Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, tras la vertiginosa moción de censura que le costó el puesto a Mariano Rajoy, una de sus grandes prioridades parecía ser la derogación total de la reforma laboral que inició Zapatero, que el PP impulsó en el año 2012 y que ha recortado drásticamente los derechos laborales de los trabajadores hasta retrotraerlos a los primeros años de la Transición. Que la clase obrera ha perdido buena parte de las conquistas sociales obtenidas a base de sacrificios, huelgas y lucha en la calle es un hecho, y Sánchez sabe que de la contrarreforma laboral, es decir, de devolver esos derechos laborales a sus legítimos dueños, depende buena parte de su futuro político. Con Podemos marcando claramente las políticas sociales por la izquierda, Sánchez no puede caer una vez más, tal como ha ocurrido en los últimos años, en un socialismo de baja intensidad, en una izquierda light, en una socialdemocracia edulcorada en materia laboral.

El presidente del Gobierno sabe que debe ser audaz en políticas laborales si no quiere que el PSOE siga erosionándose y perdiendo votos ante un Podemos que siempre va a esgrimir la bandera del auténtico progresismo. ¿Pero está dispuesto Sánchez a dar el paso crucial hacia políticas avanzadas que palíen la pérdida de derechos de los trabajadores de los últimos años o se verá tan maniatado por la clase empresarial y la banca que acabará secuestrado en Moncloa, como ya le sucedió a Zapatero y antes que él a Felipe González, que terminó entregándose a los poderes financieros? Fuentes sindicales consultadas por Diario 16 aseguran que el Gobierno está sondeando con sindicatos y patronal las líneas maestras de la enésima reforma laboral, que podría quedar en una simple operación de maquillaje con algunos retoques de cara a la galería, cuando debería servir para que los trabajadores pudieran recuperar buena parte de los derechos perdidos.

Los sindicatos exigirán como primer punto que se recupere el equilibro perdido en la negociación colectiva. Es evidente que la reforma Rajoy provocó que los trabajadores perdieran poder en la negociación con las empresas. La denominada ultraactividad será el primer punto espinoso. Antes de la reforma de 2012 el convenio colectivo no se derogaba hasta que se firmaba un nuevo convenio que sustituía al anterior. Esto se eliminó con la reforma del 2012, que estableció que una vez transcurrido el plazo de un año desde la finalización de la vigencia del convenio, queda derogado. Esto dejaba todo el poder en manos del empresario a la hora de fijar los salarios, ya que podía situarlos en el mínimo legal (salario mínimo interprofesional). “Ahí se introdujo una tensión enorme en el mercado laboral y es preciso volver al punto inicial anterior a la reforma”, asegura un portavoz de Comisiones Obreras. El Tribunal Supremo tuvo que enmendar la plana a Rajoy al dictar una sentencia en la que estableció que los derechos recogidos en los convenios colectivos seguirán vigentes a pesar de que estos acuerdos hayan caducado.

Otro capítulo conflictivo que aún no sabemos si el Gobierno de Pedro Sánchez estará dispuesto a modificar es el de la prevalencia de las cláusulas de descuelgue. Al comenzar la crisis el 10,8 por ciento de los trabajadores estaba amparado por un convenio de empresa. Hoy, solo el 7 por ciento de los asalariados. Ha habido mucha manga ancha en este aspecto, sobre todo con las “cláusulas de descuelgue”, una medida extraordinaria y temporal que en tiempos de crisis permite al empresario, previo desarrollo de un periodo de consultas, aplicar unas condiciones de trabajo y productividad distintas a las que viene recogido en el convenio colectivo y que pueden afectar a la jornada de trabajo, el horario, el salario y el sistema de trabajo a turnos, entre otros aspectos. Miles de trabajadores han quedado literalmente “colgados” durante los años de la crisis por culpa de estos “descuelgues”, que en ocasiones encubrían abusos del patrón. Las inaplicaciones de los convenios colectivos gracias a las cláusulas de descuelgue han sido una constante.

Por otra parte, Sánchez tendrá que decidir qué hace con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre la subcontratación de las empresas, también en el sector público, donde las externalizaciones y los negocietes de amigos, en sectores como la Sanidad y la Educación, han sido constantes. Estamos ante un mercado abusivo para los trabajadores, ya que cuando una empresa subcontrata a otra ya no suele cumplirse el convenio colectivo. Detrás de las subcontratas hay demasiados intereses económicos y no sabemos si el presidente tendrá el arrojo suficiente para enfrentarse a la patronal en ese aspecto.

Sobre la flexibilidad laboral, los sindicatos no están en contra, ya que “la empresa tiene que tener mecanismos de protección”, según las fuentes consultadas, pero ello no debe servir para despedir a un trabajador de forma gratuita, como ha ocurrido estos años de crisis galopante. En Alemania, por ejemplo, hace tiempo se aprobó una fórmula exitosa que ha permitido que el país saliera de la crisis antes que España. Se trata del expediente de regulación temporal de empleo, en alemán kurzarbeit. En caso de crisis se acuerda reducir la jornada laboral, se pacta con el trabajador menos horas diarias y menos salario, y ese diferencial se cobra como prestación por desempleo. Cuando pasa lo peor de la recesión, se recupera la jornada completa. Esa medida permitió que en Alemania no se dispararan los niveles de desempleo como sí ha ocurrido en España.

El Gobierno deberá pronunciarse también sobre si suprime el contrato de apoyo a los emprendedores, que para los sindicatos esconde otro fraude, y regula las contrataciones temporales. A partir del año 85 se empezaron a contratar trabajadores temporales para actividades estables, favoreciéndose la picaresca empresarial y la explotación. Con esta modalidad se “ficha” a trabajadores de lunes a viernes y se les despide el fin de semana. España registra un índice insoportable de trabajadores en estas condiciones: entre el 28 y el 30 por ciento, veinte puntos por encima de la media de la UE.

El derecho de readmisión, por su parte, ha quedado en manos de los empresarios en caso de despido improcedente por vía judicial, y este es un abuso que debería corregir el Gobierno, como también deberá decidir el ejecutivo socialista si corta el trapicheo con los falsos autónomos. “Aquí debe cumplirse la legalidad, ya hay sentencias que reconocen que existe una relación laboral pese a que se regula por contrato mercantil”, aseguran las fuentes sindicales. Todos estos excesos que se han cometido en el mercado laboral en nuestro país han reducido la capacidad de producción empresarial y han alimentado la explotación laboral. Lograr un marco de pensiones estables, consolidar prestaciones por desempleo que mejoren los raquíticos 426 euros de subsidio y elevación de los salarios, los más bajos de Europa, para reducir los niveles de desigualdad y aumentar el consumo, están en la agenda de los actores sociales que participarán en la negociación. Una agenda que se lleva en secreto, aunque de cuando en cuando salga a la luz algún que otro globo sonda.

Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez es todavía una incógnita. De él dependerá que España avance hacia una reforma laboral moderna que supere el esclavismo impuesto en los últimos años por las ideologías neoliberales del PP.

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