El violador de una menor de 16 años de edad que no tendrá que ingresar en prisión y un catedrático universitario condenado por agresiones sexuales y lesiones a siete años de prisión que continúa ejerciendo la docencia mientras sus víctimas se han tenido que marchar de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla donde el condenado ejecutó los abusos y donde sigue impartiendo sus clases son dos ejemplos de sentencias polémicas en casos relacionados con la violencia machista que dejan en evidencia el sistema patriarcal de la justicia española, un mal endémico que en pleno 2017 sigue siendo una realidad lacerante.
Organizaciones feministas y judiciales como la Fundación Mujeres y la Unión Progresista de Fiscales critican que aún esté plenamente vigente en España un sistema “garantista” y ausente por completo de protocolos cuando se aplican medidas preventivas contra presuntos agresores sexuales.
“Estos fallos judiciales evidencian que necesitamos educación en cuestiones de género”, asegura a este diario Inés Herreros, ex vocal de la Unión Progresista de Fiscales y presidenta de la organización Gafas Lilas contra las Violencias Machistas. “Tenemos una sociedad machista y patriarcal, y para superarla es necesario avanzar y escuchar a las mujeres”, añade la jurista.
Los jueces estiman que dos años de prisión a un violador es una condena “justificada” porque se trató de “una sola acción forzada”
Desde la Fundación Mujeres, su directora, Marisa Soleto, pone el acento en el exceso de celo de la presunción de inocencia del denunciado por parte de la justicia. “A las organizaciones de mujeres nos gusta la presunción de inocencia, pero la justicia siempre acaba protegiendo ante todo a los ‘presuntos’ antes que a las víctimas”, asegura Soleto a Diario16.
En el primero de los casos, el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de un juzgado de Tarragona en la que impone dos años de prisión para el violador de una niña de 16 años, aunque aplica una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas después de que el caso tardase cinco años en ser enjuiciado, según informa la Cadena Ser. El hecho de que el condenado tampoco tenga antecedentes penales en su expediente policial posibilita que pueda eludir legalmente su entrada en prisión. Los hechos se produjeron en 2009 en una localidad de Tarragona.
La directora de la Fundación Mujeres asegura que se trata de un ejemplo perfecto de “una normal aplicación de la justicia que llega tras un anormal funcionamiento de la justicia”. En esta caso concreto, el violador se puede beneficiar hasta el punto de no ingresar en prisión por un delito que ha tardado mucho tiempo en juzgarse y condenarse. Pero Soleto recuerda otros casos en los que esta dilación temporal de la investigación judicial sobre un sospechoso ha servido para descubrir otros antecedentes del mismo violador sobre otras víctimas anteriores, que terminan en la mayoría de los casos con un acuerdo con la fiscalía después de haberse dilatado el caso durante años y años sin aclarar ni juzgar. “Tenemos la justicia que tenemos”, se resigna la directora de la Fundación Mujeres.
La ex vocal de la Unión Progresista de Fiscales explica a Diario16 que se entra en “un camino peligroso” cuando la sentencia del violador de Tarragona incide en la vulnerabilidad de la víctima porque subraya que la menor conocía las relaciones sexuales. “Las violaciones no son relaciones sexuales, son violentaciones en las que se usan los órganos sexuales. Las relaciones implican voluntad y consentimiento de las dos partes”, recalca Herreros.
El segundo de los casos se produjo en Sevilla entre los años 2006 y 2010. Santiago Romero, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, con un brillante expediente académico como catedrático de Educación Física y Deporte, también ha desempeñado el cargo de seleccionador de los equipos andaluz y nacional de voleibol femenino e incluso le fue concedida en 2010 la Medalla de Plata al Mérito Deportivo por el Consejo Superior de Deportes.
Este mismo hombre que durante casi tres décadas ha compaginado con supuesta brillantez la docencia y el mundo del deporte es el que ahora ha sido condenado a una pena de siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos en el propio recinto universitario sobre dos profesoras de su departamento en categoría de ayudantes, así como sobre una becaria.
La sentencia constata que entre 2006 y 2010 el profesor abusó de ellas mientras las denunciantes se encontraban jerárquicamente bajo su cargo. Pese a todo, Romero sigue impartiendo clases en la actualidad en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la misma Facultad de Educación en la que ejecutó sus abusos sobre sus tres víctimas. La sentencia también ha aplicado en este caso al catedrático una eximente por dilación “indebida” del proceso judicial a tratarse de hechos sucedidos entre 2006 y 2010.
