Eugenio Calabuig en una visita al Oceanografic de Valencia

La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) ha solicitado cuatro años de prisión para los directivos del Banco de Valencia (BdV) por un agujero de casi 30 millones de euros ocasionado a la entidad financiera en la adquisición de un paquete de acciones de Costa Bellver, la promotora urbanística vinculada a la familia Calabuig. Apabankval reclama la misma pena de cárcel para los hermanos Calabuig: Eugenio –gerente de la constructora Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), cabecera del holding familiar, y de Aguas de Valencia/Global Omniun–, y sus hermanos Enrique, Celia, Pedro y María Mercedes, a los que considera cooperadores necesarios al haberse supuestamente lucrado con la venta de las acciones a un precio muy superior al de mercado.

La petición de penas de cárcel que realiza Apabankval es mucho más dura que la solicitada por Bankia, también personada como acusación particular en la causa como parte damnificada, que solo ha pedido 2 años de prisión para los implicados. Además, mientras Bankia reclama la restitución del dinero perdido, unos 28 millones de euros, los pequeños accionistas exigen indemnizaciones por importe muy superior: más de 70 millones por varios conceptos.

Con esta petición Apabankval, personada como acusación particular en el procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se suma a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido la apertura de juicio oral contra la cúpula directiva del Banco de Valencia al considerar que existen indicios de administración desleal en la compra de acciones de Costa Bellver a precios inflados.

El escrito de los pequeños accionistas afectados por el supuesto desfalco se dirige contra los directivos de la entidad, Domingo Parra y Aurelio Gómez, para quienes solicita cuatro años de prisión, mientras que para José Cortina y Manuel Setién reclama dos años en concepto de cooperadores necesarios.

Apabankval considera probado que Parra actuó al mismo tiempo como representante del BdV –director general y consejero delegado– y como consejero de la sociedad Inversiones Financieras Agval (IFAGVAL), sociedad vinculada al grupo Aguas de Valencia, propiedad de los Calabuig. Durante el tiempo en que el acusado ejerció ambos cargos de forma simultánea se llevó a cabo una operación irregular. Pedraz investiga si el Banco de Valencia concedió un préstamo a la empresa Aguas de Valencia para que comprara acciones de Costa Bellver, también propiedad de los Calabuig. Tras adquirir los títulos y revenderlos al Banco de Valencia a un precio exagerado, los Calabuig generaron unas plusvalías muy superiores al precio que habían pagado inicialmente por cada acción de la empresa. Así, la familia castellonense, “a través de ellos mismos y de Fucsa, adquirieron un total de 612 acciones de Costa Bellver por un importe de 18,7 millones de euros, lo que supuso que se pagó cada acción a un precio medio de 30.896,25 euros”. Sin embargo, el 29 de mayo de 2009 IFAGVAL, representada por el acusado Domingo Parra, en calidad de secretario del Consejo de Administración de dicha entidad, compró 594 acciones de Costa Bellver por importe de casi 50 millones de euros (84.088 euros por acción), que el BdV pagó mediante cinco cheques a favor de los hermanos Calabuig.

Domingo Parra, como representante del Banco de Valencia y consejero de IFAGVAL, estaba obligado a cumplir con la normativa de su banco pero según los accionistas perjudicados no lo hizo. “Una vez recibida, analizada, verificada y proyectada financieramente la oportunidad de inversión y realizadas las negociaciones con el empresario en cuestión”, debió someter la compraventa de acciones a la aprobación del Consejo de Administración del banco valenciano, “sin que conste que el acusado presentara esta operación para que fuera aprobada, incumpliendo la normativa interna del BdV”.

Se calcula que la entidad financiera desembolsó un precio 195 veces superior al pagado por Fucsa y los Calabuig, “sin que se haya acreditado una causa que justificara ese aumento de precio de la acción y especialmente en una situación general de crisis inmobiliaria”. De esta manera se benefició de forma fraudulenta a la empresa vendedora, al transmitirse el paquete accionarial a IFAGVAL por un valor de 84.088 euros por acción, cuando los Calabuig las habían adquirido tres meses antes por un valor medio de 30.664 euros por participación.

