EL PROCESO DE PAZ

“Se está engañando a la comunidad internacional acerca del verdadero alcance de los acuerdos de paz. Santos y las FARC llevan años mintiendo a la comunidad internacional y a los colombianos sobre el verdadero significado de estos acuerdos firmados”, afirma tajante el coronel Alfonso Plazas.

En una línea bastante parecida, e incluso más dura, se expresa el general Leonardo Barrero, quien asegura firme y rotundo:” Son unos acuerdos a destiempo y que no había necesidad de hacerlos. O al menos no haberlos hecho en esas condiciones, haciendo renuncias fundamentales sobre el papel del Estado y ofreciendo claramente la impunidad. Si el Estado no se arrodilló en el 2002, cuando estábamos secuestrados en las ciudades y las fuerzas criminales tenían más de 40.000 hombres, cuando no se podía ni transitar por todo el país, ¿por qué ahora se tenía que arrodillar ante siete mil guerrilleros para conseguir beneficios políticos y jurídicos para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad? E incluso para acabar despenalizando el narcotráfico y para legalizar sus fortunas -las de los terroristas- en el exterior. Entonces, pienso, en esas condiciones no había ninguna necesidad de firmar un acuerdo. Yo creo que el mejor camino hubiera sido seguir apostando a la política de seguridad democrática, generando confianza en la gente, y con los resultados que esa buena dirección aportó a la economía”.

El coronel Luis Alberto Villamarín, escritor, analista de la CNN y conocedor en profundidad de los conflictos en la escena internacional, va más allá y liga el proceso de paz al aumento de los cultivos de coca:” El aumento de cultivos de coca se relaciona directamente con el pacto Farc-Santos. Las Farc se apropiaron del control geopolítico de esas zonas cocaleras, se autodeclararon “voceros” de los cultivadores, instalaron allí sus “disidencias”, legitimaron el control paraestatal reconocido por el estado y continuaron el desarrollo de su plan a estratégico de cooptar zonas apartadas del poder central. De remate, el Estado les financió la cooperativa Ecomun para que tengan absoluto control geohumano, mientras sus arcas siguen creciendo y fortaleciendo la estructura política en todo el país”.

Para el general Rito Alejo del Río, el problema reside en que los negociadores elegidos para llevar a cabo las negociaciones no estaban preparados y erraron claramente en la técnica para llevar a cabo las negociaciones.” Ni estaban preparados ni estaban a la altura de las circunstancias, era gente absolutamente incapaz para afrontar esas negociaciones. Creo que con el tiempo la Justicia tendrá que investigar muchos aspectos irregulares que hay en torno al proceso de paz. Santos, además, ha dejado en bancarrota al país y ahora no hay fondos para asuntos fundamentales, como la educación y la salud. El país ha quedado sin recursos”, asegura este veterano militar. Y concluye de una forma taxativa:” Lo que comienza mal termina mal. El proceso desde sus orígenes estaba viciado y no podía concluir de otra forma que como ha concluido. La negociación fue un fiasco total. La Fuerza Pública no tuvo representantes en las negociaciones. El cuestionado general Naranjo tuvo un papel nefasto”.

 El acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asegura el general Jaime Ruiz Barrera -presidente de Acore-, ha sido un monumental fraude. Y añade firme: “Sobre este tema del proceso de paz tenemos suficiente información de lo que ha acontecido y tenemos distintas fuentes para analizar el asunto en profundidad que nos han confirmado el gran engaño de que, finalmente, lo que se anunció no es lo que es realmente se firmó. Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastos ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque. Fuentes muy serias y competentes con las que nos  hemos reunido últimamente, como las Naciones Unidas, coinciden con nosotros, en el sentido de que una buena parte de los acuerdos firmados en la práctica no han sido aplicados”.

 Un general que prefiere no identificarse y que fue juzgado en su momento por los acontecimientos acaecidos en el Palacio de Justicia –aunque después absuelto tras pasar algún tiempo detenido- asegura que “el proceso de paz fue un fracaso porque se incumplieron asuntos fundamentales como la obligación del Estado de invertir en el campo” y también porque el presidente Santos, y en definitiva su gobierno, no cumplieron con sus obligaciones económicas con respect a los desmovilizados de la guerrilla.

En definitiva, casi todos los consultados mantienen una actitud muy crítica hacia el proceso de paz y se muestran muy escépticos con respecto al alcance que puede tener la implementanción de los acuerdos firmados en La Habana. Los militares muestran una absoluta desafección hacia la anterior administración, presidida por Juan Manuel Santos, y están a la expectativa de cómo se desarrollan con la nueva admistración que camina ya de la mano del presidente Iván Duque. 