Las tres víctimas del catedrático, en cambio, tuvieron que abandonar la Universidad de Sevilla después de sufrir lesiones psicológicas por los abusos y también pese a recibir el apoyo de compañeros con movilizaciones públicas en su defensa que no sirvieron en ningún caso para que la Universidad hispalense optase para instar a la expulsión del ahora condenado.
La Universidad de Sevilla, que ha emitido un comunicado en el que expresa su “estupor” por el contenido de la condena, corrobora a Diario16 que el profesor sigue acudiendo con normalidad a sus clases aunque en su momento se le aplicaron “medidas cautelares” para que se pudiera facilitar el trabajo de los alumnos y profesores y evitar el contacto de las profesoras denunciantes y el resto de trabajadores de su departamento con el agresor sexual. Las víctimas ya no trabajan en la Universidad de Sevilla, el ahora condenado no ha dejado de impartir clases en ningún momento.
Las tres profesoras agredidas tuvieron que dejar la universidad mientras el condenado sigue dando clases hoy
La directora de la Fundación Mujeres apunta que estamos ante “un problema general de la justicia que solo llama la atención en estos casos llamativos”. Pero recuerda, por ejemplo, los casos de directores de programación de cadenas de televisión denunciados por abusos sexuales que siguen aferrados a sus sillones profesionales o el de futbolistas protegidos por sus clubes sin que les ocurra nada pese a las denuncias que pesan sobre ellos.
En el caso del violador de la menor de 16 años, la sentencia dictada hace unos meses por la Audiencia Provincial de Tarragona y ahora corroborada por el Supremo detalla que “los problemas estructurales de la organización judicial o sus errores de tramitación no pueden actuar como una suerte de cobertura justificativa de lo que carece de justificación”. Pese a ello, el condenado a dos años por la dilación de la justicia en aplicar una sentencia puede dejar al condenado libre de tener que ingresar en prisión por un delito por el que la familia llegó a pedir 14 años de cárcel para el acusado, un año más que la pena que reclamó la Fiscalía.
Los jueces de la Audiencia de Tarragona que sentenciaron el caso rechazaron la aplicación de determinados agravantes y abrió el abanico de condena entre los seis y los doce años de prisión. Curiosamente, sí aplican a continuación una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas, ya que el caso se demoró cinco años hasta sentar en el banquillo al ahora condenado.
La joven, que tardó varios días en denunciar los abusos sexuales a sus padres ya que el violador era la pareja de una amiga íntima de su madre, no pudo contar lo sucedido a los psicólogos que la trataron hasta pasado aún más tiempo. En la actualidad, nueve años después de los hechos, la joven necesita “una atención y vigilancia permanente por parte de su madre” según detallan los jueces en la sentencia. Los peritos y psicólogos que han aportado sus valoraciones en el caso certifican que desde entonces el estado de la víctima ha empeorado gravemente con un trastorno psicótico. Por ello ha debido ser ingresada hospitalariamente hasta 12 veces e incluso en una ocasión intentó suicidarse al tirarse por una ventana.
Pese a todo ello, el Supremo acaba de corroborar una sentencia de solo dos años de prisión así como una indemnización a la víctima de 40.000 euros y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de ella. Los jueces estiman que dos años de prisión, que no tendrá que cumplir al no tener antecedentes penales, es una condena “justificada” porque se trató de “una sola acción forzada”.
Fundación Mujeres: “La normal aplicación de la justicia llega tras un anormal funcionamiento de la justicia”
La vocal de la Unión Progresista de Fiscales asegura que esta sentencia deben “hacernos reflexionar” sobre el caso de una víctima de 16 años, con “secuelas psicológicas son absolutamente innegables”, y cuya dilación en juzgarse el caso ha servido para bajar dos grados la pena.
En el caso del profesor de la Universidad de Sevilla, la sentencia también lo condena a indemnizar a una de las víctimas con 50.000 euros y a las otras dos con 30.000 euros a cada una. La propia Universidad de Sevilla, personada en la causa, ha sido declarada responsable civil subsidiaria. Y a día 10 de enero de 2017, Santiago Romero sigue dando clases porque la Universidad de Sevilla se escuda en que aún no ha recibido una sentencia que solo viene a confirmar el calvario que han pasado las tres profesoras denunciantes.
En el fallo del juzgado de lo penal número 2 de Sevilla se constata que las dos profesoras y la becaria abusadas sexualmentes sufrieron situaciones humillantes que les provocaron a todas ellas situaciones de ansiedad y fobias. Incluso una de ellas aún sufre estos daños psicológicos.
