La periodista Lydia Cacho fue detenida y torturada en el año 2005 tras la publicación de su libro Demonios del Edén, donde denunció a varias personas influyentes, entre las que se encontraba Kamel Nacif, quien, a su vez, se querelló con Cacho. Fue a raíz de esta querella por la que se produjo la detención. Sin embargo, trascendieron unas grabaciones entre Nacif y Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla, en las que éste le indicaba a aquél que había que dar un correctivo a la periodista. Diez personas estuvieron implicadas en la detención y el traslado a Puebla donde fue torturada, sufrió abusos sexuales y recibió amenazas de muerte.
Hace dos días fue detenida una de las personas implicadas en las torturas y en la detención de Lydia Cacho. Coincide este hecho con el cambio de presidente, lo que corrobora la máxima de que la ideología de los mandatarios sí que influye en cómo se aplica la Justicia social de los pueblos, porque en el año 2007, durante el mandato de Felipe Calderón, y a pesar de las evidencias de las grabaciones, la Suprema Corte de Justica de México no imputó a Marín como responsable de la violación de los derechos humanos de la periodista.
Lydia Cacho estuvo recientemente en España inaugurando el Foro16 Feminismo por la Igualdad Real y presentando su nuevo libro Hablan ellos. En el Foro16, la periodista mexicana hizo hincapié en el hecho de que muchos países aún siguen tratando el tema de la prostitución o de la violencia machista como un asunto de vida privada, lo que da impunidad al poder y mantiene en peligro a las mujeres. En referencia a España señaló el caso de la sentencia de La Manada porque el juez que emitió el voto particular «puso en duda que la víctima pudo provocar. Sobre todo, porque ese juez hablaba en nombre del Estado español, y es una muestra de cómo el aparato oficial aún continúa alojando elementos y comportamientos machistas».
En el mes de agosto, la ONU ordenó a México investigar el caso de Lydia Cacho. De 2014 a 2018 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estudió su caso y concluyó el 31 de julio de 2018 que México violó los siguientes artículos del Pacto, en detrimento de los derechos de Lydia.
