivo acepta o no las exigencias de Ciudadanos. Rajoy ha tenido todo este largo fin de semana para pensar lo que va a proponer. Fuentes de Génova, sin adelantar lo que haya podido pensar su líder, creen que lo más probable es que, al final, deje las manos libres a Rajoy para resolver en un cara a cara con Rivera.

De todas maneras se insiste mucho en los matices. En las escasas declaraciones públicas efectuadas en los últimos días, el vicesecretario general de comunicación, Pablo Casado, ha descartado que se presente una “contraoferta” como tal, pero insiste en que algunos de esos puntos requieren una reforma constitucional. La secretaria de estudios y programas, Andrea Levy, señala que “las condiciones de Ciudadanos ocupan un folio pero si requieren reformas legales importantes “no pueden despacharse con un simple sí o no”.

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