Trabajo en Prisión: Guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas es un libro publicado en 2015 que puede descargarse gratuitamente. Está editado por la organización de referencia en todo lo relacionado con el trabajo en las cárceles, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), cuyos sus cargos se ejercen sin obtener ninguna remuneración.

Desde noviembre de 2015 APDHA está desarrollando una campaña contra la explotación laboral en prisión, con el objetivo de que trabajadores y trabajadoras privados de libertad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales. Este periódico ha constatado que, exceptuando CCOO, ningún sindicato tiene materiales relacionados con los derechos laborales de los presos. Este sindicato alude a este problema social en su Informe sobre la situación actual de Instituciones Penitenciarias y dedica algunas páginas al trabajo dentro de las prisiones, pero no se tiene constancia de ninguna actuación más de CCOO en relación a la explotación laboral de personas presas.

¿Quién defiende y asesora, entonces, a las personas presas? Entrevistamos a Maribel Mora, abogada, antigua coordinadora de APDH y en la actualidad Senadora por Andalucía en las listas de Podemos. Mora aclara que “no existe asistencia jurídica por parte de los Colegios de abogados en muchas prisiones, y cuando esta existe no es especifica de asistencia laboral. Por otra parte los sindicatos no defienden específicamente los derechos laborales de las personas presas, aunque sí defienden los derechos de los otros trabajadores que con ellos conviven: los funcionarios de prisiones”.

El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en el Senado una mociónpor la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad”.

Mora denuncia que “el salario lo decide la Entidad de Trabajo Penitenciario y Formación Para el Empleo”. El cálculo del dinero a percibir por parte del preso, resalta Mora, “no está correlacionado con las horas realmente trabajadas” y este dispone además de muy poca información sobre sus derechos.

La situación es aún más grave ya que “no existe un control horario como tal al que pueda agarrarse el trabajador para reclamar haber realizado más horas de las establecidas en su relación laboral”. Finalmente, Mora comenta respecto a la presencia de empresas que externalizan su producción a las cárceles que “la trasparencia en la Institución Penitenciaria es algo que deja mucho que desear. En este caso es posible que se pretenda que no se conozcan las condiciones en que se elaboran determinados productos, y las empresas a lo mejor tampoco le interesa demasiado se conozcan estas circunstancias”.

Aunque lo ha demandado en varias ocasiones y por diferentes vías, este periódico no ha conseguido que Instituciones Penitenciarias informe de qué empresas y en qué condiciones emplean a población reclusa, manteniendo una política de secretismo y opacidad. Para este reportaje entrevistamos también a otro activista de APDHA, Valentín Aguilar, que lanza la siguiente reflexión: “Hemos intentado por activa y pasiva que los sindicatos trabajen con este sector, pero la respuesta hasta el momento no ha sido positiva. Es cierto que los sindicatos CGT o CNT, también el SAT, han sido los más receptivos, pero no hemos conseguido avanzar en nada. No obstante, esta es su responsabilidad y deben asumirle, y no vamos a cesar hasta que lo hagan”.

Para Aguilar no habría ninguna contradicción en defender los intereses tanto de presos como de funcionarios: “algunos sindicatos que tienen presencia entre el personal laboral o funcionarial de prisiones señalan que sería imposible defender a ambos colectivos porque en ocasiones pueden tener intereses contradictorios. ¿Pero no pasa eso en la calle, llegando incluso a veces a agredirse, sin que por ello se impida a algunos afiliarse? Es un enorme error, considerar que ambos colectivos, personal control o tratamiento y presos, son enemigos, pues no es cierto”.

Quisimos tocar con Aguilar un tema especialmente controvertido, y es el derecho de los trabajadores presos a percibir una prestación por desempleo al quedar en libertad. Los presos que quedan en libertad tienen derecho a la prestación pero “sucedía hasta hace bien poco que era más beneficioso en la mayoría de los casos no trabajar que hacerlo, pues existe un subsidio por excarcelación que por su duración y cantidad era superior al que le correspondía a quien había trabajado en prisión”.

Ante ello, Aguilar refleja una situación irregular que se está produciendo en la actualidad. Se trata de aumentar la base de cotización del recluso con importe similar al de alguien que no hubiese trabajado, con vistas a no “penalizar” en su subsidio a quien sí realiza una actividad laboral. No obstante, Aguilar aclara que “esto es un criterio del Servicio Público de empleo que está en una circular, que no es pública y que no conocen todas las oficinas públicas. De tal forma que no son pocos los presos que se les sigue aplicando al día de hoy la antigua práctica”.

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Nacido en Madrid el 21 de julio de 1974. Licenciado en Bioquímica por la Universidad Compluense de Madrid pero su actividad profesional ha estado relacionada con el desarrollo de software como analista de sistemas. Colabora como periodista en diversos medios en temas relacionados con temas laborales y derechos de autor. Es el autor del libro "¿Por qué Marx no habló de copyright?", además de "SGAE, el monopolio en decadencia" (en preparación) junto a Ainara LeGardon

1 Comentario

  1. Como funcionario de prisiones que soy, realmente no veo en qué aspectos pueden entrar en conflicto nuestros intereses con la defensa de los derechos laborales de los internos que trabajan dentro de la prisión. Más bien percibo un gran dejadez por parte de los sindicatos (tanto profesionales como de clase) en la defensa de los derechos de todas las personas que trabajan en los centros penitenciarios, ya sean funcionarios, laborales o internos. Lo de los sindicatos profesionales ya he entendido esta semana a que se debe, y no es a otra cosa que a la tajada que van a sacar con las afiliaciones de los empleados de seguridad que se van a contratar para controlar el exterior de las cárceles. Y por otro lado, la presencia intramuros de los sindicatos de clase siempre ha sido minoritaria.
    http://bolaygrillete.blogspot.com.es

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