Mediante dichas operaciones, aprobadas también por el Consejo de Administración de Aguas de Valencia, se beneficiaron económicamente y de forma injustificada los hermanos Calabuig y la empresa Fucsa, ocasionando un perjuicio económico a IFAGVAL y también al BdV, que ha sido evaluado pericialmente en casi 5,5 millones de euros. “Los acusados, Domingo Parra, como director y consejero delegado de BdV, y Aurelio Izquierdo, como director general de Bancaja, beneficiaron a los acusados y hermanos don Eugenio, doña Celia, doña Mercedes, don Pedro y don Enrique Calabuig Gimeno y a la empresa Fucsa, que obtuvieron unas ganancias con la venta de acciones de Costa Bellver que de otra forma no hubieran conseguido, causando los acusados un perjuicio económico, ya concretado en párrafos anteriores, a las entidades financieras que representaban y todo ello con el auxilio imprescindible y conocimiento de los hermanos Calabuig”, asegura el escrito de acusación particular.

Apabankval es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el año 2011 con el fin de defender los intereses de los pequeños accionistas del Banco de Valencia no pertenecientes al Consejo de Administración.

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3 Comentarios

  1. Cuanto sinvergüenza hay en este país. Y que pobres los de la asociación acusadora, ojalá tengan suerte y no topen con la justicia corrupta de este país, desde 2011 luchando, justicia lenta, muy lenta, demasiado lenta, así se diluye la justicia en el tiempo… La que espera a los accionistas de banco popular, que lo van a querer tapar todo y lo van a alargar hasta el infinito…

  2. A ver si te va dar un tirón de espalda de tanto trabajar so cabron

    El juez Andreu requiere más información a Santander sobre Popular

    Fernando Andreu, el juez de la Audiencia Penal que investiga la causa penal contra los exgestores de Popular, ha vuelto a requerir a Santander que aporte la información que le ha solicitado.
    En una providencia a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, le reclama que facilite la documentación completa y sin tachaduras, según le reclamaban los grandes fondos afectados por la resolución de Popular, el caso de Pimco, otros afectados y la Fiscalía.
    Como comprador de Popular, Santander hereda un voluminoso frente judicial por la gestión de la excúpula del banco, al que se suman acciones por la propia disolución y la compra por un euro. A esto se añaden sus personaciones en procesos contra la Junta Única de Resolución (JUR) y el Frob y los requerimientos de información de que es objeto. Uno de los frentes judiciales más activos es el penal que dirime Andreu, que investiga la gestión de las excúpulas del banco, entre otras cuestiones, por la ampliación de capital de 2016. Los querellantes están
    intentando que se amplíen los ejercicios investigados, en lo que pesarían informes de la CNMV y multas del ICAC. En paralelo, Santander se enfrenta a miles de pleitos civiles en juzgados de toda España por la ampliación de capitalde 2016. En cambio, los recursos contencioso-administrativos presentados contra el Frob ante la Audiencia Nacional han quedado suspendidos hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE
    (TJUE) sobre los recursos que ha recibido contra la JUR. El TJUE sólo va a tramitar seis de los 97 que se han presentado.
    Por otra parte, Antonio Del Valle, que ha presentado un arbitraje contra España, intenta, junto con Pimco, que un juez de Nueva York obligue a Santander a publicar documentos clave en un proceso de ‘Discovery’.

