Los sindicatos UGT y CCOO de Madrid han sido convocados para demandar más medidas y que no se produzcan más muertes en el trabajo. Bajo el lema “No más muertes en el trabajo, decenas de personas se han concentración en la Plaza del Museo Reina Sofia, con motivo de la 11ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

En está ocasión se ha querido descubrir la precariedad instalada en el mercado laboral, gracias a la reforma laboral del partido Popular, que está pasando una factura cruenta en términos de precariedad, pérdida de salud y de incrementos de las muertes en el trabajo.

Luis Miguel López Reíllo secretario general de UGT de Madrid, ha denunciado que “no puede ser decente que se firmen dos millones y medio de contratos para al final rebajar el paro a unos 60.000 trabajadores y trabajadoras, porque al final el 90 por ciento de esos contratos son temporales, parciales involuntario, quiere decir que, de esos trabajadores y trabajadoras, sobre todo, quisieran trabajar la jornada completa, pero no es así”.

“En algunas empresas se hacen contratos de cuatro horas, que en realidad se está trabajando ocho horas”, se hacen millones de horas extras que no se pagan y que son abusivas, y que en la comunidad de Madrid se podrían crear 11.000 puestos de trabajo”, ha denunciado el líder de UGT de Madrid.

 

El derecho a la salud y la vida en el trabajo

Desde UGT y CCOO han indicado que “en 2018 los muertos por accidentes laborales en la Comunidad de Madrid han llegado a 56, lo que indica que cada cinco días muere una persona por el trabajo”, según ha afirmado López Reíllo.

Jaime Cedrún secretario general de CCOO en Madrid ha afirmado que “necesitamos que toda la sociedad dé la batalla contra esto porque es la vida, es la vida en el trabajo y sobre el trabajo construimos la vida y no puede ser que ese trabajo nos mate y vamos a cambiarlo”, para añadir que es necesario “la inhabilitación de las empresas que no cumplan las normas de seguridad laboral en los concursos públicos. Tenemos que mandar un mensaje muy claro y hacer pedagogía dura de que aquel que incumple va a tener castigo”, ha denunciado.

 

Cambiar las reglas

En toda Europa bajo el lema “Cambiar las reglas” miles de personas han salido para reclamar más trabajo decente frente a la precariedad instalada tras la crisis y los techos de gastos impuestos por Bruselas, sobre todo a los países mediterráneos. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha denunciado una regulación internacional que perjudica a los trabajadores y sobre la que hay que actuar.

El índice Global de Derechos 2018 que elabora la CSI apunta que “Los trabajadores y trabajadoras están viendo reducido su espacio democrático, al tiempo que se incrementa la influencia empresarial sin control alguno.” El Índice Global de los Derechos de la CSI ha constatado “restricciones a la libertad de expresión, así como protestas y ataques cada vez más violentos contra los defensores de los derechos de los trabajadores/as.” El trabajo decente y los derechos democráticos “fueron debilitados en prácticamente todos los países, mientras que la desigualdad continuó en aumento.”

En España, según UGT, “tras una década desde que se iniciara la crisis económica los trabajadores padecen hoy más precariedad, más inseguridad, peores salarios, peores condiciones laborales”. Pepe Álvarez secretario general de UGT ha exigido “que se legisle para garantizar el trabajo decente y criticó que las reformas laborales anteriores no han resuelto problemas, los han multiplicado”.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que “España solo puede crecer si distribuye la riqueza que crea, si hace una inversión potente en desarrollo productivo y tecnológico, y si apuesta por una política industrial sostenible en el tiempo en un marco europeo donde tiene que haber mucha más proactividad”.

Los sindicatos abogaron por derogar las últimas reformas laborales que “condenan a millones de trabajadores a la precariedad, la inseguridad y a una nueva pobreza”.

Para la Confederación Sindical Internacional (CSI), “La democracia está siendo atacada en países donde no se garantizan los derechos de la población a organizarse, expresarse y emprender acciones. Los Gobiernos de tres de los países más poblados del mundo – China, Indonesia y Brasil– adoptaron leyes que deniegan a los trabajadores/ as la libertad sindical, restringen la libertad de expresión y recurrieron al ejército para reprimir disputas laborales. El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 50 en 2017 a 54 en 2018.”

El injusto encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un sombrío mensaje para la clase trabajadora.

Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2018 son Argelia, Bangladesh, Camboya, Colombia, Egipto, Guatemala, Kazajstán, Filipinas, Arabia Saudita y Turquía. Haití, Kenya, Mauritania, Macedonia y España tuvieron una peor clasificación en 2018, debido al aumento de los ataques contra los derechos de los trabajadores/as, tanto en la ley como en la práctica.

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