Destacados dirigentes del Partido Popular no tienen rubor alguno en declarar que si en las elecciones catalanas del 21-D el voto ciudadano se vuelve a inclinar por una mayoría soberanista se seguiría aplicando el artículo 155. Es decir, se pueden volver a repetir las elecciones hasta que el resultado de los comicios “se ajusten a la ley.” Aparte de la degradación democrática que supone castigar el voto popular si no se adapta a los criterios del poder, el pedirle a las minorías nacionalistas que aspiren a reformar la ley para la implementación de sus aspiraciones políticas es subvertir el aforismo jurídico “Impossibilium nulla obligatio” que se traduce “a lo imposible, nadie está obligado. Porque imposible es, simplemente por cuestiones demográficas, que una mayoría nacionalista, para modificar la Constitución, consiga en las dos Cámaras 2/3 de los votos a favor de la propuesta. Pero el trámite no queda ahí, a continuación, si se consigue esa mayoría, las Cámaras deberán disolverse y convocarse elecciones. Las nuevas Cortes tendrán que ratificar el texto y someterse inmediatamente a un referéndum obligatorio. Además, al abordar la reforma de la Constitución se deberá consultar al Consejo de Estado sobre los artículos a modificar. Está claro que el legislador no era muy favorable a los cambios sustanciales.
Es como si la libertad política consistiera en poder tener la independencia para cultivar cualquier idea pero a condición de no poder llevarla a cabo: se puede ser republicano, pero no actuar políticamente para implantar la república; profesar el nacionalismo, pero no aspirar a la autodeterminación, situarse ideológicamente en la izquierda pero con la imposibilidad de transformar el régimen establecido. Es el resultado de la gran fantasmagoría del pacto de la Transición: todo era posible si, excepto la derecha heredera del franquismo sociológico, se acomodaba a tener una simple ideología de salón, es decir, a no ser lo que debería ser. Todo ello supone la consecuencia de haber impuesto el consenso, de consentir, donde la renuncia de las fuerzas extramuros del franquismo era obligada para encajar en el sistema, como se decía de la restauración canovista: el quicio de la puerta estaba tan bajo que había que agacharse mucho para entrar. El consenso sustituyó al compromiso, que hubiera significado, en lugar de transformar el régimen de poder en una democracia vigilada, cuyos déficits ahora se manifiestan, consolidar una democracia vigilante, celosa de la calidad de derechos y libertades.
Los conservadores han planteado el asunto catalán a su forma decimonónica y truculenta, mediante el frentismo incondicional: o se está con el independentismo que incumple la ley y, por tanto, delinque o con el españolismo retardatario y absolutista. Una polarización alentada por una presión mediática agobiante y simplificadora. De esta forma, anula la verdadera solución política y democrática mediante el diálogo y el acuerdo. No puede haber acuerdo, según la tesis frentista, con quienes no cumplen la ley y lo dice el líder de un partido considerado por algún as instancias judiciales como organización criminal, con mil de sus dirigentes procesados por corrupción, desde una sede reformada con dinero negro y, según uno de los investigadores del caso Gürtel, al frente de un partido que parasita las instituciones que con tanto ardor dice defender.
En este contexto, el ámbito controvertible del espacio político es sustituido por el reduccionismo de la solución policial, donde al adversario político convertido en delincuente se le intenta expulsar de la confrontación dialéctica de la vida pública. La encarcelación de parte del gobierno catalán con bastantes dudas sobre la competencia del tribunal para instruir el caso, la vulneración del derecho a la defensa o, incluso, a la idoneidad del delito atribuido supone un paso cuantitativo de una actitud que sí pone en riesgo la calidad democrática del sistema. No se han privado desde el Partido Popular de afirmar formalmente que la intervención a través del artículo 155 pudiera producirse en otras comunidades como Euskadi o incluso Castilla-La Mancha si algunas fuerzas políticas ganaran en influencia. Algo de este perverso plan global ha comenzado con la intervención económica del Ayuntamiento de Madrid por el Ministerio de Hacienda, una corporación con cuentas saneadas y superávit financiero. La resurrección del patriotismo carpetovetónico de Plaza de Oriente y el calor que el bloque constitucionalista le da al Partido Popular puede llevarnos a escenarios posdemocráticos.
