Foto: Agustín Millán.

Los sindicatos y la patronal han presentando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, que se firmó la pasada semana en Madrid y que establece que durante la vigencia del mismo, y de manera progresiva, se establecerá un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales (1.000 euros en 14 pagas).

Será la segunda vez que el presidente del Gobierno reciba a los agentes sociales después de la primera toma de contacto que tuvo con ellos el pasado 13 de junio. A la reunión han asistido Pepe Álvarez y Unái Sordo, por parte de UGT y CCOO y por los presidentes de la CEOE, Juan Rosell. El acuerdo fija una subida salarial en torno al 2% más una parte variable del 1% ligada a conceptos como la productividad, los resultados o el absentismo injustificado y tiene una vigencia para los años 2018, 2019 y 2020.

El acuerdo actual llega tras el fracaso de las negociaciones del AENC en el año 2017. En está ocasión se asegura que el incremento gradual “deberá enmarcarse en los propios convenios colectivos existentes, vinculándose a su renovación”. Lo que se pacta no son cláusulas obligatorias sino recomendaciones para los negociadores de convenios.

 

Ultraactividad y procedimiento negociador

Se podrán establecer cláusulas de revisión salarial que estarán abiertas a que las redacten las partes negociadoras en cada uno de los convenios. En el texto de asegura “que se tendrá que impulsar la renovación y actualización de los convenios articulando reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimiento negociador”, -la prórroga automática de un convenio en ausencia de otro que lo sustituya-. Actualmente, la continuidad de los convenios estaba limitada a un año con la reforma laboral de 2012.

Tanto sindicatos como empresarios creen necesario que se mantenga “la vigencia de los convenios durante los periodos de negociación”, ambas partes proponen la “renovación y actualización de los mismos” respectando la “autonomía de la voluntad de las unidades de negociación”. Además, cada una de las partes puede decidir que “la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario”.

Estatuto de los trabajadores

Los firmantes del preacuerdo, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo y los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, han instado a la “modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Consideran que la “regularización de los procesos de descentralización no debe incentivar la competencia desleal entre empresas ni deteriorar las condiciones de empleo”. Con ello se conseguiría que no se empeoren las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que deciden externalizan una parte de su trabajo contratando otras empresas.

Foto: Agustín Millán.

Reforma Laboral

UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, se han comprometido a impulsar una reforma del actual marco legal regulador en esta área para “reforzar el carácter laboral del sistema, definir con mayor concreción las tareas y funciones a realizar por los interlocutores sociales, administraciones públicas y entidades de formación, que asegure su financiación y la reanulización automática de los excedentes”, señala el texto.

 

Mantenimiento del empleo

Los agentes quieren que se adopten medidas destinadas al mantenimiento del empleo en empresas con dificultades económicas, “de modo que se favorezcan alternativas al despido en la empresa, propiciando reducciones temporales de jornada o procesos de formación para una mayor cualificación de las plantillas”, señala el preacuerdo.  Es decir, que se promuevan “modelos de flexibilidad interna pactada, frente a la flexibilidad externa basada en la temporalidad y extinción del contrato”, y que al tiempo las empresas puedan “ajustar costes laborales“.

Absentismo y jubilación

En materia de jubilación instan a la Administración a “realizar los cambios legales que permitan que los convenios colectivos posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación”, siempre que el trabajador afectado “tenga derecho a la pensión completa de jubilación”.

 

Contrato relevo

El objetivo de esta medida es facilitar “el relevo generacional y vincularlo a objetivos de políticas de empleo”. Negociarán con el Gobierno, la necesidad de “recuperar el contrato relevo en las condiciones de su puesta en marcha”.

 

Igualdad laboral

Los agentes piden medidas para “favorecer la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres”, entre ellas “que las mujeres no se ven afectadas por la atención a menores y dependientes”, y “la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad” y que estos “sean iguales e intransferibles, y el estudio del impacto de género de los pluses y complementos salariales”.

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