Hoy día 19 de Octubre, inmigrantes retenidos sin haber cometido ningún delito y en condiciones deplorables en el CIE de Aluche en Madrid se amotinaron para denunciar las condiciones de vida y el trato que se sufren en estos centros, que junto con los vuelos de deportación forzosa constituyen un ataque brutal contra los derechos humanos.

Pese a la negación por parte del PP tanto del hacinamiento y los malos tratos en los CIE como de la existencia de este tipo de vuelos de deportación, sabemos que los CIE no deberían existir y los vuelos de la vergüenza existen.

Un vergonzoso modo de proceder por parte del gobierno del Partido Popular en el que está invirtiendo 12 millones de euros que es la cantidad que paga el Ministerio al grupo Air Europa para realizar estos vuelos.

En el 2014 fueron 134 vuelos de deportación, un total de 3373 inmigrantes, 600 de Galiza.

Las personas migrantes son deportadas sin atender a las condiciones de la irregularidad administrativa y sin tan siquiera informarles de sus derechos procesales. Los derechos humanos de las vecinas y vecinos no pueden someterse a esta persecución brutal.

Esta es una práctica racista y xenófoba, no estaría demás insistir en un boicot a Air Europa, Swiftair o cualquier otra empresa que participe en lo que es una clara violación de los derechos humanos.

Air Europa y Swiftair renuevan contrato este año, cobrando entre 9.000e 20.300 euros según la distancia del vuelo.

El gobierno pone condiciones a las compañías, (confiabilidad), lo que pasa en el avión se queda en el avión. Entre el equipamiento se incluyen: mascarillas para vómitos, sedación, bridas, forman parte del protocolo 2007 del Ministerio del Interior por razones de seguridad.

son seres humanos y no una mercancía

Las deportaciones forzadas son un ataque a los derechos humanos, porque estas personas son seres humanos y no una mercancía.

También debemos denunciar las dificultades que pone la administración para que los extranjeros puedan legalizar  su situación, los trámites burocráticos son una verdadera tortura y el camino para conseguir la nacionalidad española o la residencia segura, es una carrera de obstáculos donde se juegan todo, todos los días.

Estas trabajadoras y trabajadores se ven además obligados a aceptar empleos en situaciones precarias o de semiesclavitud para poder sobrevivir o no perder  su residencia, que muchas veces va ligada a mantener a cualquier precio su puesto de trabajo para poder renovarla.

Estas prácticas abusivas también afectan a las trabajadoras y trabajadores en situación legal, que por causa de los abusos de la patronal amparadas por esta inhumana legislación ven también afectadas sus condiciones de trabajo, una vez más la clase obrera nacional y extranjera puede comprobar que el enemigo es de clase, que no viene de fuera y mucho menos en patera, en todo caso viene en limusina.

No tener documentos no convierte a las personas en delincuentes. No tenerlos en todo caso es un problema grave para ellos en su vida diaria, no un delito, lo contrario es propio de dictaduras.

La Constitución y los Derechos Humanos amparan a las personas migrantes, el gobierno del PP no.

En el artículo 14 de la Constitución se garantiza la igualdad ante la ley, sin que pueda darse ninguna discriminación por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”.

En el artículo 13.1, se extiende la igualdad a todas las personas extranjeras y se concreta la vigencia de los instrumentos de derechos humanos y el cumplimiento obligatorio de los tratados internacionales y regionales ratificados por el Estado Español.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, definió que la realización de redadas por perfiles raciales viola de forma directa el principio de igualdad.

Es necesario posicionarse y tomar partido cuando existen prácticas o legislaciones que vulneran derechos protegidos por el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

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