 

EL AUMENTO DE LOS CULTIVOS DE COCA

El coronel Plazas señala claramente a la administración presidida por Juan Manuel Santos de ser la responsable del aumento en los cultivos drogas en el país, tal como apunta y acusa sin pelos en la lengua:” Me precio de haber sido protagonista y testigo de la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Alvaro Uribe, y conozco de primera mano el gran esfuerzo que se hizo en ese sentido. Y conseguimos, en un periodo de tiempo relativamente breve, pasar de 156.000 hectáreas a 40.000, tal como ha dicho antes. Cuando Santos llegó al gobierno, a mi entender en una decisión errónea, suspendió las fumigaciones por glifosato, y decidió cambiar unas políticas hasta antaño exitosas por el actual proceder, que por supuesto no ha dado ningún resultado. Se está intentando una erradicación manual que ya ha costado varias vidas porque cada vez que las fuerzas militares tratan de eliminar cultivos se enfrentan con campesinos hostiles que no quieren que les quiten su principal sustento. Este gobierno ha permitido que los cultivos ilícitos crezcan sin medida y nos enfrentemos a este problema que incluso puede crecer hasta las 250.000 hectáreas, de tal forma que el dinero invertido por los Estados Unidos en el Plan Colombia se haya perdido totalmente por la negligencia interesada de Santos y sus pactos con las FARC.  Más de 10.000 millones de dólares se han perdido para nada”.

 “Cómo puede haber paz en un país que pasó de 40.000 hectáreas de cultivos de coca a 200.000? El motor que mueve e inspira a casi todas estas actividades criminales es el narcotráfico, no cabe duda. Tampoco hay políticas desde el gobierno de la nación para erradicar esos cultivos ilícitos y se han propagado como nunca antes en Colombia. En esas circunstancias, sin que nadie actúe, es muy difícil que las cosas cambien”, señala el general Barrero al ligar el narcotráfico con el deterioro de la seguridad ciudadana. 

 Para el coronel Villamarín, la respuesta este desafío apunta hacia  una política y una respuesta firme por parte del Estado, tal como afirma: “La respuesta pasa por adoptar políticas integrales de Estado, no de gobierno. Todos los ministerios deben hacerse presentes con proyectos concretos y enfocados a desbaratar esa estrategia de las Farc. La erradicación y la acción militar deben ser paralelas y no únicas como solución al problema. Lo segundo es consensuar y comprometer la participación internacional para combatir el consumo, el lavado de activos, el tráfico de armas y otros delitos conexos”.

 “Las organizaciones como las FARC recurrieron a este negocio, el tráfico de drogas, para obtener dividendos y el sistema lo han perfeccionado hasta construir toda una estructura criminal que, incluso, cuenta con la ayuda del exterior, como es el caso claro de Venezuela. Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo. El caso venezolano es absolutamente oprobioso, ya que no solo participa en el comercio ilegal sino que también protege a los líderes de las FARC que están en el negocio ilícito del tráfico de drogas”, señala el general Ruiz Barrera señalando las conexiones FARC-Venezuela como las responsables en el aumento del tráfico de drogas.

“Existe una alianza tácita entre los carteles de la droga, incluso señalaría a los mexicanos, como el de Sinaloa, y las FARC para producir, exportar y traficar con la cocaína que se trasladaría desde territorio venezolano hacia sus principales mercados. El cultivo de más de 290.000 hectáreas de coca en el país, que ha aumentado significativamente durante los últimos años, acabará acarreando graves conflictos y más violencia en el país”, señala el general ya citado anteriormente que prefiere no identificarse y que estuvo al frente de los servicios de inteligencia del ejército durante años.

 Como conclusión final, hay que reseñar la coincidencia unánime en que las FARC se han convertido en el mayor cartel de la droga de Colombia y, quizá, del continente, habiendo aumentado su poder y capacidad para exportar la coca durante la “tregua” nunca declarada en el curso del proceso de paz.

 

 EL DETERIORO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Para el general Barrero el probrema reside es que pese a los acuerdos de paz con las FARC, el deteriro de la seguridad es notalble en todo el país, asegurando tajante y firme: “Nada de nada ha cambiado. Incluso los ataques parecen haberse multiplicado. Los informes de las Naciones Unidas ya alertan del actual estado de cosas. Lo que ha ocurrido es que cada espacio territorial de desmovilización de la guerrilla han surgido grupos disidentes que siguen ejerciendo la violencia. A este problema se le viene a sumar que en esas zonas de violencia conviven el narcotráfico, la minería ilegal y bandas criminales que operan sin control. Luego el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue muy activo, incluso con más capacidad que antes, y sin descartar que en algunos casos haya habido un simple cambio de brazalete. También hay luchas por el control de las rutas del narcotráfico y otros conflictos territoriales que explican muchas de las matanzas que se han producido últimamente. Mucha gente cree que está habiendo más violencia, más muertos, que antes de los acuerdos de paz. El mensaje ha sido claro: cuando una regala la autoridad del Estado y su legitimidad a cambio nada, sólo consigue la impunidad y la violencia”.

