El magistrado del ‘Caso Lezo’ cree que Florentino Pérez pagó 578.000 euros en comisiones a Ignacio González por un campo de golf.

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decretó el pasado martes la prisión eludible con fianza de 400.000 euros para Ignacio González, contenía datos importantes de la investigación del caso Lezo.

García Castellón, hacía suyas las revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acusaban a González de haber amañando las obras del Golf del Canal para adjudicárselas a dedo a la constructora ACS. A cambio, el grupo de Florentino Pérez habría abonado comisiones ilegales tanto al presidente, como a su hermano y su cuñado.

El magistrado, recuerda en su auto que el proyecto inicial para el solar de la instalación, previo la construcción de un parque con un estanque ornamental, un campo de fútbol al aire libre y un pequeño helipuerto, fue adjudicado a ACS en 2006, cuando Ignacio González era ya presidente del Canal y vicepresidente de la Comunidad de Madrid;    esos planes iniciales se sustituyeron por el finalmente construido, eliminando el helipuerto, e incluyendo dos campos de fútbol, ocho pistas de pádel y un campo de prácticas de golf.

“Cuando en el año 2006 el ente público Canal de Isabel II presentó el proyecto modificado, debió realizar una nueva licitación pública de dicho contrato ya que no puede considerarse una mera modificación no sustancial” del contrato inicialmente adjudicado al grupo de Florentino Pérez, explica el magistrado en su auto. En realidad, esa modificación, según el instructor era “un proyecto totalmente nuevo o una modificación sustancial del anterior proyecto”,  “No consta que se hiciese esa nueva licitación”, afirma.

​Ese nuevo concurso no se convocó porque, González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero, el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel y el socio de todos ellos, José Antonio Clemente Martín, se pusieron de acuerdo para que las obras las ejecutara de manera ilegal ACS “en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad de Madrid”, según detalla el auto. La manera de llevarlo a cabo fue a través de una empresa pantalla denominada Tecnoconcret por medio de la cual se cobrarían las comisiones ilegales pagadas por la constructora.

Tecnoconcret fue subcontratada por ACS para la ejecución de las obras de las instalaciones deportivas. Esa subcontrata se firmó “con pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental” y “constando documentación en la causa que acredita que la designación de esa mercantil se hizo por orden del Canal de Isabel II”, dirigido en ese momento por Ignacio González e Ildefonso de Miguel. En total, en los años 2006 y 2007, ACS pagó a esa sociedad algo más de 3,2 millones de euros, de los cuales 578.474 euros fueron a parar a los bolsillos de González y su entorno. “Este importe fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra”, mantiene el magistrado en su resolución.

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