Una vez extinguido el plazo que la Jueza Carmel Lamela ha dado al expresidente catalán, Carles Puigdemont y a los 13 exconsellers del Govern para depositar una fianza de 6.207.450 euros, ésta podría proceder al embargo de los bienes de los miembros del Ejecutivo catalán cesado.

La magistrada advirtió de que deberían depositar la fianza en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarían sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.

La Fiscalía ya había solicitado que se impusiera esa fianza en la querella que presentó contra los promotores del 1-O ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ese tribunal no aceptó la petición.

Los 6,2 millones de euros se corresponden con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que fueron aprobadas para la celebración del referéndum 1-O y, posteriormente, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Lo habitual es esperar a la declaración de los imputados para decretar todas las medidas cautelares, pero en esta ocasión, la jueza primero fijó la fianza y no esperó a tomar declaración a los 14 querellados.

Por otro lado, esta semana Hacienda presentó denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que pide a la Fiscalía que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el gobierno de Puigdemont para la organización y celebración del referéndum con el fin de valorar el coste. En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados al proceso soberanista, incluidas las subvenciones que recibieron la ANC y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas, con el propósito de reclamar a Puigdemont y a los exconsejeros, las “indemnizaciones procedentes”.

 

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