Una joven pareja madrileña, Lidia y Santiago, en situación de desempleo con 4 niños a su cargo, vivieron una situación de indefensión, cuando la puerta de su vivienda fue tumbada a mazazos por “un desmesurado despliegue policial”, que según relatan “culminaba otra barbarie más de lo que ha supuesto el expolio de la vivienda pública en Madrid”. Este desahucio, provocó que esta joven madre embarazada perdiera su bebé. Una historia paralela en Tenerife, se revivía a consecuencia del desalojo reciente de 41 familias con menores, por una orden judicial, del edificio de viviendas que habían ocupado en el municipio de Granadilla, a raíz de la crisis que tanto empobrecimiento ha generado desde 2007. Las críticas contra el PP por la falta de asistencia por desahucios en las Comunidades Autónomas, han revertido en condena política contra los populares en Tenerife, por “intentar criminalizar a las víctimas de la crisis, tildando de delincuentes a quienes ocupan pisos vacíos de bancos”, según afirma Podemos desde el Cabildo tinerfeño.

En esta historia dramática vincula familias afectadas, en las que Madrid y Tenerife se dan la mano, en la conectividad respecto a ocupar viviendas que están en manos de los bancos. La vivienda de la que fueron desahuciados, Lidia y Santiago, era propiedad de Blackstone (Fidere), uno de los fondos buitres a los que, en los años 2012 y 2013, tanto el Ayuntamiento de Madrid, como la Comunidad de Madrid, adjudicaron gran parte de la vivienda social, quebranto llevado a los tribunales por los afectados, según explica en un comunicado la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que señala que “desde entonces, la emergencia habitacional no ha hecho sino aumentar, y el resultado se traduce en miles de familias que impotentes, pagan la factura del déficit estructural en materia de vivienda”.

“Las consecuencias de la “privatización de la vivienda pública” se continúan pagando en el Madrid “sin desahucios” de Manuela Carmena y en el Madrid del “nunca más se volverá a vender vivienda pública” de Cristina Cifuentes, traduciéndose en un “Madrid de emergencia” en donde la política de vivienda asequible es inexistente”, sosteniendo desde esta Coordinadora que “de aprobarse la reforma de la Ley del Suelo que propone el Partido Popular, existe un peligro de no recuperarse”.

La familia de Lidia y Santiago, en un protocolo de actuación a través de SAMUR, fueron trasladados a un albergue en el que podrían permanecer un máximo de 5 días. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid fueron capaces de proponer alternativa habitacional adecuada para la familia y, transcurridos esos 5 días, Lidia y Santiago iniciaron una acampada frente a la Junta de Distrito de Carabanchel para exigir una vivienda digna, para solicitar ayuda urgente que aún no ha llegado.

Pero a 3.000 kilómetros de Madrid, el Consejero Julio Concepción, desde el Grupo Podemos en la oposición política en el Cabildo de Tenerife, recuerda que “estudios recientes señalan que más de un 35 por ciento de las familias canarias están en riesgo de pobreza, por lo que hay mucha población que puede perder su vivienda, mientras nuestra clase política sigue llevando a cabo políticas criminales que niegan el derecho a una vivienda digna, actuando sin recato en contra de lo que recoge nuestra Constitución”.

El consejero Concepción agrega que “considera insultante la afirmación que hizo la diputada estatal y consejera insular del PP, Ana Zurita, de que el 80% de las personas en situación de ocupación residencial tiene antecedentes penales”, y critica el silencio de CC y PSOE, además de no entender en el último Pleno ordinario del Cabildo, el rechazo de CC-PSOE-PP a la moción que planteaba Podemos, sobre un Plan Integral de Atención a las Familias en Situación de Exclusión Residencial, “al entender que Tenerife es uno de los puntos del país que está batiendo récord en exclusión y pobreza”.

“El Cabildo de Tenerife ni siquiera ha cumplido su deber de elaborar un censo sobre el total de personas sin hogar que hay en la Isla, sobre el parque público de viviendas desocupadas o sobre las familias y menores que viven en situación de ocupación, sin luz, ni agua, ni gas”, alegan desde Podemos que denuncian los casos de muchas familias, -algunas con menores-, que no han tenido más remedio que cobijarse en chabolas e infraviviendas desocupadas, que quedaron a medio construir al estallar la crisis, la mayoría de estas últimas sin dueño o propiedad de entidades financieras.