  3. La Audiencia Nacional admite una querella contra el ex director financiero del Popular
    El Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella de la Asociación de pequeños accionistas de bancos (Apabanc) contra el exdirector financiero de Banco Popular

    Los pequeños inversores señalan al exdirectivo Javier Moreno Navarro por su participación en la elaboración de las cuentas que propiciaron el aumento de capital de 2.500 millones de euros que realizó la entidad en 2016.
    Según consta en el auto fechado el pasado 18 de junio al que ha tenido acceso Europa Press, el juezFernando Andreu entiende “procedente” la admisión de la querella, ya que el informe anual de gobierno corporativo de Popular aportado por los demandantes “pone de manifiesto su participación en la elaboración de las cuentas de la entidad bancaria, aprobadas por el consejo de administración en su reunión de 25 de mayo de 2016, en la que se acordó el aumento de capital de Banco Popular Español”.
    La querella interpuesta por Apabanc, en representación de 16 titulares de acciones de Popular perjudicados por su venta al Banco Santander por un euro, se dirige contra los componentes del consejo de administración de Popular, contra el exdirector financiero Javier Moreno y contra los auditores José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio Luis.
    La asociación denunciaba un “delito continuado societario de falsedad contable” por la formulación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas de Popular desde el año 2013, “sabiendo que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados del banco”. Asimismo, denuncia “el estado de insolvencia de la entidad” desde 2015 y el consentimiento de actos de disposición por parte de los administradores “que no podrían llevarse a cabo”.
    Otro delito al que se refieren los querellantes es la utilización de las cuentas del banco en 2013 para realizar emisiones de preferentes desde ese año, dos ampliaciones de capital y la influencia que tuvieron en todas las operaciones de compraventa de acciones desde 2013.
    La Audiencia Nacional recuerda en su auto que el objeto de la causa que se investiga es la ampliación de capital de 2.500 millones realizada por Banco Popular en mayo de 2016, así como los hechos acontecidos hasta la venta de la entidad en junio de 2017 a Santander, por lo que ha inadmitido la querella referida a los hechos que amplían dicho objeto de la causa.
    Así, el Juez Andreu ha excluido como querellados a Ana José Valera, que cesó como consejera en febrero de 2016 y no intervino en el consejo de mayo en el que se acordó el aumento de capital; a Aladín Fradin, consejero en representación de Banque Fédérative du Crédit Mutuel en 2015, ya que respecto a 2016 ya aparece como querellado el nuevo representante François Martín, a Allianz S.A. y al auditor de PwC José María Sanz Olmeda, ya que respecto a 2016 ya aparece como querellado el auditor Pedro Barrio.
    Sí investigará a Javier Moreno, al entender procedente la querella contra el ex director financiero, que también es la primera presentada contra él. El auto también admite las querellas contra Barrio, Martín, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, los exconsejeros delegados Pedro Larena y Francisco Gómez y el exvicepresidente de Popular Roberto Higuera.
    Otros exconsejeros contra los que se admite a trámite la querella de Apabanc son José María Arias (expresidente de Banco Pastor), Reyes Calderón, Antonio del Valle, Francisco Aparicio, José Ramón Estévez Puerto, Vicente Pérez, Vicente Tardío, Jaime Ruiz Sacristán, Carlos González, Helena Revoredo, Ana María Molins, Antonio González-Adalid, Jorge Orovigoicoeche.
    Asimismo, se ha admitido a trámite la querella contra Unión Europea de Inversiones y su responsable Luis Herrando y contra Sindicatura de Accionistas de Banco Popular Español y su responsable Miguel Ángel de Solís Martínez Campos.
    JAVIER MORENO, INTERVENTOR GENERAL Y DIRECTOR FINANCIERO
    Javier Moreno entró en Banco Popular en 1999, donde ejerció como director de Gestión de Riesgos, Capital y Financiación durante diez años. En 2009 pasó al cargo de subdirector financiero, el cual ocupó hasta 2011, cuando se convirtió en el interventor general de Banco Popular.
    Moreno tenía entre sus responsabilidades la elaboración de información financiera, regulación, relaciones con supervisores y auditores y control operativo de la red de interventores locales. Asimismo, participó en la planificación estratégica, las operaciones corporativas y el desarrollo del gobierno corporativo de Banco Popular y sus sociedades filiales. Fue en 2016 cuando ocupó el cargo de director financiero de la entidad.

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