El Consejo General de la Abogacía Española teme que el debate sobre la implantación o no de Tasas Judiciales para financiar en parte el presupuesto de los Tribunales en España se reabra, y quién sabe si se vuelvan a instaurar. El pasado 14 de diciembre, el Consejo General de Economistas hizo público un informe en el aportaba algunos datos: El gasto público de España invertido en los tribunales es de 27 euros por persona, mientras que la media de la UE es de 50,4; y la participación de las tasas judiciales en la financiación del presupuesto de los tribunales (un 13,8%) es muy inferior al resto de los países de nuestro entorno (la media de la UE es de un 26,4% y el promedio de la UE de un 29,2%).

Ante este informe, la reacción de la Abogacía Española no se he hecho esperar. Los abogados consideran que las “ineficiencias económicas de la Administración de Justicia” no deben ser soportadas por los ciudadanos, Pymes y ONGs a través de la imposición de las tasas judiciales, puesto que ya están sufragando con sus impuestos este servicio fundamental.

La Abogacía recuerda que el empleo de tasas judiciales indiscriminadas ha sido considerado “inconstitucional” en sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016. Con esta sentencia, que “por unanimidad” declaró nulas y contrarias a la Constitución las tasas judiciales aprobadas el 20 de noviembre de 2012, se reparó una “injusticia que impedía o dificultaba el acceso a la tutela judicial efectiva”.

 

Datos descontextualizados

Respecto a los datos comparativos a nivel europeo aportados por el Consejo General de Economistas, para justificar un incremento de las tasas judiciales, la Abogacía destaca que los datos recogidos en el Informe de los economistas se encuentran “descontextualizados”, ya que las elevadas tasas judiciales recaudadas en Austria y Alemania, incluyen los aranceles que se pagan al Registro de la Propiedad y Mercantil cuyas funciones en esos países se ejercen en sede judicial.

Frente a la propuesta de los economistas para aumentar las tasas judiciales, es necesario recordar que esta medida recaudatoria se encontró con una contestación social y profesional unánime, “que se presentaron cinco recursos de inconstitucionalidad respaldados por la Abogacía institucional y promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias, y numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional”.

La Ley de Tasas Judiciales ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, produciendo la violación del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución Española. Y amenazan: Si este debate se reabre, “la Abogacía estará de frente con todos sus argumentos para evitar que las tasas judiciales supongan una barrera a la tutela judicial efectiva”.

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