Las mujeres están denunciando cada vez más la violencia de género, también se están condenando a los agresores en los juzgados cada vez en mayor proporción, pero por el contrario también están muriendo cada vez más mujeres que denunciaron en su momento y no se tomaron las medidas legales oportunas para mantener lejos a sus verdugos. Una doble y lamentable realidad a la que desde el Observatorio contra la violencia doméstica y de género no se encuentra una respuesta clara y contundente. El caso más clamoroso de fallos concatenados se produjo sólo hace unos días en la localidad sevillana de Olivares.
Pese a que los expertos en violencia de género y todo el estamento judicial y policial son plenamente conscientes de que los agresores actúan con mayor virulencia una vez que sus víctimas han dado el primer paso de interponer una denuncia en los juzgados o la policía, este año casi la mitad de las mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o ex cónyuges había denunciado previamente la agresión. E incluso en el caso de Olivares se había rechazado la orden de alejamiento para el agresor.
Las órdenes de protección a las víctimas y alejamiento de los agresores siguen creciendo a un ritmo mucho más lento que el que demandan numerosos organismos implicados en la lucha contra la violencia de género. Durante el segundo trimestre de este años se han solicitado un total de 10.845 órdenes de protección, lo que significa un incremento del 3,74% respecto a las presentadas entre abril y junio de 2015. En un 52% de los casos solicitados, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Un 2% de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron menores de edad.
La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Ángeles Carmona, cree que la mayor visibilidad del fenómenos de la violencia de género conduce “invariablemente a las dos caras de una misma moneda”. Por una parte, los datos positivos registrados en este segundo trimestre de 2016, como son el aumento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores o el aumento de las condenas a los maltratadores, así como el incremento de las órdenes de protección concedidas, “no solamente el de las solicitadas”, recalca Carmona. “Y, aunque sea todavía escaso, sí quiero resaltar que han aumentado las denuncias de malos tratos que presentan familiares de las víctimas. Es en ese terreno, el de la concienciación y sensibilización social y familiar, donde más podemos ganar en el combate contra el terror de género”, ha explicado la presidenta del Observatorio durante la presentación del balance.
Entre los datos negativos, la presidenta del Observatorio muestra su preocupación por la elevada cifra de denuncias y, sobre todo, de mujeres víctimas de violencia de género. “Asumir como algo normal esas más de treinta y tres mil mujeres que han sufrido en un trimestre la crueldad de la violencia sexista es imposible”.
Porque los datos estadísticos certifican que en solo el segundo trimestre de 2016 más de 33.000 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género de las 36.319 denuncias presentadas en los órganos judiciales. En más de un 14% de los casos, la víctima se acogió a la dispensa de la obligación de declarar.
Un dato que sigue preocupando a la presidenta del Observatorio es que casi un 15% de las víctimas decide renunciar al proceso judicial. “Ello me obliga a insistir en la necesidad de potenciar los recursos sociales y asistenciales a disposición de las mujeres maltratadas, para que ninguna sienta desamparo y soledad en el difícil proceso que se abre tras la denuncia”, explica Carmona.
Aunque en el periodo tratado se han constatado más solicitudes y concesiones de órdenes de protección, siguen siendo “muy pocas”, según abogados de familia consultados por Diario16. Estas órdenes de protección obligan por la Ley de Violencia de Género al juez a convocar en 48 horas una comparecencia para escuchar a todos los implicados en la denuncia: víctima, agresor y representantes legales.
Durante el segundo trimestre de este año se han solicitado 10.845 órdenes de protección en los diferentes órganos judiciales. Un total de 9.587 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.258 lo fueron en los juzgados de guardia.
El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2015 creció a un escaso ritmo del 3,7%. Y lo que es más preocupante: casi la mitad de las órdenes fueron rechazadas. Solo el 59% de las órdenes de protección solicitadas fueron aprobadas por el juez, apenas un 3% más que en el mismo trimestre del año anterior. En los juzgados de guardia, se acordaron 911 órdenes de protección, lo que supone un 72% del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas un total de 347. Es decir, los jueces rechazan en los juzgados de guardia más de una de cada tres solicitudes de protección.
En un 52% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en un 48% restante la relación se había extinguido. Dato que se mantiene estable respecto al del año 2015. Un 2% de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres menores de edad.
Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 15.574 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión.
Abogados de familia denuncian a Diario16 que las órdenes de alejamiento se suelen denegar “sistemáticamente” por la amplísima mayoría de los jueces a través de un auto judicial que se tramita ipso facto al mismo tiempo que la víctima presenta su denuncia.
Al mismo tiempo, este segundo trimestre los juzgados de violencia han dictado 4.190 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Más de un 30% de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 26,4% resolvieron la atribución de la vivienda. En un 7,6% de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 6% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
Destaca en este apartado, según el Poder Judicial, que como consecuencia de las reformas legales operadas para la inclusión de los menores como víctimas de violencia de género se ha constatado un notable incremento de las medidas tendentes a una mayor protección de los menores, ya que la evolución interanual de las medidas de suspensión de la guarda y custodia refleja un incremento del 233%, mientras que la suspensión del régimen de visitas ha experimentado un crecimiento interanual del 65%.
