Los despropósitos del PP con RTVE

Ya a nadie le pasa desapercibida la manipulación y el uso partidista que hace el PP de RTVE. La confusión entre información y opinión la sufre el consumidor de este medio a diario

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Ya a nadie le pasa desapercibida la manipulación y el uso partidista que hace el PP de RTVE. La confusión entre información y opinión la sufre el consumidor de este medio a diario, la banalización, el amarillismo, las censuras, la mala gestión de tiempos dedicados a las diferentes noticias en función de si la información afecta positiva o negativamente al Partido Popular ha provocado que hasta los propios trabajadores de la casa, periodistas de RTVE, hayan denunciado en varias ocasiones situaciones irregulares -su propio Consejo de Informativos ha denunciado más de 130 vulneraciones del código deontológico (35 de ellas por censura, 46 por manipulación y seis por propaganda)– a las que el Gobierno y la dirección del ente público hace caso omiso.

Partidos políticos, sindicatos y, como ya dijimos, los propios trabajadores del medio han hecho público en numerosas ocasiones la falta de parcialidad RTVE.

Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado en varias ocasiones a RTVE por infringir lo dispuesto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Pero la mala gestión que está haciendo el Gobierno del PP de RTVE, no sólo salta a la vista en nuestro país, de hecho, hace unas semanas RTVE se quedó sin plaza en el Comité de Informativos de la Unión Europea por su falta de independencia. 

Los negativos informes de organizaciones profesionales internacionales sobre la independencia de los informativos de TVE han sido la causa del rechazo europeo.

La Federación de Periodistas Europeos, que celebraron en Madrid su reunión, como gesto de apoyo a las denuncias sobre censuras y manipulaciones realizadas por el Consejo de Informativos, afirmaba que «en RTVE el principal problema continúa siendo el descenso de su credibilidad debido a la falta de imparcialidad de sus informativos«.

 

ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESDIDENTE DE RTVE

Hasta el Tribunal Constitucional ve irregularidades en la forma en que el Gobierno de Rajoy decidió nombrar al presidente de RTVE.

En 2012, ante la falta de acuerdo para nombrar a los consejeros y al presidente del ente público, el PP, que entonces tenía mayoría absoluta, lo modificó de modo que en la práctica bastaba el respaldo de su grupo en segunda votación para la elección de estos cargos en RTVE.

En junio de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó llevar a cabo la renovación del Consejo de Administración de RTVE y de su presidente, en un plazo de tres meses, mediante un formato parecido al concurso público, una renovación que supone, en lo que respecta a la elección del presidente y del Consejo de Administración de RTVE, una vuelta al modelo aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2006, que exigía una mayoría reforzada.

La semana pasada, PSOE, Podemos y Ciudadanos presentaron un escrito a la Presidenta del Congreso en el que la solicitaban se convoque una nueva reunión del grupo de trabajo que estudie la elaboración del reglamento del concurso público para la renovación del presidente y del Consejo de RTVE antes de finalizar el año, habiéndose cumplido con creces, los tres meses de plazo que en el mes de junio votaron los diputados.

Teniendo en cuenta que el 31 de diciembre expira el plazo para convocar el concurso, así como se establece en el  punto 1 de la Disposición transitoria segunda de la Proposición de Ley aprobada en junio y publicada en el BOE en septiembre con entrada en vigor al día siguiente y que a tenor literal dice: “Las Cortes Generales aprobarán, en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la normativa que contemple la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE por concurso público con la participación de un comité de expertos designados por los Grupos Parlamentarios. Este Comité hará públicos sus informes de evaluación y serán remitidos a la Comisión competente para la correspondiente audiencia de los candidatos”. El Gobierno tiene 4 días para cumplir lo que por mayoría se aprobó en la Cámara Baja.

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