Muchísimos ayuntamientos en toda España están apostando claramente por la remunicipalización de los servicios para que el control de lo que resulta básico para la ciudadanía esté bajo la tutela de las instituciones y no en las manos de unas pocas empresas privadas cuyo objetivo final es generar beneficios.

Una de las líneas fundamentales de trabajo de los “Ayuntamientos del Cambio” ha sido en estos dos años apostar por la municipalización de los servicios públicos y devolver a la gente lo que era de todxs. Pero desgraciadamente no han dejado de encontrarse escollos en el camino. El último muro son los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y el contenido incorporado en las Disposiciones Adicionales 27 y 35 que limitan la incorporación de personal laboral en las administraciones públicas en los supuestos en los que un Ayuntamiento acuerde apostar por la gestión directa de los servicios públicos revirtiendo la gestión privada realizada a través de empresas concesionarias.

Montoro y el PP tienen un miedo atroz a que ayuntamientos como el de Cádiz, Barcelona o Madrid traten de gestionar por ellos mismos los servicios básicos, porque temen que se visualice que otra forma de gestionar lo público es posible, más rentable y además con lo que la ciudanía saldría ganando.

El gran problema con el que se están encontrando las entidades locales a la hora de devolver a manos de “todos y todas” lo que un día vendieron a “unos pocos” resulta muy complicado. En su día se privatizaron los servicios que daban beneficios, se pusieron en manos privadas los servicios básicos y esas grandes multinacionales han encontrado en sectores como la energía y como la gestión del agua una cartera de clientes fijos, “donados” por los gobiernos de turno, que representan ingresos fijos sin riesgo de pérdida alguna. Un negocio perfecto que servía por un lado para paliar la deuda en la que estaban inmersas la gran mayoría de entidades locales, ya que estos monstruos empresariales ofrecieron ingentes cantidades de dinero por hacerse con el control durante muchos años de estos servicios básicos pero, por otro lado, dejaban indefensos a los ciudadanos más vulnerables, cargando sobre sus espaldas cualquier tipo de pérdida que la empresa en cuestión pudiera sufrir.

Es decir, el negocio perfecto. Una cartera de clientes fijos y sin riesgos de pérdida y, lo más deleznable del asunto, un total desentendimiento de estas empresas hacia la ciudadanía que no podía pagar esos servicios y que dejaban en manos de asuntos sociales, para que los entes públicos cubrieran los pagos de la gente sin recursos. El chollo del siglo. Me hago con el servicio y cuando la gente no pueda pagar, que sean los ayuntamientos los que se hagan cargo de esos pagos. Así nunca perdían. Como digo, el chollo perfecto.  

Afortunadamente parece que esta situación empieza a revertirse desde el ámbito local y son ya muchos ayuntamientos los que están apostando por la recuperación de los servicios públicos para la ciudadanía, como la limpieza viaria, la recogida de basuras, el tratamiento de residuos, la gestión del agua y las zonas verdes, etc.

Pero no seamos ilusos. El régimen se cubre bien las espaldas y la remunicipalización de los servicios básicos es muy complicada porque, en primer lugar, las instituciones que en su día privatizaron servicios firmaron contratos con grandes compañías que blindaron muy bien dichos acuerdos y que pueden, al menor atisbo de intento de quitarle su parte del pastel, exigir compensaciones que las arcas de los ayuntamientos, en su mayoría endeudados hasta las cejas, no pueden soportar. Y, en segundo lugar, porque los ayuntamientos se encuentran con otro gran problema: la realidad de las leyes estatales.

Los últimos presupuestos Generales del Estado son prueba de ello. Pero esto viene de lejos. Recordemos que la última reforma de régimen local ha limitado seriamente la autonomía municipal a la hora de instrumentar formas de gestión directa de los servicios, como es el caso la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que supone un retroceso en la autonomía de los ayuntamientos.

Con este panorama, a veces, no queda otra, desgraciadamente, que prever las fechas de expiración de esos contratos y preparar un plan para recuperar esos servicios, que como diversos informes oficiales han demostrado, cuando son de titularidad pública resultan hasta un 50% más baratos y el servicio se presta con mayor calidad hacia los beneficiarios y mejoran sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores. Otra vía de actuación podría ser la rebeldía contra el sistema y la desobediencia institucional, pero sabemos que los resortes del régimen son muy fuertes y que las reglas del juego están hechas precisamente para amordazar cualquier intento de insubordinación.

No es ningún secreto que la privatización de lo público ha sido una tónica general de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del bipartidismo desde los años 80. Esta estafa a la ciudadanía, que se nos vendió como un mejor modelo de gestión, ha servido únicamente para que los españolitos de a pie tengamos que pagar más por nuestro recibo de la luz, el agua o el gas y para que los gobiernos de turno redujesen a corto plazo los déficits públicos a costa de “regalar” al mercado – y muchas veces a los amigotes de turno- lo que era de todos y todas, siendo esto, como se ha comprobado después, caldo de cultivo de todo tipo de corruptelas que han tenido luego su expresión máxima en las llamadas puertas giratorias.

Las políticas del PP y del PSOE hacia los servicios públicos prácticamente han sido las mismas en estos últimos años. Las grandes privatizaciones de empresas la iniciaron los gobiernos de Felipe González en los años 80 y avanzaron en esa misma dirección con el gobierno de Aznar, dejando claro que en materia económica son “tanto monta, monta tanto”, es decir, representantes ambos de políticas neoliberales que, o bien se caracterizan por la venta de operaciones del sector público, o bien por la subcontratación, medidas ambas que reducen la acción e independencia del gobierno en cuanto a economía se refiere.

¿Tan difícil es desprivatizar? Pues sí. El entramado en el que durante años nos han metido es difícil de revertir, pero no imposible. Luchamos contra gigantes que han comprado la voluntad de ciertos políticos para hacernos creer que la gestión privada sale más rentable que la pública, y todo porque después esos políticos acaban trabajando para dichas empresas y se convierten desde ese momento en los “enemigos públicos de lo público”. No hay más. Es sencillo, pero a la vez, muy difícil, porque mientras que no consigamos acabar, desde un cambio radical de la Constitución, con esas puertas giratorias que hacen que las grandes empresas consigan prebendas de los que nos gobiernan, seguiremos luchando contra los gigantes de siempre.

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2 Comentarios

  1. Hay, además de esto que bien explicas, Manolo, otro aspecto importante. Ayuntamientos con superávit a los que no dejan hacer obras por encima del techo de gasto aunque tengan presupuesto para ello (sin endeudarse).
    Son tan necios, tan malos gestores que no saben ni hacer leyes. O juan o juanillo. Sin término medio.
    Y así nos va.

  2. Totalmente deacuerdo. Claro es una ley preparada y pensada para que los ayuntamientos siempre prefieran tener deuda y pagar a los bancos antes que el superávit que puedan tener invertirlo en infraestructuras o en mejoras para la vida de la ciudadanía.
    Siempre buscan beneficiar a los mismos.

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