Atender a las declaraciones de la dirigencia española es sumirse en un vacío ético inmenso. Día tras día, y declaración tras declaración, se profieren ideas antagónicas, cuando no mentiras rampantes. El rubor está ausente. La vergüenza en retirada. Lo que ayer fue, hoy ya no tiene lugar. Y los consumidores se asocian a esta coprofagia de modo entusiasta. El propio Adolfo Suarez, con quién departí unos momentos en otros tiempos y lugares, y habiendo comprobado sus dotes de “saber estar”, acaba de llevarse consigo una gran mácula por servir a una idea de patria que nos envilece a todos. Es inaudita la enorme oscuridad que puede soportar un ser humano, a pesar de que el hecho de ser protagonista de la Historia debería bastar para los sacrificios que la tarea depara. La evidencia en una prueba documental irrefutable desmontó el engaño.
Un sistema que se asienta sobre mentiras no es gran cosa. Me pregunto si las intermitentes apariciones de los personajes del pasado no les permiten percibir el desprecio que pueden convocar sus actos. Triste espacio les reserva la Historia.
El inicio de la legislatura dejó al desnudo la España de la realidad, de aquella de los despachos y moquetas. Esta última le teme a la primera. La intención de ocultar las actividades corruptas o de poner fecha de finalización a las mismas, resulta poco creíble cuando se está a punto de liquidar el patrimonio del Estado en favor de intereses que no se corresponden con el tan aludido «interés de España». Tampoco responder que «no se sabe o no se recuerda», cuando se los interpela para que aclaren posicionamientos o acciones en relación a esos actos bajo investigación. Demás está recordar que, para que ciertas acciones queden fuera de las figuras jurídicas, simplemente se requiere legislar con laxitud o eliminando el soporte normativo vigente. Tampoco anunciando las próximas prescripciones del los delitos fiscales.
La resignificación de la figura del «imputado» por la del «investigado», no hace gran favor ni a la democracia, ni a las instituciones que deben velar por su calidad. La utilización de eufemismos, tal el caso de la «amnistía fiscal» por «regularización», entre muchos otros, desnaturaliza su esencia. También deberían decepcionar la credibilidad que les merecen a las víctimas del sistema. La precariedad energética, por ejemplo, ocasiona más de 7.000 víctimas anuales. Pero esos efectos los soporta la España de la realidad. La de las plazas y calles. La del frío y hambre que se extienden. Sigamos.
Según la Fundación CIVIO, entre 2009 y 2015 a la constructora ACS se han adjudicado de forma directa en todo el Estado 636 contratos por un importe de 2.736.210.924 euros. Esto lo he conocido por medio de un mail que me informa que, a través del proyecto “¿Quién cobra la obra?”. En él, la Fundación ha analizado todos los contratos de obra pública que se publicaron en ese período en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, tal y como informa la fundación, ACS ha formado parte de varias UTE que resultaron adjudicatarias de otros 184 contratos y que suman otros 3.897.141.278 euros. En total, ha estado presente en la adjudicación de 820 contratos que juntos alcanzan un valor de 6.633.352.202 euros. Los sobrecostes los dejamos para otro análisis, porque desde la propia dirección del estudio me confirmaron que ese dato no es accesible. Nos permitiría conocer “La Ruta del Dinero”. ¿De dónde se parte y hacia dónde se distribuyen los recursos públicos? Una gran parte de la deuda pública y del déficit generado van de unos bolsillos, los nuestros, a otros. Habría que ver cuáles.
Los contratos de obra publicados en el BOE entre 2009 y 2015 suman en total 38.828 millones de euros adjudicados a 2.600 empresas. De todas ellas, 10 constructoras acaparan la mayoría de las concesiones. Concretamente, 9.600 millones, un 25%, se le adjudicaron de forma directa a ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux Corsán, Villar Mir, Comsa, Copisa y Grupo Sando. Ese porcentaje asciende al 74% del total si se suma el importe concedido a estas compañías a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE), en las que al menos una de ellas ha formado parte. ¿No sé de qué me suenan estos nombres, tal vez en los procesos de corrupción en marcha?
La palabra del año, según Oxford Dictionaries, la sociedad que edita el Diccionario de Oxford, es “Postverdad”. El término denota «circunstancias en las que los hechos son menos influyentes sobre la opinión pública que las creencias personales y las emociones». Esto supone que apelando a las emociones y miedos básicos, se puede difamar, tergiversar, negar y contradecirse, todo en la convicción de que las personas “emocionalmente” no producirán un comportamiento político diferente al deseado. Confiarán en Rajoy, aún cuando produce afirmaciones que se “sienten verdad”, pero no se apoyan en la realidad.
Sin embargo, me resisto, porque nada debe ocultar la evidencia. El endeudamiento. El empobrecimiento. La corrupción. Las privatizaciones progresivas que en nada beneficiaron a los ciudadanos. Los donantes. Los sobres. Los patriotas. Daños y despojos por el “interés de España”.
El ejercicio activo de la “indignación social” puede ser el antídoto. Considéralo.
La Postverdad tuvo su antecedente en la Relatividad (y cuidado que todavía está instalada en casi todos, como frenillo para seguir sintiéndose «correctos» y moderados). Existe una Verdad No-Relativa (para que no digan los detractores de los Absolutos), que es la que se expresa en este artículo: Nos estafan.
Acudir a cada oportunidad de protesta contra la Estafa ha pasado para mí a ser un deber, sin ser de ningún partido o sindicato, sacándome de mi rutinaria comodidad.
Ya no existe la clase obrera, la clase media, etc. Existe la Clase Estafada. Estafados por la Mentira, que ofende a los pobres, y a los honestos sea cual sea su saldo bancario y sus propiedades actuales.