Durante estos días, los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de las imágenes donde un cuadro de Banksy, “Niña con Globo”, comenzaba a autodestruirse triturado por unas cuchillas, junto después de ser vendido en una subasta por más de un millón de dólares. En medio de todo el debate suscitado, el artista explicaba en un video como había escondido las cuchillas en el interior del marco para activarlas y destruir el cuadro si algún día se subastaba. El video, iba acompañado por una frase de Picasso: “El impulso de destruir es también un impulso creativo“.

Estas imágenes, sirven para observar como la concentración de la riqueza que se está produciendo en nuestras sociedades está llevando a la compra de objetos por cifran millonarias. Y a preguntarnos, si valen lo que se paga por ellos o son simples extravagancias de unas élites económicas que son insensibles al aumento de la desigualdad y la pobreza en el mundo. Pero muy sensibles a pagar impuestos.

Si la autodestrucción del cuadro era efectista, más allá del precio pagado en la subasta, que decir de otros ejemplos que también se han producido. Me referiré a tres:

  • El primero, la compra de una botella de whisky The Macallan Valerio Adami de 60 años, destilada en 1926 y embotellada en 1986, por 848.750 libras (958.000 euros) en una subasta celebrada, el pasado 3 de octubre, en Edimburgo.
  • El segundo, la puesta a la venta en Dubái de un par de zapatos de cuero, seda, oro blanco y 236 diamantes, por un precio superior a los 15 millones de euros.
  • El tercero, los 4612.000 euros que ha pagado un comprador por un Ferrari 250 GTO de 1962, el coche más caro jamás vendido en una subasta pública.

Estos ejemplos, y hay más, vienen a visualizar el buen momento que está atravesando el mercado global del lujo, que según un informe de EY logró una facturación de 419.000 millones de euros en 2016 y se estima que supere los 490.000 millones en 2020, como consecuencia de los mercados emergentes y el desarrollo de la actividad en el canal ‘online’.

En España, según el informe Spanish excellence: Today & Tomorrow, en el año 2017, los bienes y servicios más exclusivos supusieron un negocio de 9.200 millones de euros, un 9 por ciento más que el año anterior. Aunque lejos de los 27.000 millones de Francia, o los 29.000 millones de Italia.

En este punto, y cuando estamos próximos a celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución en España, y en las noticias aparece la intención del Gobierno de aumentar los impuestos a las rentas más altas, es preciso recordar lo obvio a los voceros de catástrofes. Y esa obviedad, es que es deber de todos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos si queremos mantener nuestro Estado. Y queremos, ¿No?

Y como parece que queremos, es necesario que quien más tenga, más aporte. Por mera lógica económica, social y moral. Por ese motivo, más allá de próximas subidas de impuestos a los más ricos, hay que hacer efectivo en nuestras mentes y en nuestra sociedad el artículo 31 de la Constitución:

  1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
  2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
  3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

En definitiva, hay que hacer compatible la riqueza y la justicia social.

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