El PSOE pretende con la Declaración de Barcelona, que acaban de acordar las ejecutivas del PSOE y del PSC , demostrar que acercarse a Cataluña es posible y así evitar una consulta soberanista y una situación cada vez más tensa y distante entre el Gover y el Ejecutivo español.

El fin de semana ha estado volcado Pedro Sánchez con Cataluña en reuniones con su hombre en ésa comunidad: Miquel Iceta. Tanto ha sido así, que ni tan siquiera ha acudido ayer domingo, tal y como estaba previsto, a la clausura del congreso de los socialistas en Castilla y León.

Cataluña tiene ahora prioridad para Sánchez. 

Sánchez plantea como uno de los guiños a los nacionalistas prorrogar la disposición adicional del Estatut, que consagra que los Presupuestos del Estado dediquen cada año a infraestructuras en Cataluña lo que esta comunidad pesa en el Producto Interior Bruto total de España. Es decir, al menos el 19% del total.

La propuesta del nuevo líder del PSOE implica aumentar un 70% la inversión que, como media, ha venido reservando Mariano Rajoy a esta comunidad autónoma desde 2012.

El Gobierno de Zapatero no llegó a cumplir aquella disposición del Estatut, que fue anulada por el Tribunal Constitucional al considerar que no se podía imponer ninguna inversión especial en ninguna comunidad, pero sí se acercaba más que Rajoy. Todavía en 2011, con España en recesión y con déficit récord, Zapatero destinó el 15,2% de la inversión estatal en infraestructuras catalanas superando los 2.500 millones ese año.

Si el Gobierno del PP hubiera adoptado la propuesta de Sánchez, habría tenido que invertir 850 millones anuales más desde 2012, situando a Cataluña muy por encima del resto.

La llamada Declaración de Barcelona incluye también un impulso a grandes planes de infraestructura de interés para Cataluña. Entre ellos menciona «finalizar la construcción del Corredor Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa con conexiones a los puertos de Barcelona y Tarragona»; «mejorar la red de cercanías»; finalizar «obras de soterramiento» en diversos municipios catalanes y «aumentar la aportación del Estado» al metro de Barcelona.

En otro apartado, PSOE y PSC acuerdan también que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en la Declaración de Granada socialista de 2013, que reconoce el llamado principio de ordinalidad, clave para Cataluña. Se trata de que, a la hora de repartir el dinero por parte del Estado, «no se coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia».

Dado que España aún debe rebajar su déficit y deuda, el cumplimiento de la Declaración de Barcelona entrañaría inevitablemente recortar la inversión en otras comunidades o partidas presupuestarias.

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