Los jueces seguirán sin estar obligados por ley a formarse en violencia doméstica y de género pese a que a partir de ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido actuar de forma proactiva y ofrecer estos cursos de especialización a todos los magistrados que obtengan plaza en alguno de los juzgados de instrucción, mixtos o penales, o en las secciones de las audiencias que lleven esta materia aunque no tengan competencia exclusiva sobre ella. Son en total 335 juzgados, al margen de los 137 existentes especializados en violencia contra la mujer, que sí están obligados a seguir estos cursos de 50 horas lectivas. Numerosos colectivos feministas vienen reclamando insistentemente una mejor y mayor formación en perspectiva de género a este colectivo para avanzar en la lucha contra esta lacra.

4.000 plazas de estos cursos de especialización se han cubierto en los últimos cinco años, aunque sólo 137 jueces estaban obligados

A día de hoy, y así seguirá siendo pese al anuncio del órgano de gobierno del Poder Judicial, sólo los jueces al frente de juzgados de Violencia Doméstica y de Género son los que están obligados a recibir formación en la materia de perspectiva de género. El resto seguirá optando a ella de forma completamente volutaria.

Hasta ahora, estos cursos se han venido prestando a unos 4.000 jueces en los últimos cinco años, según datos del órgano de gobierno de los jueces. Con este nuevo impulso del CGPJ pese a que la ley no permite obligar a los jueces a cursar esta formación indispensable para luchar contra la lacra de la violencia de género, el servicio de formación del Poder Judicial facilitará a los magistrados estos cursos de forma directa, sin necesidad de someterse a la selección previa prevista, como norma general, en el Plan Estatal de Formación de la Carrera Judicial.

El ofrecimiento de esta formación voluntaria por parte del órgano de gobierno de los jueces a sus integrantes da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, que desde el pasado 8 de febrero aprobó la ejecución de las medidas rubricadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados hace ya un año exactamente.

El encuentro de este pasado miércoles 19 estuvo presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. También asistieron, entre otros, la Fiscala General del Estado, María José Segarra; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop.

En relación con la medida 120 del Pacto de Estado, referida a facilitar la formulación de quejas por parte de mujeres víctimas de violencia de género, así como de los profesionales, por posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales, el Promotor de la Acción Disciplinaria ha propuesto insertar en la web del Observatorio un enlace directo al formulario online de presentación de quejas y reclamaciones; colocar carteles divulgativos (que en la actualidad están en fase de diseño y adquisición) en las sedes de los órganos judiciales con competencias en la materia; y designar dos personas con formación especializada en la Unidad de Atención Ciudadana (UCA) para que atiendan de forma exclusiva esas quejas.

El Servicio de Inspección, por su parte, ya realiza comprobaciones en relación con la efectiva comunicación entre los juzgados y los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección. Estas comprobaciones no sólo tienen por objeto el cruce de información sobre sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias en casos de violencia de género (como indica la medida 82); también se revisa si se han abierto las correspondientes piezas separadas para la tramitación de las medidas cautelares, si se está dando una tramitación preferente a las causas con órdenes de protección vigentes y si existen mecanismos de control en relación con la vigencia y duración de las medidas cautelares.

En su informe, el Servicio de Inspección propone mejorar el sistema de control sobre las órdenes de protección introduciendo un apartado expreso sobre el estado de las mismas en los formularios que se envían a los juzgados antes de la visita del inspector.

Asimismo, explica que ya se está llevando a cabo el control sobre el funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer y que, en el caso de detectarse disfunciones significativas, se elabora un informe que incluye una propuesta con las medidas de corrección necesarias. Para mejorar la detección de posibles disfunciones o incidencias relevantes que afecten a los órganos especializados, el Servicio de Inspección propone llevar a cabo una campaña anual de inspección virtual.

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