La “venta” del Informe Privilegial de Consultas y Reclamaciones de Ausbanc, Ipcra, era el sistema utilizado por Luis Pineda para llevar a cabo las presuntas extorsiones de las que le acusa el Fiscal. Informes elaborados por la secretaría general técnica y el gabinete de comunicación en los cuales, según declaraciones el propio Pineda al juez Santiago Pedraz, “se reconocen los puntos débiles del mercado financiero a través de situaciones reales analizadas por las sentencias emitidas”.

El presidente de Ausbanc reconoce su preferencia por este documento a la hora de negociar con los bancos “cuyo precio dependía de muchos factores como son el tamaño de la entidad a la que se ofrecía, y otros baremos que se establecía”. Asimismo, admite implícitamente que dichos baremos los establecía personalmente él, en función de “criterios puramente comerciales”.

La segunda fuente de financiación que indaga la fiscalía, la publicidad insertada en los medios cuya propiedad es del grupo editorial, aparentemente no obedecía a factores que puedan ser calificados de irregulares. Pineda, en todo momento del interrogatorio, asegura que “los ingresos por publicidad obedecían a unas tarifas publicadas en la página web del grupo, y que obedecen a criterios del mercado”. Es más, llega a insinuar que los precios por inserciones publicitarias “son algo más bajos. Perdíamos dinero, salvo en los casos en los que existían convenios”. Unos convenios que se convierten, para el Fiscal, en la segunda fuente de financiación, pero de la que, tal vez por la brusca interrupción del interrogatorio como consecuencia de la tensión que surge entre las partes, no se analizó en profundidad.

Por otra parte, los imputados en el caso niegan que se llevaran a cabo jornadas para pagar favores de jueces y fiscales afines. En tal sentido, el director de comunicación hasta el 31 de marzo, Hermenegildo García, señala que la organización de este tipo de eventos no “eran cosa de Ausbanc, sino que se lo encargábamos al Instituto de Gestión Gordios, cuyo presidente, el que fuera magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Heriberto Asencio Cantisán, era el interlocutor que perfilaba la organización del evento y se encargaba de establecer su precio y los honorarios de los participantes”. De hecho, el Instituto Gordios se encargó de organizar las jornadas de Consumeralia en Sevilla del pasado marzo, que se llevaron a cabo en los locales de la Fundación Caja Rural Sur, una entidad considerada “amiga” por el presidente adjunto de Ausbanc, Ángel Garay. Estas jornadas consistieron en la celebración de un foro judicial, y otro periodístico. La organización de este último, corrió a cargo de Jesús Ivorra, de RTVA.

En cuanto al Caso Noos, hay  una interesante manifestación del periodista, también imputado, Javier Castro Villacañas, del que, se dice, puso en contacto a Bernard y Pineda. Castro Villacañas asegura que, “a raíz del debate político y social que se había generado por el asunto del procesamiento de la infanta Cristina, Miguel empezó a recibir fuertes presiones. Desde jueces y políticos hasta militares, incluso un general de la guardia civil le llegó a insultar públicamente por lo que estaba haciendo. Y en ese contexto, fue en el que Bernard recibió del despacho de Miguel Roca, la oferta de retirar la acusación a cambio de tres millones de euros”.

Pineda también habla de sus relaciones con Bernard que circunscribe al “Caso Blesa”, en el que él fue “el abogado de manos limpias”. Pineda asegura, también, que “tuvo que frenar, en ocasiones, casos tan disparatados como el del Santander, en el que Bernard pretendía presentar una acusación formal contra la hija de Emilio Botín, por considerar que había asesinado a su padre”.

Pineda cuenta que todo este asunto comienza “con un escrito  presentado por un loco, que, posteriormente fue trasladado a un notario que quiso interponer una denuncia”. El presidente de Ausbanc dice que se enteró del asunto a través de una conversación que mantuvo con Juan Manuel Cendoya, director de comunicación del Santander quien, según versión de Pineda “le pidió que interviniese para acabar con este disparate”.

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