Ya no son los correos electrónicos en los cuales avisaron al anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de que Bankia tenía serios problemas durante la puesta en marcha de su OPV. La gota de agua que ha rebosado la paciencia de los inspectores del Instituto Emisor tiene que ver con el informe que emitieron sobre la venta de Torre Foster por parte de Bankia en la que han apreciado indicios de blanqueo de capitales. Acusan al equipo de Luis María Linde de haberlo filtrado lo que podría constituir una presunta violación de las normas internas. Los inspectores dicen que el ambiente interno en el Banco de España es “el peor en los últimos cinco años”.

La asamblea general de la Asociación de Inspectores ha autorizado a su junta directiva para que lleve a cabo las acciones legales pertinentes contra lo que consideran “filtración interesada” de un informe, todavía no concluido, emitido por algunos de sus asociados que estarían investigando irregularidades en la venta por parte de Bankia de la Torre Foster de Madrid a Muscary Property BV, una sociedad pantalla del fondo Tasameem Real Estate LLC, vinculado al viceprimerministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mansour, y al ex presidente de Cepsa Khadem Al-Qubaisi. Los inspectores apreciaron indicios de que no se había cumplido la normativa antiblanqueo y elaboraron un primer informe interno el pasado otoño.

Este informe es el que se ha filtrado. Los inspectores creen que se ha hecho desde la Comisión Ejecutiva del Banco de España con el propósito de advertir a Bankia del asunto y dificultar, así, la investigación. En un comunicado, la junta directiva de la Asociación de Inspectores avisa de que “hay riesgos de que en virtud de esa información facilitada se haya podido interferir con otras inspecciones o investigaciones en curso que pudieran estar realizando simultáneamente otros organismos públicos”.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España niega que se haya detectado en esta operación irregularidad alguna. Pero llueve sobre mojado. Unos días antes se había sabido que el Banco de España cambió la normativa contable tan sólo meses antes de que estallara la crisis económica provocada por la quiebra de Lehman Brothers. Ello permitió a Bankia poder sacar de sus cuentas varios miles de préstamos de dudoso cobro, lo que redujo la necesidad de provisiones que establece la normativa vigente.

Pero el malestar viene de circunstancias que se produjeron en tiempos muy anteriores. Cuando era gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Los inspectores no se explican que, a estas alturas, Fernando Andreu, el juez que instruye la Causa sobre la salida a bolsa de Bankia, siga rechazando la imputación de MAFO y de su “número dos”, Fernando Restoy cuando ya son públicos los correos enviados por el inspector jefe, José Antonio Casaus a sus superiores en los que advierte que la entidad, entonces presidida por Rodrigo Rato tenía “serios problemas de solvencia”.

El juez Andreu no advierte delito alguno aunque sí habla de negligencia por parte de la autoridad monetaria, a la hora de evaluar dichas advertencias.

Los inspectores recuerdan que, en otros casos, como el de Banesto en los años noventa, sus informes fueron determinantes para evaluar una situación de insolvencia que supuso la petición de responsabilidades penales para los gestores del banco. Eso sí, por aquél entonces, el servicio de inspección, a cargo del histórico José Pérez, era apoyado por sus superiores, Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo y Jaime Caruana. Hasta tal punto que el pánico se hacía evidente en las oficinas centrales de los bancos cuando los inspectores se personaban.

De esa época a ahora, las cosas han cambiado. Y mucho. Hasta tal punto que los inspectores de la máxima autoridad monetaria ni son temidos ni son respetados. De ahí su malestar.

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