 Y de forma resumida Barrero concluye explícito:” Todos los días hay atracos y hechos violentos en todo el país, es evidente que reina el descontrol y de violencia desmesurada porque no hay autoridad. Creo que se envío un mensaje equivocado a la sociedad, en el sentido de que unos criminales fueron autorizados a entrar en política y lograr la impunidad sin pagar los crímenes perpetrados”.

 El general Alejo de Río sostiene que las FARC siguen activas y ligadas a numerosas actividades delictivas, lo que ha provocado más criminalidad e inseguridad en el país:” Las FARC se ha transformado en varias organizaciones criminales y siguen activas. Están activas y participan en varias actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. Las FARC al día de hoy cuentan todavía con 7.000 hombres en armas y el Secretariado sigue al frente de esos grupos no desarmados todavía. Iván Marquez sigue al frente”.

 Mientras que, para el general Ruiz Barrera, de Acore, la situación es alarmante y exige medidas al nuevo presidente Duque. “Muchas fuentes aseguran que incluso los delitos se han incrementado exponencialmente en muchas partes del país, como en el Cauca, Catacumbo, Aracua, Putumayo, el Chocó y el Valle, por poner solamente algunos ejemplos. La criminalidad aumentó espectacularmente en estos años y así me lo han hecho saber muchas fuentes. Y me consta.  El gobierno saliente, el de Santos, ha tratado de maquillar las cifras sobre la criminalidad en el país, pero la situación es muy preocupante y los delitos de todo tipo aumentaroyn en estos últimos años. Se requieren acciones inmediatas, tal como le hemos planteado al presidente Duque, y como primera medida, creo, se debe aumentar el pie de fuerza, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en general porque si no se seguirá desbordando esta criminalidad hasta niveles insoportables para el país”, concluye este veterano militar. 

 Para otro general no identificado pero ya citado en este trabajo, con resposabilidades en el pasado en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el problema reside en que muchas de las antiguas estructuras de las FARC siguen operando e incluso dedicadas a actividades ilícitas, tales como la minería illegal, el narcotráfico y otras actividades criminales que nunca abandonaron porque nunca llegaron realmente a abandoner las armas.

 La seguridad ciudadana, por tanto, ha empeorado durante el periodo del presidente Santos según sostienen estos militarer y el nuevo presidente, Iván Duque, tendrá que emplearse a fondo para hacer frente a este gran desafío.

 

LAS NEGOCIACIONES CON EL ELN

“Ya hemos tenido experiencias con el ELN, un grupo con el que negociar es muy difícil y muy poco viable llegar a un proceso de paz negociado propiamente dicho. Son muy radicales y, sinceramente, no creo que vaya a prosperar por eso que he dicho antes. No conozco las interioridades de esas negociaciones pero seguramente el ELN debe estar exigiendo mucho más que lo que las FARC exigieron en las negociaciones de La Habana y de lo que se les dio a este grupo. Le será muy difícil al próximo gobierno aceptar esas condiciones y darles lo que piden, creo que es un objetivo casi de imposible cumplimiento para la nueva administración que presidirá Iván Duque”, afirma el general Héctor Fabio Velasco al mostrar su pesimismo con respecto a un acuerdo con el ELN.

En la misma línea se muestra el general Ruiz Barrera, quien sostiene: “Duque ya advirtió que hay ponerle términos a esas negociaciones y un sistema de verificación de lo que se pueda acordar. Después, el ELN, a través de uno de sus voceros que responde con alias de “Pablito”, que dicho sea de paso es uno de los más radicales de esta organización, que no aceptan precondiciones previas. Con lo cual, mi conclusión es que será muy difícil llegar a acuerdos porque tienen posiciones muy radicales. Están amenazando claramente al presidente Duque de que está en la disyuntiva de paz o guerra, así de claro. Son impositivos y están poniendo al país ante un ultimátum que el presidente Duque creo que no lo puede aceptar, es decir, me muestro pesimista con respecto a un proceso de negociación con este grupo”.

