El juez Pablo Llarena en una conferencia de FAES

Las sospechas en torno al nombramiento de Pablo Llarena como juez instructor del Procés, que Diario 16 ha venido publicando en exclusiva desde hace unos meses, se extienden ya a todas las causas contra aforados seguidas en el Tribunal Supremo en el año 2017.

En el año 2017, según los datos a los que ha tenido acceso Diario 16, se incoaron quince causas contra aforados en el Supremo de las que cuatro fueron admitidas a trámite. El primero de ellos fue el procedimiento abierto al diputado de Unidos Podemos y ex sindicalista Diego Cañamero, en febrero de ese año, por supuestamente presionar a los empleados de la finca sevillana de La Rinconada para que fueran a la huelga en 2011, en el que se nombró instructor a Andrés Martínez Arrieta que sobreseyó la causa en el mes de junio al considerar que nada probaba que el diputado cometió un delito.

El segundo procedimiento fue abierto el 28 de septiembre de ese año a Pilar Barreiro, senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena (Murcia), por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho, en relación con un supuesto pago con dinero público de sus campañas de imagen. La Sala designó instructora de esta causa a la magistrada Ana María Ferrer García.

El tercer procedimiento fue admitido a trámite de forma meteórica en un solo día, el 31 de octubre de 2017, cuando la querella de la fiscalía se presentó ante el Tribunal Supremo a penas veinticuatro horas antes. Se trataba naturalmente de la causa del Procés, en la que fue nombrado instructor Pablo Llarena Conde.

El cuarto procedimiento fue el segundo abierto a Diego Cañamero ese año 2017, esta vez por su participación en la huelga del servicio de basuras en El Coronil (Sevilla) en 2013. La Sala de lo Penal en fecha 14 de noviembre pasado estimó los indicios por coacciones y un delito de resistencia a la autoridad incluidos en la exposición razonada que remitió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción 4 de Utrera. El Magistrado instructor designado fue Antonio del Moral García.

Las Normas de reparto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo previenen un turno riguroso de antigüedad para la designación del magistrado instructor en las causas contra aforados.

En el año 2017 el orden de antigüedad de los magistrados integrantes de la Sala 2ª del Tribunal Supremo era el siguiente:

  • Andrés Martínez Arrieta.
  • Julián Artemio Sánchez Melgar.
  • Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
  • Francisco Monterde Ferrer.
  • Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
  • Luciano Várela Castro.
  • Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
  • Antonio del Moral García.
  • Andrés Palomo del Arco.
  • Ana María Ferrer García.
  • Pablo Llarena Conde.

Como se puede comprobar fácilmente, el turno de antigüedad sí que se observó en el nombramiento del primero de la lista, Andrés Martínez Arrieta, como magistrado instructor de la primera de las causas contra Diego Cañamero en febrero de 2017.

Sin embargo la cosa empezó a torcerse con el nombramiento en septiembre de 2017 de Ana María Ferrer García –pasando del primero a la antepenúltima de la lista de candidatos disponibles–  como magistrada instructora de la causa abierta  contra la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro.

El asunto de las designaciones siguió torciéndose con el nombramiento de Pablo Llarena en la causa del Procés ya que era el más inexperto de todos los componentes de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y por tanto el último de la lista de todos los magistrados disponibles. Sin embargo, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa que ha procurado la crisis política más grave de toda la historia de nuestra democracia reciente.

Para rematar las anomalías en la segunda causa contra Diego Cañamero se nombró a Antonio del Moral García cuando delante de él había 6 magistrados más.

Está claro entonces que el turno de antigüedad dejó de observarse cuando ya parecía evidente que la Fiscalía General del Estado iba a presentar la querella por los hechos del 1 de octubre, y que el preferido por Manuel Marchena para ser investido magistrado instructor de la causa del Procés iba a ser Pablo Llarena Conde.

Por esa razón la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial avisando de la imputación a Pilar Barreiro, y del nombramiento de Ana María Ferrer García para justificar después el nombramiento del siguiente en la lista Pablo Llarena, era del 17 de octubre, lo que parece indicar que la fecha del 28 de septiembre que se le puso al Auto de admisión a trámite de las diligencias previas estaba falsificada.

A partir de esta falsedad se comprende entonces la prevaricación en la que consistió luego el nombramiento de Pablo Llarena como magistrado instructor de la causa del Procés.

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3 Comentarios

  1. Es que no es Llarena es que estamos en un proceso de secesión ya son 10 (diez) magistrados Lamela (AN), LLarena (TS) y Barreiro, Colmenero y Monterde (Apelaciones TS) y los 5 de apelaciones de la AN, quienes constatan la concurrencia inicial de todos elementos que precisa la calificación de SECESIÓN, sino rebelión (pág. 6) y plurales actuaciones de VIOLENCIA (pág. 17) Puedes leer el auto aquí:
    https://drive.google.com/file/d/1l8xk4qy1-SJJw-tZLp_WYb1oh1c93v3e/view?usp=sharing
    Es que ha habido unanimidad en 5 jueces del supremo y 5 de la AN. No es Llarena, es la Justicia

    • Cuando llegue la valoración del TEDH sobre el procedimiento seguido contra los independentistas, porque llegará, aunque tarde lo suyo, no se podrá salvar nada de la charca en la que nos estan metiendo. No encuentro mejor adalid del independentismo que a un TS que pone el Estado antes que el Derecho. Las consecuencias las pagaremos todos.

  2. Pero para llegar a eso se han saltado las leyes “de tres en tres”.Y de falsificar ya ni te cuento, así como retorcer las leyes que chirrían,vamos una vergüenza.

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