Como ya ha venido informando Diario16, los más de 300.000 afectados del Banco Popular se están viendo obligados a recurrir a la Justicia para que se les devuelva lo que se les expropió en la noche del 6 al 7 de junio de 2017. El Santander ya ha demostrado que no está por la labor de tomar la decisión más digna y ética: anular la operación y devolver el Popular a sus accionistas. Al contrario, el Santander ya ha hecho negocio con el 51% de la cartera inmobiliaria y está sacando beneficios de la red de oficinas o de la cartera de Pymes que supone un 18% del mercado.
Viendo los obstáculos que están poniendo las autoridades que, directa o muy directamente, estuvieron implicados en la operación, para que los afectados accedan a la información en la que se basó la intervención tendrán que recurrir a diferentes vías para reclamar ante las autoridades el dinero que se incautó de manera presuntamente ilegal, tal y como hemos contado en estas mismas páginas.
La Audiencia Nacional ya admitió a trámite varios recursos para anular la operación. Sin embargo, las autoridades europeas se niegan a que nadie tenga acceso al informe de Deloitte y a otros documentos. ¿Por qué esta opacidad? La propia Comisión Europea ya dio una respuesta a esta pregunta y no escondió cuál era realmente la intención de la operación: proteger al Santander, y presentó un informe censurado donde lo importante estaba bajo los tachones negros.
Los 300.000 afectados se verán en la obligación de recurrir a la vía penal —con posibilidades de prosperar puesto que, cada día que pasa, las actuaciones realizadas podrían presuntamente ser punibles— para poder conocer la verdad de lo que allí ocurrió. El abogado Pablo Rúa, en declaraciones a Europa Press, dijo que el acceso es «necesario para determinar y depurar las posibles responsabilidades de la SRB y del resto de intervinientes en la venta de Banco Popular». El problema de esto lo tenemos en que la vía penal es siempre más lenta que la civil o la contencioso-administrativo.
Todos los años que transcurrirán hasta que la Justicia determine que los afectados puedan tener acceso a esa documentación, son los años en los que el Santander ya habrá desmantelado el patrimonio del Popular dejando a los afectados en una situación de hechos consumados sobre los que no se podrá recurrir. Por tanto, estas más de 300.000 familias arruinadas están sufriendo la indefensión de las propias autoridades estatales y europeas.
Viendo las pruebas de que todo lo ocurrido con el Popular se ha producido a través de una operación diseñada, dirigida y ejecutada desde las más altas instancias del Estado y de Europa, ¿por qué la Justicia no actúa de oficio? ¿Por qué no se ponen en funcionamiento todos los resortes de la Justicia para investigar y llevar al banquillo de los acusados a los culpables? Las fuerzas de seguridad del Estado tienen unidades de investigación de delitos económicos, ¿por qué no se han movilizado aún? La respuesta es sencilla: el golpe que se dio a la soberanía del pueblo fue promovido desde arriba. En otras operaciones se ha sido extremadamente diligente y se pusieron todos los medios: Gürtel, Púnica, Familia Pujol, etc. Esto tuvo como consecuencia que hasta el propio Mariano Rajoy tuviera que declarar en la Audiencia Nacional. Lo mismo en otras estafas financieras, tales como la salida a bolsa de Bankia que ha llevado ante el banquillo de los acusados a un ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar, a un ex presidente del Fondo Monetario Internacional. En el caso del Popular no se está haciendo nada a pesar de que las evidencias cada día son más claras.
Lo mismo ocurre con los partidos políticos. ¿Dónde están? ¿Tanto le deben algunos al Santander para no mover un dedo? ¿Y los que no le deben nada a los bancos? ¿Por qué Podemos, que tiene como seña de identidad defender al pueblo de los abusos de la «casta» no se ha puesto en marcha para defender a las 300.000 familias arruinadas a las que se ha vulnerado sus derechos fundamentales? Si la izquierda es fiel a sus principios de defender a los más débiles frente a la tiranía de las dictaduras privadas, todos los partidos progresistas deberían ir más allá de la petición de una comparecencia, tengan o no tengan favores o deudas con el Santander. Ya lo han hecho en otros casos llevando a Mariano Rajoy a comparecer en un Pleno.
Puede que haya gente de estos partidos que piensen de las víctimas que se trata de especuladores. Cuando hablamos de los 300.000 arruinados nos referimos a personas de la calle, con hipotecas, a jubilados, a pequeños ahorradores, a trabajadores, a gente que no es «casta» ni que ganan cientos de miles de euros especulando en bolsa.
Ha llegado el momento de que la Justicia y los partidos de la izquierda prioricen. Ha llegado la hora de demostrar que son lo que dicen ser.