 Todos los militares subrayan, sin excepción, que el proceso de diálogo con el ELN será muy difícil por las características de este grupo y no creen que se llegue a un acuerdo similar al alcanzado entre el gobierno de Santos y las FARC.

 

LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ Y LOS JUICIOS A LOS MILITARES

“La JEP no es ninguna garantía para nosotros, los militares, por el hecho de que los jueces de la misma han sido seleccionados por cinco personas de las cuales tres son extranjeros y de reconocida simpatía con la ultraizquierda. También los de aquí son de conocida trayectoria izquierdista por lo que consideramos que no se dan las condiciones para que los militares sean tratados con imparcialidad. Primero, como ya he dicho, no se dan las condiciones objetivas ni de justicia para ser tratados con imparcialidad y, en segundo lugar, en contra de lo que había dicho el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se nos coloca al lado y se nos da el mismo trato que a delincuentes y terroristas dedicados ahora al narcotráfico. Son terroristas que han violado los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad, lo cual es, en conjunto, lo suficientemente grave para que sea equiparado a lo que hicimos los militares”, señala el general Héctor Fabio Velasco al referirse a la JEP. 

Con respecto a los juicios a los militares y que se produzca una situación similar a la de los militares argentinos, asegura Velasco: “Yo no lo dudo y sabemos que esa es una de las consignas de la ultraizquierda a nivel continental y la JEP parece parte de ese proyecto, que no existe en ninguna parte del mundo, todo hay que decirlo. El origen de todo este asunto, al menos en Colombia, tuvo que ver con la supresión del Fuero Militar y con un error político al que fue inducido, mal asesorado, el presidente Uribe y que nos ha llevado a este punto crítico en el que estamos ahora”.

 También considera que esta ofensiva por parte de la izquierda contra los ejércitos va a continuar en Colombia, como en otras partes de América Latina. “Vemos que en Argentina y Chile se ha concretado esta ofensiva. Aquí tendremos que plantear una estrategia contra esos ataques, que son bien planeados, contra nuestras Fuerzas Armadas y nuestros hombres. Aquí lo que se está tratando es de exonerar a los responsables de las FARC, que son responsables de delitos de lesa humanidad. El fondo de este asunto es equipararnos a los militares con esos criminales, algo realmente aborrecible y que no es de recibo”, asegura el general Héctor Fabio Velasco.

 Sobre la JEP el general Rito Alejo muestras sus reticencias hacia la misma de una forma clara:” Estamos en una gran discusión sobre ese asunto, aunque mi impresión personal es que habrá que reformarla. Yo creo, además, que no se conocen todos los detalles y lo que realmente aconteció en las negociaciones entre el gobierno de Santos y los terroristas de las FARC. Se habla de que hubo mucho dinero por medio, contratos jugosos que beneficiaron a determinados círculos…Incluso muchos militares parece que están implicados en esos contratos y se dieron circunstancias claramente irregulares. Algún día conoceremos la verdad de lo que realmente aconteció en La Habana”.

 También muestra sus temores a que los militares colombianos acaban juzgados como ha ocurrido en otras partes del continente y así lo expresa: “Tal como veo las cosas, y con lo que está ocurriendo en el país, para allá vamos. Creo que la corrupción ha llegado hasta los niveles más altos, incluido el presidente, mientras se crean cortinas de humo para ocultar la realidad. A mí, por ejemplo, me han tratado de implicar hasta en el asesinato de Alvaro Gómez, y yo ni siquiera estaba en la ciudad. Me querían implicar con una intención clara: desviar la atención de quienes eran los verdaderos responsables del crimen de Alvaro Gómez, entre los que se encontraban los representantes más genuinos de la mafia colombiana”.

Finalmente, el general Ruiz Barrera expresa más sus dudas sobre los magistrados que ejecutarán la JEP que no sobre esta institución en sí misma: “ El instrumento como tal para justicia me parece válido, y no pongo objeciones al mismo, pero para mí el problema reside en quienes lo van a aplicar. El gran rechazo por parte de las institución armada, tiene más que ver con los responsables que finalmente ejecutarán la JEP que con la JEP en sí misma, esa nuestra posición oficial y así lo hemos explicado en las instancias en las que fuimos llamados. Nosotros, entonces, vimos que la JEP nos parecía como dar un salto al vacío y desde las reservas hubo una serie de contactos con algunas fuerzas políticas presentes en el legislativo colombiano, viendo que había una buena conexión y que compartíamos casi el mismo discurso. Así conseguimos que algunos impedimentos que nosotros teníamos con respecto a la JEP fueran recogidas y aceptadas por varios grupos políticos”.

 

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