La familia del dictador Franco ha dicho que se hará cargo de los restos mortales tras la exhumación. Lo dice en tono aparentemente furibundo, criticando la medida. Pero el caso es que después de haber dicho lo contrario, ahora asumen que acogerán a su familiar y ya verán lo que hacen con él. Estoy segura de que sabrán cuidarle, y posiblemente hasta le pongan en un lugar donde se cobre entrada para que pueda ser visitado.

Ayer se aprobó el decreto ley por el cual se pone en marcha el proceso de exhumación de los restos de Franco. Está enterrado en la Basílica que, a su vez, se encuentra dentro del recinto Del Valle de los Caídos.

Es un tema interesante porque el galimatías existente es digno de estudio. Algunas pinceladas que pueden resultar al lector de utilidad en este último fin de semana de agosto.

El Valle de los Caídos se construye en virtud de un decreto, de 1 de abril de 1940, donde se determina dar sepultura a los que “cayeron en nuestra Cruzada, dando su vida por Dios y por la Patria (…) sin distinción del bando en el que cayeran”. Se exigía “únicamente” que los “caídos” fueran de nacionalidad española y de religión católica.

Entre los años 1959 y 1983 se depositaron allí, como mínimo, 33. 847 cadáveres. Durante estos años fueron trasladándose restos mortales de diferentes lugares: fosas comunes, cementerios, y en muchos de estos casos las familias no fueron consultadas. La gran mayoría de estos restos no tienen identificación: miles de familias desconocen que sus seres queridos se encuentran en El Valle de los Caídos. No saben dónde están. Y nadie les preguntó, aunque en otros casos, sí se hizo y según las normas al respecto creadas, en caso de que la familia se negase, no podían depositarse allí los restos. Pero esto sucedió en pocos, muy pocos casos, puesto que la gestión de todo lo que ha tenido que ver con la Guerra Civil se ha hecho siempre de manera unilateral, con oscurantismo y sin dejar rastro de ningún tipo.

En 2007 se aprueba la ley 52/2007. En ella se establece que El Valle de los Caídos es un cementerio público. No es religioso. Y por tanto, la competencia de su administración será del Estado. Desde 1978 no existe discriminación entre los sepultados por razón de creencias, rigiendo el principio de estabilidad en los enterramientos.

En su artículo 16 se establece que no está permitido ningún tipo de acto político en el recinto de El Valle de los Caídos; específicamente hace referencia a los actos de exaltación de la Guerra Civil, ni de la dictadura, ni de sus protagonistas ni del franquismo. Así de claro lo dice. Sin embargo todos hemos sido testigos de los miles de personas que se han venido congregando, brazo derecho extendido, banderas franquistas ondeantes. Y nunca ha pasado nada. Y reitero: es ilegal. Tome nota.

Retomo el asunto de la gestión de El Valle: la potestad estatal ha de convivir con la competencia del Abad, que es el que administra la Basílica. Aquí el Estado, en base a los acuerdos firmados con la Santa Sede, no tiene nada que decir ni que hacer. Por su parte, el Abad se compromete a que en el interior de la Basílica solamente se celebren actos de estricto carácter religioso. Todos hemos visto banderas franquistas y gestos de enaltecimiento. Pero por lo visto al Abad la ley debe resultarle difícil de aplicar, máxime cuando en el espacio que sí administra el Estado se producen las concentraciones antes citadas y nadie dice nada. Es más, incluso miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentran entre estos miles de franquistas, como cientos de mandos militares que, lejos de preocuparles la legislación vigente, escriben manifiestos alabando y aplaudiendo al “generalisimo”. Tome nota.

Es el Rey Juan Carlos quien decide que Franco sea enterrado en la Basílica. La familia del dictador no tuvo nada que ver en esta cuestión. Y fue una decisión “llamativa” puesto que según el Derecho Canónico, ningún civil puede ser enterrado en un altar mayor. En este caso no fue uno, sino dos: Primo de Rivera y Francisco Franco. Y la Iglesia “tragó con ello” porque el Rey así lo quiso. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues fundamentalmente que desde ese momento los que deberían custodiar los restos mortales eran los que administran la Basílica, o sea, el Abad. Y ahí ni la familia ni el Estado tendrían nada que decir.

El decreto de 1940 era claro: El Valle albergaría a los caídos por Dios y por la Patria. Y Franco no cayó. Franco murió de viejo. En una cama. En un hospital. Y sencillamente, aplicando su propia ley, El Valle no era lugar para él. Por eso se ha decidido sacar los restos de allí. Y al Abad le ha parecido bien, supongo que atendiendo también al cumplimiento de la ley eclesiástica. Primo de Rivera tampoco debería estar enterrado en la Basílica, pero sí cumple con lo “requerido” por la ley: cayó en combate.

Los familiares de Franco asumieron poner en manos de la Iglesia los restos de su familiar. Y por eso, ahora, por mucho que pataleen o pongan mala cara, no tienen nada que decir al respecto cuando el Abad se muestra de acuerdo con la decisión del Gobierno. Les tocará, pues, decidir qué destino quieren darle al dictador. Pero eso ya no es cosa nuestra. Lo nuestro es decidir entre todos qué hacemos con los demás restos, los restos del franquismo. Que ya era hora.

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