La familia de Lidia y Santiago, no consiguieron un alquiler social de urgencia, -aunque se lo prometieron en Asuntos Sociales-, pero desde esta misma área, “se reconoce que 14.000 personas aún esperan una vivienda social de la EMVS, 8.000 en situación de emergencia”, y se excusan en que “no tienen patrimonio inmobiliario suficiente para dar respuesta a todos”. Mientras desde la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, todavía no han recibido respuesta, y desconocen si Cristina Cifuentes ha logrado algún acuerdo para alquileres sociales.

Frente a esta problemática, la Asamblea Popular de Carabanchel respalda y acompaña solidariamente a Lidia y Santiago en la acampada: “Se nos cae el corazón a los pies cuando, sin ninguna vergüenza, desde la Administración Pública te dicen que no hay viviendas, cuando las tienen tapiadas o con una chapa metálica por toda la Comunidad de Madrid. A lo que hay que añadir, las rescatadas a la banca y la Sareb sin ninguna contraprestación social”.

Es imprescindible añadir que, en estos desahucios, se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y los derechos de la InfanciaEn concreto, el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño de 1989, el cual dice que el Estado debe velar por el interés superior del niño, por encima de los intereses de cualquier entidad pública o privada. Así como en el artículo 27, que expresa que los Estados miembros proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a nutrición, vestuario y VIVIENDA.

La dejación de funciones por parte de la Administración Pública que señalan fuentes cercanas al caso de la familia de Lidia y Santiago, no descarta por la PAH, acudir a la vía penal, por esta dejación que en el proceso ha desembocado en la pérdida de un menor durante el embarazo de Lidia.

Igualmente, decenas de organizaciones del ámbito de vivienda, han señalado la necesidad de una Ley del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid, y tras la recogida de casi 80.000 firmas dicha Iniciativa Legislativa Popular está lista para su toma en consideración en la Asamblea de Madrid. Desde estas asociaciones, sostienen que “el PP ya podría haber aplicado estas medidas por sentido común, si Ciudadanos cumpliera su función de hacer presión y recordarles que hay vidas en juego”, y acusan a Cs de “complicidad en falta de soluciones por parte de la Administración”.

En Tenerife, el consejero Julio Concepción (Podemos), tilda a Ana Zurita (PP), de “criminalizar a las personas que ocupan viviendas, pero ella pertenece al partido más corrupto de Europa, el Partido Popular”, y subraya “no en vano tenemos que recordar que los gobiernos de este país han regalado más de 66 mil millones de euros de dinero público a las entidades financieras a cambio de echar a la calle a familias, muchas con menores”. Podemos trasladará esta problemática a la directora insular de Vivienda, durante una reunión, junto a representantes políticos de Izquierda Unida y el coordinador de la Plataforma de Familias Afectadas por Desahucios en Granadilla.

El Gobierno de Castilla- La Mancha aprueba un decreto sobre Vivienda para ayudar a los colectivos más vulnerables

El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha asegurado que “esta nueva norma atenúa la paradoja del mercado inmobiliario donde hay millones de casas vacías y la gente no tiene un hogar”, lo que hace que esté orientada para que la vivienda sea un derecho y tenga utilidad social”. En función de este decreto de Vivienda, se hará posible el acceso a una vivienda a los colectivos más vulnerables de la región.

Así, el nuevo decreto suaviza los requisitos para acceder a viviendas sometidas a protección pública, bien sea esta de carácter estatal o autonómica. Asimismo, las personas mayores de 65 años, las víctimas de violencia de género, o de terrorismo, familias numerosas o monoparentales con hijos, personas separadas o divorciadas al corriente de pago en pensiones alimenticias y personas dependientes o con discapacidad, podrán acceder a una vivienda de protección pública si son titulares de una vivienda libre y cumplen el requisito de renta anterior.

“Además, se facilita que los que ya tienen una vivienda, y por cuestiones económicas sobrevenidas no pueden hacer frente al pago de los plazos que conveniaron con la Administración regional, puedan reconvertir su préstamo en un alquiler social, y a la inversa, facilita que los que pagan un alquiler puedan optar a comprar la vivienda”, destacó el portavoz del Gobierno regional.

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