El Índice de Precios al Consumo de octubre situó la tasa interanual en el 0,7%. Los expertos aseguran que, en diciembre, alcanzará el 1%. En los presupuestos que el Gobierno quiere consensuar con los grupos parlamentarios se contempla un incremento de las pensiones públicas de sólo el 0,25%. Está claro que jubilados y pensionistas van a empezar a perder poder de compra. Y no sólo eso. En 2017 la inflación prevista es del 2%.

En la reforma de la normativa en materia de revalorización de pensiones llevada a cabo por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014, se dejó claro que las pensiones sólo subirían “por encima del 0,25-0,5%, si la economía del país lo permite”. Y cuando se pidió concreción a este supuesto se habló no sólo del crecimiento del PIB y de la productividad sino “de la situación financiera de la Seguridad Social”. La “hucha” bajo mínimos es el mejor pretexto para no salirse de esa banda. Llegan los recortes para las clases pasivas de este país, hasta ahora, el único colectivo que ha sobrevivido a la política económica del gobierno de Rajoy.

Este es uno de los efectos que buscaba el Partido Popular con su reforma. La desvinculación de la subida de las pensiones a los precios creando un índice de revalorización propio. Hasta que Fátima Bañez modificó la ley, jubilados y pensionistas estaban pendientes del dato del IPC de noviembre porque suponía una revalorización automática y una paga, que se solía abonar en enero, con las diferencias retroactivas entre lo abonado y lo que correspondía teniendo en cuenta la inflación. Gracias a ello, el sistema público permitió, durante años, que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo.

Desde que en 2014 entró en vigor la nueva normativa, lo cierto es que esta eventualidad no se ha producido. La inflación, en los tres últimos años, se situó en niveles muy bajos, incluso en negativo.

Pero eso se ha acabado. Los precios vuelven a subir y los expertos están convencidos de que, en 2017, se situarán en el 2%. A esta circunstancia hay que añadir que la economía va a sufrir una fuerte desaceleración y que el déficit de la Seguridad Social va a ser el peor de toda su historia porque los empleos que se están creando no dan de sí lo suficiente como para sufragar los gastos mensuales. De hecho, en el Ministerio de Empleo se reconoce que sólo el 48% de los cotizantes son trabajadores a jornada completa y con bases de cotización lo suficientemente elevadas como para poder sufragar lo que se denomina “el sistema de reparto”, – los trabajadores en activo sufragan a los retirados-. Las cotizaciones del resto son insignificantes por dos razones: la primera porque están subvencionadas por la normativa en materia de creación de empleo, las famosas “tarifas planas”, y la segunda porque la gran mayoría de las cotizaciones las efectúan trabajadores con contratos a tiempo parcial lo que supone una fuerte reducción en las cuotas.

Así las cosas, esta semana, la ministra Bañez comparece en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo. Posteriormente lo harán un buen número de expertos que deben aportar soluciones a la crisis del sistema para apuntalar su sostenibilidad. El objetivo es concretar una serie de conclusiones antes de la primavera que permitan llevar a cabo una nueva reforma: la “enésima” del sistema.

De momento, lo que parece claro es que no se quiere tocar las prestaciones actuales. Si están perdiendo dinero los pensionistas, y encima se adoptan medidas como la propuesta de suprimir las pagas extraordinarias, se corre el riesgo de una fuerte contestación social. Y en el PP son conscientes de que las clases pasivas es un importante vivero electoral.

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