Nicolás Maduro, en un hecho sin precedentes desde la llegada del chavismo, ha dado marcha atrás en su decisión de dejar sin competencias a la Asamblea Nacional.
Así, El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha rectificado este sábado y renunciado a asumir las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, según ha comunicado el propio tribunal en su página web, según informa la agencia France Presse.
La postura de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de perfil chavista, pero contraria a esta decisión, y la condena internacional casi unánime contra la medida, ha ayudado a que se anulara la decisión del denominado autogolpe de Estado en Venezuela.
Fuentes de Diario16 que colaboran en ayuda humanitaria en Venezuela reconocían también a este diario que “nuestra gente es chavista, porque vivimos y tenemos memoria de lo que hacían los adversarios de Chavez antes de que él llegara, pero esta vez ha ido demasiado lejos y el pueblo no está con él”.
Otros voluntarios de una ONG vasca en Caracas comentaban que “Maduro se la juega con esto, la gente se muere de hambre de pan, si además toma medidas como estas que no dan de comer y sólo les aíslan más, puede tener consecuencias irreversibles para Venezuela y para el propio chavismo”
La decisión llega después de que el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela (Codena) exhortara en la madrugada del sábado al Supremo a que revisara las sentencias que él mismo emitió hace tres días y que despojaron al Parlamento de sus funciones. La decisión supone que el chavismo, presionado por la condena generalizada de la comunidad internacional y la grieta creada entre sus aliados de los restantes poderes públicos, ha desandado el camino del golpe de Estado que provocó el máximo tribunal con sus fallos a mediados de semana y que apoyó con su silencio el presidente Nicolás Maduro.
El vicepresidente Tarek El Aissami leyó el comunicado con la decisión en una retransmisión obligatoria de radio y televisión. La resolución buscaba, según dijo, “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”. En el acuerdo se ratifica que el Supremo, que está controlado por el régimen, es la instancia competente para dirimir los conflictos que se presenten entre las ramas del poder.
