A las seis de la mañana del viernes 4 de marzo, en un domicilio ubicado a unos 20 kilómetros de Sao Paulo, la policía despertaba a un viejo luchador revolucionario de 70 años, sindicalista, líder del Partido de los Trabajadores de Brasil y el presidente de la república que logró el milagro económico incorporando a 30 millones de pobres a la “nueva clase media” de aquel país.

Cuentan las crónicas que el despliegue policial, ordenado desde instancias judiciales bajo el nombre de ‘Operación Aletheia’, fue impresionante y desproporcionado. Doscientos policías y 30 inspectores de Hacienda acudieron a registrar el domicilio del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva  y detenerle posteriormente para someterle a un largo interrogatorio.

Lula Da Silva ha sido, sigue siendo, un icono revolucionario para Latinoamérica, un ejemplo a seguir para muchos países en vías de desarrollo. Su detención obedece a una investigación judicial por corrupción a gran escala.
Cuando en España escuchamos voces sensatas que a menudo proclaman que ‘o acabamos con la corrupción o la corrupción acaba con la democracia’, no damos excesivo valor al sentido profundo de esa afirmación.

Lo que en materia de corrupción esta sucediendo en Brasil es un ejemplo claro del riesgo que el sistema democrático corre cuando, los que están arriba, se corrompen y roban a manos llenas el dinero de los impuestos de los ciudadanos.

Da Silva fue interrogado durante horas sobre la recepción de supuestas mordidas millonarias procedentes de la estatal Petrobras, implicada desde hace tiempo en una trama de corrupción que alcanza a todos los partidos del arco parlamentario brasileño. Se estiman en unos 2.400 millones de euros los que la estatal petrolera habría usado con fines delictivos, pringando a personas y empresas de todos los colores.

Un caso, el de los gestores del negocio petrolero brasileño,  dicho sea de paso, que podría guardar cierto paralelismo con lo que está sucediendo en otros países de la región, donde empresas petroleras, funcionando bajo regímenes bolivarianos, campan a sus anchas, descontroladas de los complacientes fiscos respectivos, paseando los cubos y las brochas de cal blanca por los mercados internacionales y paraísos fiscales de medio mundo.

La imputación judicial de Lula Da Silva, además de dejar en evidencia su figura y su prestigio, deja en el alero a su apadrinada Dilma Rousseff, salpicada también en los autos del caso Petrobras. Todo ello en un país con el Parlamento casi paralizado y zarandeado por las tramas corruptas.
La Justicia en Brasil ha considerado que tiene suficientes testimonios inculpatorios y pruebas documentales concluyentes como para proceder contra el líder del PT. Y que, por tanto, podrán demostrar que las viviendas de lujo que ha disfrutado el exmandatario son de su propiedad y regaladas por la petrolera. También las facturas de abundante mobiliario, muebles de cocina y abultados gastos domésticos.

La noticia ha dividido a la opinión publica brasileña, tanto que se ha llegado a enfrentamientos callejeros entre defensores y detractores del político investigado. Da Silva, profundamente irritado, compareció en rueda de prensa y denunció ser víctima de “un linchamiento” y añadió que “soy víctima de un espectáculo mediático. Si querían oírme solo tenían que haberme llamado y yo habría ido, porque no debo nada a nadie y no temo nada”.

Independientemente del resultado final de las investigaciones judiciales que se desarrollan en Sao Paulo contra Lula Da Silva, la verdad es que visto el suceso desde España nos genera una sana envidia la actuación de la Justicia en aquel país.

Que el poder judicial actúe contra el poder ejecutivo para controlarle, no ha sido una práctica habitual en nuestro entorno. Ver estos días a una hija y hermana de reyes sentada en el banquillo, podríamos empezar a considerarlo como una primera señal de que se empiezan a acabar los hasta ahora intocables, aunque muchos, aún, anden sueltos por la calle o sigan sentados en despachos con banderas que pagamos todos.

En Brasil, tras la detención e imputación de Da Silva por corrupción, se ha abierto una brecha social y política de incalculables consecuencias. Solo los políticos de aquel país tienen en su mano la regeneración de la democracia, y quizás aún lleguen a tiempo de salvarla.

De momento ahí tenemos el ejemplo de un escenario donde la corrupción está haciendo tambalear los cimientos de la democracia. Ah y por supuesto la corrupción es una enfermedad que desarrollan solo las personas, ni los partidos ni las ideologías, aunque los acaban contaminando.

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