Los Secretarios Generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo y de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez comparecieron en el Congreso de los Diputados para defender la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los dos sindicatos mayoritarios para que las Cortes aprueben una Prestación Mínima de Ingresos a los desempleados que garantice un ingreso mínimo más allá de las prestaciones oficiales.

Ambos dirigentes han apelado a la pluralidad del actual Parlamento para pedir el voto favorable a la iniciativa y han pedido que sea sensible a una demanda que cuenta con el apoyo de una amplia mayoría social. La ILP está firmada por 690.000 personas.

Según Toxo “no se trata de una fórmula de choque coyuntural frente a la situación de crisis económica sino como un instrumento estructural continuado en el tiempo ya que debe construirse como una herramienta de protección social para todos los ciudadanos”. Álvarez insistió en este hecho al afirmar que la prestación debe tener carácter permanente y universal.

Esta ILP viene motivada por la incapacidad demostrada por el sistema de protección social

Esta ILP viene motivada por la incapacidad demostrada por el sistema de protección social a la hora de atender las necesidades creadas por las consecuencias de la crisis y por la extrema vulnerabilidad de ciertos colectivos a los que dichos servicios sociales no han sabido dar respuesta ya que están aún basados en un planteamiento pre-crisis.

Ignacio Fernández Toxo incidió en que, pese a la recuperación económica, aún hay 4 millones de desempleados de los que la mitad no perciben ningún tipo de prestación, 667.000 hogares en los que ninguno de sus miembros percibe renta salarial alguna y 3 millones de personas sufren una situación de carencia material extrema, según datos de la EPA y de la Encuesta de Condiciones de Vida.

los niveles de pobreza están descendiendo en los más jóvenes, pero se está incrementando exponencialmente en los mayores de 45 años

Toxo apuntó que los niveles de pobreza están descendiendo en los más jóvenes, pero se está incrementando exponencialmente en los mayores de 45 años. Por su parte Álvarez afirmó que “sobran razones para mantener la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos y, seguramente, hay alguna razón más que cuando los sindicatos decidimos presentarla: hay 13, 2 millones de personas en riesgo de pobreza, 3,5 millones que sufre pobreza severa, el desempleo juvenil entre 16 y 24 años pasa del 46%, la situación del desempleo general casi se sitúa en el 19%”.

La ILP presentada por CCOO y UGT estaría orientada a personas entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de desempleo, carecer de ingresos individuales y que la unidad familiar tenga unos ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. De ser aprobada la ILP la prestación sería de 426 euros mensuales, un 80% del IPREM, que es la misma referencia utilizada para los subsidios de desempleo. Esta cantidad se incrementaría en caso de que existiesen cargas familiares. Además, “debería configurarse como un nuevo derecho vinculado a la Seguridad Social”, según palabras de Fernández.

CCOO calcula que el número de beneficiarios de esta prestación estaría en torno a 2,4 millones de personas, de las que más de un 60% serían mujeres. A nivel global, la aprobación de esta renta mínima beneficiaría a más de 6 millones de personas.

Según ambas fuerzas sindicales el coste de la prestación estaría en torno a un 1,05% del Producto Interior Bruto (12.000 millones de euros), una cifra que es perfectamente asumible por la economía española por el margen fiscal de España. Además, según CCOO, la ratio inversión/beneficio social lo justica.

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