El caso Volkswagen, las clausulas suelo y las preferentes son, entre otros, ejemplos recientes de cómo se cometen macrofraudes en este país y las empresas que los cometen no sólo siguen campando a sus anchas, sino que son tratadas reverencialmente por las administraciones públicas. Mientras cientos de miles de usuarios son engañados por empresas sin escrúpulos, los gobiernos les ofrecen ayudas económicas que salen de nuestros mismos bolsillos, aquellos antes castigados por sus conductas abusivas, y utilizan públicamente eufemismos para esconder o suavizar sus abusos.

La DGT comunicaba hace unos días por carta a los propietarios de vehículos de la multinacional Volkswagen la llamada a revisión de aquellos afectados por una «incidencia» que consistía en la «instalación de un software que optimiza los valores de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) en el banco de pruebas».

La llamada «incidencia» es un fraude masivo a consumidores de todo el mundo, y la «optimización» a la que se refiere la DGT, en realidad una manipulación que la firma alemana llevó a cabo en 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación de los nuevos modelos pero que una vez en carretera dejaban que los coches contaminasen muy por encima de los límites legales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) era consciente en 2011 de que la mayoría de la banca española cometía «irregularidades» con la venta de preferentes y otros productos complejos, vendiéndoselos a pequeños inversores que desconocían en qué consistían estos productos y el riesgo que asumían. Eran ahorradores que confiaron en su entidad bancaria y que sufrieron un enorme daño tras ver cómo sus ahorros fueron secuestrados. La CNMV avisó a las entidades de sus malas prácticas pero las consintió y no las paró.

El Banco de España, que tiene como cometido supervisar el sistema financiero, también miró para otro lado pese a reconocer que existió una comercialización «deficiente» en la venta de las preferentes. Aquí nuevamente el uso de eufemismos («irregularidades», «comercialización deficiente»…) para lo que fue un gran fraude institucionalizado pensado para capitalizar un sistema financiero tocado.

Así lo dijo expresamente Luis de Guindos, Ministro de Economía, que admitió que las preferentes han sido «un gran engaño para el ahorrador español«. ¿Alguna consecuencia para quienes las comercializaron? Ninguna grave: sanciones ridículas a quienes engañaron de forma flagrante (400.000 euros a alguna entidad bancaria) y ausencia de responsabilidad penal por un fraude organizado.

Las cláusulas suelo fueron defendidas ardorosamente por el Banco de España en su informe ante el Senado el 7 de mayo de 2010, en el que justificó la legalidad de las cláusulas suelo de las hipotecas indicando que «estas cláusulas son admisibles como un elemento de estabilización de los costes (desde el punto de vista del cliente) y de los rendimientos (desde la perspectiva de la entidad) de los préstamos a largo plazo«, recomendando reforzar la educación financiera y concienciar a la clientela de los riesgos que representa la contratación de productos a largo plazo a tipos de interés variable.

No vio problemas generalizados en las prácticas abusivas de la banca en la contratación de los préstamos, y al igual que entonces defendió este tipo de cláusulas, ahora lo hace respecto de la irretroactividad de las sentencias que las declaran nulas, pues, según el regulador, devolver todo lo cobrado abusivamente minaría la capacidad de la banca para contribuir a la recuperación y al bienestar de los ciudadanos. Esa banca intocable que en estos años ha contribuido decididamente al bienestar de los ciudadanos con sus prácticas abusivas.

Los intocables son esa especie situada en la esfera del poder económico, político y mediático que no se ven afectados por el reproche y la sanción pública, aquellos que gozan de privilegios en el trato y que parecen tener un salvoconducto para la impunidad. Empresas que reconocen públicamente el engaño, empresas con numerosas sentencias judiciales que lo constatan y administraciones y gobiernos que renuncian a controlarlas, a perseguir y sancionar los fraudes y les ofrecen ayudas y prebendas. El grave problema que tenemos en España es el de la impunidad.

La impunidad de los intocables que trata de justificarse apelando a nuestra conciencia y responsabilidad, la de los castigados por sus propios fraudes, la responsabilidad para evitar el derrumbe del sistema financiero o la responsabilidad para evitar el cierre de fábricas y el despido de trabajadores. Los intocables y los gobiernos sumisos que los toleran y alimentan nos han tomado como rehenes de sus fines que no son otros que seguir alimentando un sistema económico depredador.

 

Artículo publicado en la revista Consumerismo

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