Los inspectores del Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, que actúan de peritos judiciales en el Caso Bankia que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, van a elaborar un tercer informe sobre la situación financiera de la entidad en su salida a bolsa tras conocerse los correos internos del instituto emisor de los que se desprende que el regulador conocía la situación del grupo BFA-Bankia. Una situación que hacía inviable su salida a bolsa en julio de 2011.

El nuevo informe se va a elaborar a instancia de los propios peritos judiciales, lo que ha sorprendido a las partes personadas. Busquets y Sánchez Nogueras ya han presentado dos informes. El primero, que motivó el que Bankia tuviera que tenía que devolver el dinero a los pequeños inversores, decía que la entidad no tenía, en julio de 2011, suficientes provisiones genéricas para hacer frente a los deterioros ocultos.

Tras digerir una oleada de recursos de las partes personadas, incluido el Frob que actúa en nombre del Estado, los peritos se vieron obligados a redactar un segundo informe en el que reconocían la existencia de dichas provisiones aunque insistían en que con las mismas no se podía hacer frente al agujero inmobiliario que tenía Bankia antes de su salida a bolsa.

Ahora caben dos posibilidades en el nuevo informe: que los peritos se ratifiquen en lo expuesto en este segundo informe, o que, por el contrario, lo más probable es que basándose en los correos elaborados por sus compañeros den nuevas explicaciones.

El asunto tiene su importancia ya que tanto el juez Andreu como la fiscalía Anticorrupción consideran este asunto clave para poder cerrar la investigación. El caso fue declarado “complejo” el pasado verano por lo que el magistrado tiene hasta finales del año que viene para convertir el sumario en procedimiento abreviado y decretar la apertura de juicio oral señalando definitivamente cuántos acusados por el delito de estafa se sentarán en el banquillo. No obstante, tanto Andreu como el Fiscal no quieren agotar el plazo. El problema que surge es que si los inspectores señalan alguna responsabilidad del Banco de España, en el que entonces era gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y subgobernador, Fernando Restoy, habrá que admitir a trámite el recurso presentado por la Confederación Intersindical del Crédito, que actúa como acusación particular y llamar a declarar a ambos en calidad de investigados (antiguos imputados).

En esta ocasión, el Frob, que en primera instancia se opuso a estas imputaciones, ha señalado, en un escrito, que ni se opone pero tampoco se adhiere a la petición de la acusación particular. El Fiscal, aunque ahora no se ha pronunciado, muy probablemente seguirá oponiéndose a la imputación porque considera que al regulador no se le puede acusar de un delito de estafa, sólo atribuible a los administradores de la sociedad. Con las opiniones de estas partes, Andreu deberá decidir. En un principio no les imputó, pero, ahora, con las conclusiones que se han sacado de los correos internos del Banco de España cabe la posibilidad de que cambien de opinión.

Lo que sí parece cierto es que el cerco a Fernández Ordóñez y Restoy se está estrechando. La existencia o no de las provisiones genéricas en julio de 2011 es la clave de la Causa, y es lo que los peritos deben aclarar de una vez por todas. Si confirman dicha inexistencia, la cúpula del Banco de España se verá en un grave aprieto ya que en los correos, los inspectores avisan de tal eventualidad. Y no está nada claro que en tal supuesto, Fernández Ordóñez y Restoy, no tengan responsabilidades de tipo penal. La instrucción judicial del Caso Bankia todavía está abierta, y queda mucho por resolver.

 

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