Avite: Asociacion Victimas Talidomida España.

En el último Consejo Interterritorial de Sanidad la ministra Dolors Montserrat, se comprometió a dar una solución a los afectados por la Talidomida exponiéndoles un plan diseñando por el Gobierno, para dar respuesta a los afectados con quienes el país tiene una deuda histórica.

La Talidomida fue un medicamento dispensado a las mujeres embarazadas entre 1057 y 1063 como sedante y como calmante de las nauseas en los primeros meses de embarazo. Sin embargo, lo que verdaderamente causó, fueron enormes deformidades en los fetos que gestaban dichas embarazadas. Ahora estas personas, muchas de ellas con más de 60 años, presentan deformidades extremas. Todos ellos y sus familiares crearon la asociación AVITE (Asociación de Victimas de la Talidomida en España).

Pero la Talidomida no solo se dispensó en España. La molécula creada, entonces, por los laboratorios alemanes Grunenthal, también se dispensó en otros países causando las mismas deformidades a los afectados. Todos los Gobiernos de esos países denunciaron a los laboratorios Grunenthal, que fue obligado por los jueces a indemnizar con grandes sumas a los afectados. Todos, menos los distintos gobiernos que pasaron por España, que nunca hicieron nada por sus damnificados.

Tampoco es que el gobierno del Partido Popular lo tuviera entre ceja y ceja y estuviera obsesionado por solucionar el asunto, más que nada porque en gobiernos populares anteriores nada hizo al respecto. Todo obedece al cumplimiento del acuerdo gobernabilidad firmado por Ciudadanos de 150 puntos y que en su punto 50 dice exactamente: “Solucionar de una vez el problema de los afectados de Talidomida en España”.

La ministra dejo claro en su reunión con AVITE el pasado Consejo Interterritorial que este Plan se ha elaborado con los profesionales sanitarios, con otros ministerios, con el Instituto de Salud Carlos III, con las Comunidades Autónomas y también con grupos parlamentarios.

Según ha explicado el secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza, el Plan cuenta con un Comité Científico-Técnico, que coordina Encarnación Guillén, y una Comisión institucional, formada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el de Empleo y Seguridad Social, el de Hacienda y Función Pública y el de Economía, Industria y Competitividad, así como las Comunidades Autónomas, la Organización Médica Colegial y la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España.

EVALUACIÓN CASO POR CASO

Bajo la coordinación del Comité Científico, en septiembre se reabrirá el registro de afectados, evaluando caso por caso en una unidad de diagnóstico, de manera que este mismo año se pueda tener acabado el registro. Por otro lado, la ministra ha comunicado a los afectados que en los próximos meses se trabajará para definir y concretar los reconocimientos, las ayudas y las compensaciones. Además, se pondrá en marcha un Comité de seguimiento del Plan en el que estarán presentes los representantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Nada nuevo. Un organigrama similar al desarrollado cuando apareció el Síndrome Tóxico por el Aceite de Colza Desnaturalizado en 1981.

Varias son las Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-León, Cataluña y País Vasco, que ya se han puesto en contacto con AVITE, para que la asociación les pase el listado de afectados por Comunidades, que se encuentran incluidos en la base de datos de la Asociación. “Todo marcha sobre ruedas”, afirman desde la Asociación. “En 2018 los afectados por la Talidomida dejaran de mendigar en España”, afirma un portavoz de AVITE.

CIUDADANOS

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Francisco Igea, ha asegurado que “Se abre para las víctimas de la Talidomida el final de una etapa de 60 años de desprecio y silencio porque se va a identificar a todas”. Igea ha explicado que a partir de septiembre empezará a funcionar la comisión de evaluación, que “es el primer paso para poder pagar las indemnizaciones a partir de 2018”.

“España como Estado reconoce, al fin, que tiene que pagar esa deuda y lo va a hacer, primero, identificando a todas las víctimas”, ha dicho Igea, que ha recordado que el GPCs presentó “una iniciativa en el Congreso, que era el punto 50 del acuerdo de investidura, para reconocer los errores del Estado con las personas que han sufrido lesiones irreparables por la acción de un fármaco”.

Sin embargo nadie ha aclarado de parte de quien correrán los gastos de crear una infraestructura de ese calibre. Si serán las arcas públicas o se los cargaran a los laboratorios. En otros países Grunenthal esta obligado a pasar una pensión de por vida a los afectados. Todo apunta a que aquí el gasto correrá de parte del Estado y la CC.AA.

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