El suicidio de Alicia, la mujer de 65 años que se tiró por el balcón de su casa cuando iba a ser desahuciada, es, en realidad, un feminicidio provocado por las dictaduras del capital. No es el primero que se produce, ni será el último. Estas élites no tienen ningún tipo de humanidad y generan este tipo de desgracias. Ya en el mes de junio, Jordi Rodríguez se lanzó al vacío cuando iba a ser desahuciado en Cornellà de Llobregat. Ni siquiera la Plataforma de Afectados por la Hipoteca puede llevar un control del número de suicidios provocados por los procesos de desahucio, pero son muchos, demasiados. Por esta razón, lo que realmente se están produciendo son asesinatos porque es la presión que provocan las dictaduras del capital las que llevan a estas personas quitarse la vida.

Una de las consecuencias de la crisis económica es el empoderamiento absoluto de las élites financieras sobre los regímenes democráticos que priorizan los intereses de aquéllas a los de la ciudadanía. Es tal el poder que han logrado que pasan por encima de los derechos constitucionales. La vivienda es uno de ellos y se conculca cada vez que, ya sea por alquiler, ya sea por hipoteca, se envía una delegación judicial para expulsar de su hogar a una familia sin que se le plantee ningún tipo de alternativa ocupacional. En esto son responsables tanto los ayuntamientos gobernados por los partidos tradicionales como por los autodenominados «del cambio» que ponen recursos públicos al servicio de estas élites del capital y, por tanto, en contra del pueblo.

El verdadero problema se halla en que se ataca a los más débiles, a quienes no tienen defensa alguna contra estas dictaduras. Según Amnistía Internacional, las mujeres son las más expuestas a sufrir un desahucio por impago de alquiler por la propia idiosincrasia de nuestro mercado de trabajo: la tasa de desempleo femenino está en un 20% y un 72% sólo puede acceder a empleos a tiempo parcial. A lo anterior hay que sumar el hecho de que más del 80% de las familias monoparentales están formadas por la madre y los hijos. Estos datos reflejan la extrema vulnerabilidad de la mujer y la desprotección ante la violencia de las dictaduras del capital. Por eso, los desahucios deben ser calificados ya como un modo más de violencia de género.

Sin embargo, esto no entrará en las estadísticas. El miedo a ser expulsadas del último refugio que es el hogar es una forma de maltrato psicológico sobre la mujer que, en muchas ocasiones, está induciendo al suicidio. Las asociaciones feministas calculan que anualmente más de 400 mujeres son inducidas a quitarse la vida por esa violencia silenciosa que puede ser aplicada por un maltratador individual o colectivo, según informó Cristina del Valle, directora de Foro16 y miembro del Consejo Editor de Diario16.

Los partidos de la izquierda están intentando por todos los medios lograr paliar esta masacre que los y las ciudadanas de este país llevan sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. La nueva ley hipotecaria ya ha elevado los meses de impago para que se ejecute un lanzamiento a un mínimo de 12 meses. Sin embargo, faltan alternativas y un mayor control de esos grandes fondos que están acaparando el parque de vivienda de las entidades bancarias e, incluso, de las instituciones públicas, para especular y generar una burbuja del alquiler que predispone claramente al desahucio.

Sin embargo, tanto el poder legislativo como el ejecutivo deben hacer más y tienen las herramientas para ello. Es necesario un control absoluto de los movimientos especulativos tanto de la banca, de los fondos buitre o de las grandes fortunas (lícitas o corruptas) que están acaparando el parque de vivienda porque dejar en manos de las dictaduras del capital la gestión de un derecho constitucional es, en primer lugar, una dejación de funciones y, en segundo término, el inicio de la derogación encubierta del mismo.

Los poderes y las instituciones públicas no pueden dejar abandonada a la ciudadanía. Quienes están con ella, de un modo u otro, se conocen, exactamente lo mismo que los que siempre están ausentes o los que son culpables. ¿Cómo es posible que se tenga la indecencia de permitir que el Jefe del Estado comparta sonrisas con Ana Patricia Botín que, precisamente, representa a esas élites que no dudan en atacar al pueblo? ¿Cómo es posible que se permita que la señora Botín se declare feminista cuando el banco que preside no ha dudado en ningún momento en desahuciar a mujeres, en despedir a embarazadas o en especular con la venta de viviendas a los fondos buitre? ¿Cómo es posible que, incluso, se quiera aprovechar ese pretendido feminismo de la señora Botín para crear un producto de inversión y que la CNMV permita su comercialización? Mientras Alicia y otras tantas mujeres se suicidaban, ¿dónde estaba la feminista Ana Patricia Botín? Lo mismo podríamos decir de la institución que ocupa la Jefatura del Estado, ¿dónde estaban? ¿Es mejor estar junto a un presunto asesino que al lado de las mujeres que sufren la violencia de género?

Señores, ya está bien y llamemos a las cosas por su nombre. Las dictaduras del capital han superado el estado de la codicia para alcanzar el del terrorismo financiero. Un Estado no puede permitirlo, desde el primero hasta el último miembro de la administración tiene la obligación constitucional de impedir que ninguna ciudadana o ciudadano tenga que quitarse la vida porque una comisión judicial está llamando a la puerta para echarla de su casa. Continuar permitiendo esto demuestra que cada día que pasa España se está transformando en una democracia fallida.

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1 Comentario

  1. Gran artículo. De este estado no se puede esperar nada bueno, la corrupción y la codicia ha inundado hasta la administración de justicia. Los botines defraudadores aparecidos en la lista Falciani compran voluntades, periodistas, jueces, políticos y hacen y deshacen a su antojo, el papá jefe de estado está metido en todo, comisiones, relaciones pujolisticas, testaferros, etc…su familia no va a ser menos, aunque les libren y los fiscales hagan de abogados defensores… De este país no se puede esperar nada que no sea su descomposición final.

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